Rolando Luque Mogrovejo (*)
La confianza es un valor escaso en el Perú, y lo es más si se trata de las relaciones entre comunidades de la Amazonia y el Estado, y también las empresas que operan en las inmediaciones de sus cuencas. Hay un pasivo histórico de sucesivas decepciones que han convertido a la desconfianza en una prudente salvaguarda.
Desde hace unos días las comunidades quichuas de Nuevo Remanente, Vista Alegre y San Salvador dela zona del Tigre, mantienen bloqueado el río y retenidas ocho embarcaciones. A varios kilómetros de allí, en el río Corrientes, los achuar de Pampa Hermosa han tomado dieciséis pozos de Pluspetrol, paralizando las operaciones. Existe el riesgo de que doce comunidades más del Alto Tigre se plieguen a estas medidas.
La exigencia principal es que se valorice cuanto antes el uso que de sus tierras hizo la empresa Pluspetrol y se proceda a una justa compensación. La inminencia del término de su contrato atiza la percepción de que podrían quedarse con las manos vacías. En algunos casos la empresa ya ha cumplido con estos pagos pero hay una lista de pendientes que no estaría siendo tratada con la debida diligencia.
El Estado bien podría contribuir al desarrollo razonable de estas negociaciones si lograra que las partes acuerden un marco de referencia que guíe ordenadamente la operación técnica de valorizar estos bienes. La ausencia de parámetros viene originando brechas entre las expectativas de los pueblos indígenas y los ofrecimientos de la empresa.
Pero la confianza,por lo general, no entra en crisis de un momento a otro. Se va deteriorando -como en este caso-, víctima de la dejadez administrativa y, me temo, que hasta del menosprecio cultural. En noviembre del 2014 la Defensoría del Pueblo remitió un oficio al Gobierno llamando la atención respecto de los discretos avances de la llamada Mesa de las Cuatro Cuencas, creada en abril de ese año pero cuyo antecedente se remonta al 2012 cuando se crea la Comisión Multisectorial para atender las condiciones ambientales y sociales de estas zonas. Básicamente se señala que los temas de remediación ambiental y titulación y valorización de tierras no han avanzado, que no se da respuesta a los pedidos de las comunidades, que la información no fluye y que, obviamente, el crédito del Estado se va agotando.
Como en otros conflictos sociales, las medidas de fuerza no son medios válidos para reclamar, y deben ser depuestas de inmediato; pero tampoco es aceptable que esa parte de la sociedad peruana, tantas veces relegada, siga esperando indefinidamente que alguien se comprometa de verdad con sus viejas y urgentes demandas.
(*)Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo
