[Por Pilar Camero- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)].
En la Web de PERUPETRO encontramos la publicación Guía de inversión de petróleo y gas en Perú: 2014/2015 –cuya portada presenta los logos del Ministerio de Relaciones Exteriores y PERUPETRO. En ella, llama la atención la sección Los reguladores y las partes interesadas del sector de Hidrocarburos (p. 78 y ss) donde se consigna (al 28/08/14) a instituciones ambientales desfasadas como el INRENA (desactivada hace más de 5 años) o se cite al CONAM y no al Ministerio del Ambiente creado en 2008, institución que la absorbió. Tampoco menciona a organismos públicos que participan en los procesos de otorgamiento de derechos, evaluación y supervisión de hidrocarburos como SERNANP, OEFA y el Ministerio de Cultura.
Es evidente que el Estado debe mejorar la calidad de información que difunde, pero ante los errores señalados preguntamos: ¿la legislación ambiental y su institucionalidad son desconocidas o subvaloradas por quienes promueven la inversión hidrocarburífera? Considerando la discusión “no pública” del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, ¿estas deficiencias muestran el desconocimiento o subestimación de los instrumentos ambientales por el sector hidrocarburos? ¿Por ello recurren a técnicos de empresas para sustentar posiciones? ¿Cuál es el problema de fondo?
La ausencia de una visión más allá del sector por la falta de espacios de toma de decisión y coordinación intersectorial e intergubernamental es el problema de fondo. Ella impide superar la fragmentación sectorial en la actuación del Estado y dar el salto cualitativo hacia una acción cohesionada e integral en pro del desarrollo del país y mejora de su gobernanza.
A esto se suma el desconocimiento de las autoridades sobre la función pública más allá de sus competencias. El resultado: políticas contrapuestas, ocupación desordenada del territorio al promover y ejecutar proyectos de inversión; y debilitamiento de la institucionalidad generando tensiones y conflictos. Es indispensable implementar en tales espacios la transparencia y el diálogo público. Empecemos con temas transectoriales como el ambiente, el respeto de los derechos humanos, y componentes vitales que aseguran el desarrollo sostenible.
