Todo es especulación, y con especulaciones no se priva a una persona de su libertad Ni siquiera de manera preliminar, aseveró (Foto GEC)

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Alan García Pérez falleció el miércoles, a los 69 años de edad,  tras  herida que se provocó al dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por los agentes de la División de Alta Complejidad (DIVAC). El secretario personal de García, Ricardo Pinedo, confirmó a los medios que esperaban a las puertas del hospital que el dos veces gobernante peruano (1985-1990 y 2006-2011) falleció mientras era operado.

La Justicia peruana había ordenado su arresto por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Agentes de la DIVIAC acudieron a la casa del político, sobre el que pesaba desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

En el momento de su detención, el expresidente intentó suicidarse disparándose con un arma de fuego en la cabeza y los agentes lo trasladaron de urgencia al Hospital Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores. Según testigos consultados por la televisión peruana, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos, además de representantes del Partido Aprista Peruano (PAP).

Según detalló la ministra de Salud Zulema Tomas, Alan García había sido reanimado después de sufrir tres paros cardiorespiratorios y estaba siendo operado. El director del hospital, Enrique Gutiérrez, confirmó que el García Pérez  presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo “con orificio de entrada y salida”. Participaron todos los médicos del Casimiro Ulloa.

A los minutos siguientes, representantes políticos del Partido Aprista Peruano  declararon a los medios que  se había ingresado de manera “irregular”. Como respuesta, tanto políticos y funcionarios respondieron que no se debe usar este hecho grave para atacar la labor de jueces y fiscales.

En tanto, el ministro  del Interior, Carlos Morán, defendió la actuación de las autoridades en la detención que se iba a realizar a García. Relató que un grupo de agentes se personaron al domicilio y le informaron que iba a ser arrestado. El exmandatario pidió entonces un momento para hacer una llamada a su abogado y subió a su habitación, en el segundo piso, de su vivienda, donde se encerró.

 “A los pocos minutos se escuchó un disparo de arma de fuego. La Policía forzó la puerta y encontró a García en posición sentada y con una herida en la cabeza”, detalló Morán, quien defendió la actuación policial. “La intervención de la Policía se ha apegado a protocolos establecidos, apoyada en una diligencia ordenada por un juez en el marco de un caso emblemático como es el de Odebrecht”, comentó el ministro.

La Fiscalía de Perú había iniciado una investigación contra Alan García por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Los fiscales descubrieron que García realizó en 2012 una conferencia en Sao Paulo (Brasil) por la que cobró 100.000 dólares procedentes de la cuenta oculta de Odebrecht, la misma con la que la empresa pagó millonarios sobornos en una docena de países de Latinoamérica.

Asimismo, hallaron que su exsecretario Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola y el exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú recibieron sobornos de Odebrecht.

El caso Odebrecht tiene imputados en Perú a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por los sobornos que la constructora pagó entre 2005 y 2014. También tiene en prisión a la líder opositora Keiko Fujimori por las donaciones irregulares que la compañía hizo a sus campañas electorales.

El magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, ordenó la detención preliminar por 10 días contra del exmandatario Alan García, Enrique Cornejo, Luis Nava, José Nava, Miguel  Atala, y otros por el presunto delito de lavado de activos.

Juan Carlos Sánchez Balbuena se desempeña como juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios desde 31 de marzo de 2017. Antes se desempeñó como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la Corte Superior de Justicia de Lima, desde agosto de 2013 hasta marzo de 2017. También fue juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima Sur, desde junio de 2011 hasta junio de 2013, según su hoja de vida del Sistema Anticorrupción.

Sánchez Balbuena ha estado frente a importantes casos relacionados a presuntos actos de corrupción como los del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y el exdirectivo de Petroperú, Miguel Atala.

Asimismo, en noviembre de 2018, el juez Sánchez ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente García.

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