El 1 de setiembre, el Poder Judicial ratificó la sentencia de tres años de pena privativa de la libertad suspendida por cohecho activo —corrupción— y la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos contra Humberto Acuña (Alianza Para el Progreso); sin embargo, el representante de Lambayeque aún ejerce esta labor al ampararse en un vacío del reglamento del Congreso. Existe un vacío en el artículo 25 del reglamento del Congreso que estableció que, para reemplazar a un congresista, se requiere, entre otros, una sentencia firme de pena de libertad efectiva. En el caso de Acuña, el fallo fue pena de libertada suspendida y, además, se admitió una casación por la cual alegan que aún no existe una sentencia firme.
