Mediante un documento publicado en el portal web institucional (www.unapiquitos.edu.pe) el jueves 12 de noviembre, la Asamblea Universitaria Transitoria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) se pronunció respecto a la situación actual de la educación superior universitaria en el Perú y se aclaran las dudas respecto a la situación en la que se encuentra nuestra primera casa de estudios superiores de la Amazonía peruana. El pronunciamiento se dirige a: “Los poderes del Estado y demás órganos competentes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Tribunal Constitucional, Comisión de Educación del Congreso, Minedu, Sunedu), al pueblo de Loreto y al Perú” y señala:
“Por encima de las críticas y controversias generadas con la promulgación de la Ley 30220, la UNAP viene desarrollando su proceso de adecuación dentro de los plazos establecidos. Eligió su Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, el mismo que condujo la elección de la Asamblea Estatutaria, proclamación e instalación de dicho órgano. La Asamblea Estatutaria cumplió con elaborar el Estatuto vigente, que fue aprobado mediante Resolución de AE 001-2014-AE-UNAP del 15 de diciembre de 2014, habiéndose informado al Ministerio de Educación (MINEDU) y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Continuando con la adecuación a la nueva Ley, la UNAP eligió a su Comité Electoral Universitario el 10 de enero de 2015, respaldada con Resolución 001-2015-AUT-UNAP del 12 de enero de 2015, para conducir las elecciones de los miembros del Consejo Universitario, autoridades que ya cumplieron sus mandatos en las Facultades de Industrias Alimentarias, Ciencias de la Educación y Humanidades, Agronomía, y Ciencias Económicas y de Negocios; asimismo, a los miembros de los Consejos de Facultad de todas las Facultades a excepción de Odontología por no contar con docentes principales, y continuará con todas las elecciones hasta elegir rector, vicerrectores y decanos, en estricto cumplimiento de la Ley y Estatuto vigentes.
Todo esto demuestra que la UNAP se ha adecuado a la nueva Ley 30220 y cuenta con órganos de gobierno establecidos mediante procesos democráticos amparados por la ley vigente en su momento y de estricta conformidad con la primera disposición complementaria de la Ley 30220, que textualmente dice: “La designación de las nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el periodo de mandato de las autoridades vigentes”, además indica “A la fecha de aprobación de los nuevos estatutos, la Asamblea Estatutaria establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes. Aprobado el Estatuto de la Universidad y el referido cronograma, la Asamblea Estatutaria asume transitoriamente las funciones de la Asamblea Universitaria…”. En ese contexto, la Asamblea Estatutaria de la UNAP estableció su cronograma eleccionario que fija el fin del mandato de autoridades de la alta dirección el 9 de diciembre de 2018, y actualmente, está funcionando la Asamblea Universitaria Transitoria de la UNAP.
En consideración a lo expresado, está perfectamente claro que el fin del mandato de las autoridades vigentes no debe establecerse en forma arbitraria y prepotente por el MINEDU-SUNEDU, porque esta es de estricta competencia de la Asamblea Estatutaria, por lo que la superintendente de la SUNEDU ha sido denunciada por la mayoría de las universidades, es así que este 26 de noviembre debe rendir manifestación ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, cumpliendo así con citaciones en diferentes lugares del país.
La UNAP expresa su acuerdo con la información emitida del Tribunal Constitucional el día 12 de noviembre de 2015 donde ratificó la constitucionalidad de la Ley Universitaria, otorgando un plazo de cinco años para que los docentes universitarios que no cuenten con el grado de magíster se adecuen a las exigencias de la norma, la misma que orienta a mejorar la calidad de la educación. Pero lo que no se puede hacer es violar la autonomía universitaria y tratar de impedir que las autoridades cumplan el periodo para el que han sido elegidos.
Expresamos nuestro total rechazo a la actitud del congresista Daniel Mora por utilizar al MINEDU y a la SUNEDU como instrumentos para generar desgobierno y anarquía en la Universidad peruana, haciendo que la SUNEDU emita una Guía a su medida y a la de sus subordinados, violando la autonomía universitaria y transgrediendo la Ley Universitaria 30220.
Estamos en desacuerdo con la desinformación que viene propalando la Vicepresidencia del Comité Directivo del Congreso de la República, al señalar que las nueve universidades mencionadas en su comunicado se encuentran adecuadas a la nueva Ley, cuando lo único que han realizado es la elección de rector y vicerrectores por haber cumplido su periodo por el tiempo que fueron elegidos mediante la Ley 23733. De tal manera que lo que está aconteciendo es el respeto irrestricto al mandato democrático que las autoridades recibieron al ser elegidas; de igual forma los decanos legalmente electos con la Ley 23733 continúan en sus funciones, así lo demuestra la Resolución cautelar emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas que ha ordenado “que la SUNEDU…- 1. RESPETE la Resolución de Asamblea Estatutaria que aprobó el Cronograma de Elecciones de las nuevas autoridades…2. SE ABSTENGA la SUNEDU de interferir en el Cronograma de Elecciones de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana…3. SE ABSTENGA la SUNEDU de gestionar el recorte o la asignación condicionada de recursos o asignaciones presupuestales que perciba o pueda percibir la UNAP…”
Denunciamos y responsabilizamos a DANIEL MORA y a sus subordinados de las consecuencias que pudiera ocurrir en la UNAP y demás universidades del país, porque con el propósito de apoderarse de las universidades vienen organizando falsas elecciones de asambleas y autoridades universitarias, con esos falsos resultados crean el caos, como ha ocurrido en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, donde violentaron a las autoridades. Estos hechos revelan el inicio y la escalada violentista que promueve este congresista, lo cual rechazamos y condenamos, pues agita acciones violentas contra las autoridades de las universidades y promueve la desinformación a través de los diarios en favor del gobierno afirmando que hasta fin de año hay universidades que elegirán nuevas autoridades, pero no dice con claridad que es por razones que culminan su periodo y no por la Guía de la SUNEDU.
Denunciamos que en la UNAP, un minúsculo grupo, miembros de la Asamblea Universitaria Transitoria, pretende “modificar” el calendario de elecciones de autoridades (que solo se podría hacer con dos tercios de los miembros de la Asamblea Universitaria Transitoria, es decir con 24), según ellos aplicando la Guía de la SUNEDU. Asimismo, existe la Resolución cautelar que resuelve en el primer mandato respetar la Resolución de Asamblea Estatutaria que aprobó el Cronograma de Elecciones de las nuevas autoridades; ante ello, la institución universitaria expresa su rechazo total y en uso de su autonomía viene realizando las acciones legales correspondientes que le permita garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas y económicas”.
