Escribe: Miguel Angel Rojas Rios
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Publicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
A tres semanas de regresar a las urnas para la segunda vuelta para elegir a nuestro nuevo presidente, nuestro país pasa por una polarización desagradable, si apoyas a uno u otro en las redes y hasta en el entorno familiar te pueden llegar a tildar de terrorista, corrupto, inculto, etc. Pero, lo más lamentable, es que para muchos de los seguidores de ambos candidatos que dicen ser defensores de la democracia, si tu postura es contraria para ambos y eliges viciar tu voto dicen que eres tibio y que no piensas en el futuro del país.
Considerando este entorno dual que divide a nuestra sociedad, considero que es necesario arriesgarme y analizar si nuestra joven democracia, ininterrumpida desde el 2001, que se vio amenazada en noviembre del año pasado, se encuentra en riesgo con la posible elección de Keiko Fujimori o de Pedro Castillo.
En primer lugar, analicemos los antecedentes de Keiko Fujimori y de su entorno, empecemos recordando la debilidad institucional que gangrena los poderes del Estado y los antecedentes fujimoristas que conllevaron a la dictadura de Alberto Fujimori, disfrazada de democracia, vinculada al narcotráfico y que se denomina para la academia “autoritarismo competitivo”.
Es necesario tener en cuenta que siempre hubo denuncias sobre la vinculación entre el fujimorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que fueron aplacadas por los representantes de esa fuerza política; no obstante, muchos colaboradores del régimen de los noventa terminaron procesados por narcotráfico. Asimismo, la nueva versión del fujimorismo, con Keiko a la cabeza, también ha sido vinculada con gente que tiene investigaciones por ese tipo de delitos.
Actualmente, dentro de los investigados por los delitos de organización criminal y lavado de activos se encuentran: Fuerza Popular (como persona jurídica), Keiko Sofia Fujimori Higuchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Camet, Ana Hertz de Vega, Pier Figari, Vicente Silva Checa, entre otros. La tesis de la Fiscalía consiste en que los investigados serian parte de una organización criminal que habría cometido el delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión, transferencia, así́ como del ocultamiento y tenencia. (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú́)
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú al respecto advierte que hay una serie de indicios que permitirían acreditar la existencia del lavado de activos: el desconocimiento de la identidad de los aportantes, las declaraciones de Jorge Barata, la declaración de haber buscado personas para simular los aportes, así como la corroboración, entre otros. (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú)
Por otro lado, en un reportaje transmitido por Univisión —y que repitió la televisión nacional — mostró detalles de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en la que supuestamente se incrimina al ex legislador Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. Esto sería, de comprobarse la investigación, preocupante para el país y un duro golpe político para el fujimorismo. Y la propia Keiko Fujimori no hizo más que empeorar las cosas cuando, en una llamada telefónica “al aire” durante el mencionado programa, colgó intempestivamente, dejando con la palabra en la boca a los periodistas y sin dar ninguna explicación sobre los hechos denunciados.
Conforme al reporte periodístico publicado en el diario “La República” a pedido del fiscal de lavado de activos, nuevas autoridades de la Universidad Alas Peruanas proporcionaron 24 cajas con documentos que probarían vínculos del exrector, Fidel Ramírez con Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, Víctor Aritomi y Joaquín Ramírez. De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación fiscal, Fidel Ramírez autorizó supuestos préstamos con fondos de la UAP de hasta 8,21 millones de soles a 5 empresas de su sobrino Joaquín Ramírez. La autoridad estima que se trataría de una triangulación que busco subvencioanar la candidatura de Keiko Fujimori en el año 2016 y que no fue declarado.
Sin embargo, pese a estas acusaciones e investigaciones, que podrían concluir con la sentencia de Keiko Fujimori por delitos graves como el lavado de activos, dirección de una organización criminal y sus vínculos con el narcotráfico, la candidata Fujimori se posiciona como la elección consecuente por la defensa del modelo económico y el mantenimiento del estatus quo, que equipara el crecimiento del Producto Bruto Interno con el desarrollo del país, sin el cierre necesario de las brechas sociales y de oportunidades, reafirmando su alianza con la derecha conservadora.
En cuanto a Pedro Castillo y su entorno tenemos como principal falencia su vínculo y subordinación al dirigente del partido que lo postula, Vladimir Cerrón, que, si bien plantea ideas económicas y sociales vinculadas al Marxismo y Leninismo, que puede o no convencernos, su accionar como gobernador regional de Junín evidencia más de lo mismo en la política actual; debido a que, conforme a la investigación realizada por IDL-reporteros, el Gobierno Regional de Junín contrató a dedo y por montos millonarios a empresas vinculadas a una sola familia, los Quispe Palomino. Ello sucedió entre el 2011 y el 2014, cuando ocupó por primera vez el cargo de gobernador regional de Junín. En este marco, el exgobernador regional y demás vinculados fueron sentenciados por el delito de negociación incompatible, por haber favorecido al Consorcio Altiplano, mediante el pago de S/ 850.000 soles por supuestos gastos adicionales, en la ejecución de un proyecto de saneamiento en La Oroya.
Al respecto, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Poder Judicial rechazó el recurso de casación tramitado por Vladimir Cerrón, con lo cual quedó confirmada la sentencia por corrupción dictada en su contra, por lo que seguirá cumpliendo los cuatro años de prisión suspendida y está obligado a pagar S/ 850.000 soles por reparación junto con los otros tres sentenciados.
Por otro lado, en cuanto a Castillo, propiamente, conforme al informe del Diario el Comercio, publicado el 23 de abril, el señor Castillo es el fundador de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú), un grupo sindical del que fue secretario general hasta octubre pasado y en el que más de un miembro está asociado al Movadef, entendido como el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Ello según información de la Dircote, reportes de inteligencia, los archivos del propio Fenate y el padrón de ese grupo prosenderista. Asimismo, de las diversas apariciones del candidato Castillo frente a las cámaras y en los mítines, se evidenció una escasa preparación y mucho desconocimiento respecto al aparato estatal, lo cual es muy preocupante por parte de alguien que cuenta con la posibilidad de ser la máxima autoridad del país.
A la fecha, se evidencia una mesura en el discurso de Castillo, que se aleja del discurso “extremo” y demagógico de Cerrón, aliándose con la izquierda progresista representada por Verónica Mendoza y presentando el sábado 15 de mayo a un equipo técnico que, entre sus conformantes tiene al economista Kurt Burneo, quien manifestó que puso como condición el distanciamiento de Castillo con Cerrón.
En este marco, conversé con una economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Sussex en Inglaterra, que, en contra de la candidatura y posible elección de Keiko Fujimori y en relación a lo descrito en el presente artículo, precisa que la candidata representa un peligro más grande frente a Castillo, por sus posibles consecuencias en las Instituciones -actualmente débiles-, considerando que el principal indicador del por qué fracasan los estados, en el largo plazo, es la debilidad de sus instituciones.
Ello bajo la lógica de que, Keiko Fujimori mantiene demasiados vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que viene siendo procesada y cuenta con los suficientes incentivos para terminar de romper la débil institucionalidad del Estado y dejar el campo abierto para la institucionalización de la corrupción y la toma de los poderes del Estado, lo que nos conllevaría a una crisis aún peor. Por lo manifestado, defender un voto a favor del Fujimorismo bajo el discurso de la defensa de la democracia es inocente o pretende parecerlo, toda vez que solo busca defender la permanencia de privilegios de algunos que no observan que de instaurarse un gobierno que institucionalice la corrupción también pone en riego dichos privilegios.
Por otro lado, de acuerdo a la conversación sostenida con un abogado de la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en contra de la candidatura y posible elección de Castillo, precisa que con un análisis en el ámbito jurídico y económico, se debe tener en cuenta que todos estos cambios -radicales- en el modelo económico y la visión de la propiedad privada, que propone Castillo y Perú Libre, así como del sistema contractual, aumentará la tasa de desempleo y propiciará la inflación de la moneda nacional. Si las empresas que explotan los recursos que serían nacionalizados no pueden seguir operando, despedirán a su personal y liquidarán sus activos. Bajo ningún supuesto la nacionalización de recursos es una opción racional o sostenible en el tiempo.
Asimismo, señala que la consecuencia jurídica de la posible nacionalización de empresas que propone Perú Libre implicaría la “avalancha” de demandas ante Tribunales Nacionales e Internacionales que -indefectiblemente- el Perú perderá por haber vulnerado tratados internacionales sobre respeto por la inversión privada y la propiedad. Normalmente estas indemnizaciones representan el valor total de la inversión y de la ganancia esperada, con lo cual el impacto en la economía nacional será trascendente. Si fuesen, así las cosas, el Estado Peruano no solo deberá desembolsar sumas millonarias para hacer estos pagos, sino que, además, se habrá quedado sin el know how para la realización de la actividad económica.
En ese sentido, el abogado precisa que, en términos de eficiencia económica Kaldor-Hicks -que cuenta con una óptica más utilitarista en comparación al óptimo de Pareto, pues no importa el perjuicio de dejar en una situación peor a otra persona- el individuo racional elige una opción si es que la suma total de beneficios supera la suma total de los costos, de forma individual. Asumiendo que el modelo actual tiene múltiples defectos, estos no exceden los beneficios que genera si es que tomamos en cuenta los índices de desarrollo de los países de la región. Por esta razón, el modelo actual requiere reajustes, más no cambios abruptos que hacen inviable cualquier proyecto de inversión a corto y largo plazo por parte de la empresa privada nacional e internacional.
Considerando todo lo descrito, es necesario tener en cuenta que, en estas elecciones estamos definiendo el rumbo que tomará el país y debemos evitar su fracaso y según Rainer Tezlaff, la noción de fracaso estatal es un asunto multidimensional a largo plazo, donde el colapso del Estado es el punto final de dicho proceso. (ZAPATA, 2014)
El internacionalista especializado en Estados Fallidos, Robert Rotberg, precisa que un Estado Fallido es aquel que no tiene la capacidad o la voluntad necesaria para desempeñar las funciones que son de su competencia. Asimismo, Noah Chomsky precisa que entre las cualidades características de los Estados Fallidos, está el no proteger a los ciudadanos de la violencia (donde encuadra no poder protegerlos del terrorismo o amenaza externa e incluso ser causantes de la misma violencia a través del terrorismo de Estado) o que quienes toman las decisiones otorgan la protección al ciudadano un interés menor en comparación al poder y a la riqueza a corto plazo de quienes ostentan el poder. (ZAPATA, 2014)
Finalmente, se logra advertir que ambos candidatos tienen muchas falencias, que nos pueden servir como indicadores para evidenciar que su accionar en una próxima gestión nos podría conllevar a comenzar a andar por el colapso institucional y los límites del Estado Fallido, por lo que estimo que también es válido que un ciudadano en su libertad y pleno derecho, sin la necesidad de ser insultado de tibio, conociendo las implicancias de hacerlo y asumiendo la responsabilidad de la mismas.
Asimismo, considero que no es momento de pensar en un sentido individualista, muy por el contrario, debemos pensar en un sentido social y colectivo, donde todos salgamos beneficiados y no maquillar la permanencia del modelo económico o el mantenimiento de privilegios, con la defensa de la democracia y tampoco creer ciegamente en demagogos que dicen que harán cambios y solo representan más de lo mismo con caos y corrupción beneficiando a unos pocos.
Es necesario ser conscientes y responsables sobre la decisión que tomemos, defenderla sin fanatismos y estar de acuerdo con que, si nuestra elección no es acertada, y el próximo presidente afecta nuestra institucionalidad, nuestra democracia y a nuestros compatriotas, a través de la coerción desmedida, salgamos a las calles y defendamos nuestro país.
Bibliografía
ZAPATA, John
2014 “LA TEORÍA DEL ESTADO FALLIDO: ENTRE APROXIMACIONES Y DISENSOS”. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 9, núm. 1, enero-junio. Bogota: Colombia
Instituto de Democracia y Derecho Humanos – PUCP
2020 “Observatoria Anticorrupción: Casos Emblemáticos – Fuerza Popular”. Lima: Perú
HUACASI, Wilber
2021 “Confirman sentencia por corrupción contra Vladimir Cerrón”. La República. Lima: Perú. Consulta el 17 de mayo de 2021
PÁEZ, Angel
2021 “Universidad Alas Peruanas rompe conexiones con el fujimorismo”. La República. Lima: Perú. Consulta el 17 de mayo de 2021
https://larepublica.pe/elecciones/2021/04/05/universidad-alas-peruanas-rompe-conexiones-con-el-fujimorismo-pltc/?ref=lre
El Comercio
