Para el gobierno de Alejandro Toledo, se pudieron considerar los años 2004 y 2005 pues el trabajo de monitoreo de los conflictos sociales por la Defensoría del Pueblo empezó en abril 2004. La institución no tiene registrado el número de fallecidos y heridos en estos años. Pero según los informes mensuales revisados, al menos 14 personas fallecieron en esos dos años y 457 resultaron heridas.
RPP Data revisó todos los informes mensuales sobre conflictos sociales del 2004 y 2015 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo y detectó que en el año 2009 por lo menos 306 conflictos estuvieron activos.
Este lunes, en las riberas del río Marañón, en Loreto, se inicia una reunión entre los Apus de Saramurillo y el Estado peruano después de 90 días de paro. En estos últimos dos meses, los barcos de Petroperú no han podido salir de las bases del lote 8 en Saramurillo. ¿El origen de la protesta? La contaminación ambiental, el impacto de ésta en las poblaciones y el hecho de que la empresa no se haya ocupado de limpiar el petróleo que está en el río tras los derrames de los últimos cuarenta años.
“Este Gobierno, en nombre de los anteriores, tiene que asumir la responsabilidad de los problemas que no se han podido resolver”, afirma José Fachín líder indígena. Las negociaciones durarán quince días. Al finalizar ambas partes tendrán que lograr un pacto para poner fin al desacuerdo, uno más en la larga lista de conflictos sociales en Perú.
En octubre del 2016, la Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales en el país, de los cuales 154 activos. Como cada mes, desde abril del 2004, esta institución recoge información de las discusiones, huelgas, marchas y enfrentamientos violentos que tienen lugar en la costa, sierra y selva.
RPP Data revisó los informes mensuales sobre los conflictos sociales registrados, entre el 2004 y 2015, por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo y la Gobernabilidad. Tras procesar la información, se elaboró el siguiente cuadro interactivo. En él se puede observar las cifras por años: 113 conflictos activos en algún momento del 2004 y 97 durante el 2005. En el 2006, la cifra se redujo a 47 conflictos activos y en 2007 la cifra volvió a aumentar y alcanzó los 73.
En el 2008, en la mitad del Gobierno de Alan García, los conflictos sociales se disparan: por lo menos 158 fueron registrados como activos por la Defensoría. En el 2009, por lo menos 306 casos fueron registrados por la misma institución. En el 2011, la cifra disminuye a 244 conflictos, mientras que en 2012, durante el segundo año de Ollanta Humala, se alcanzan los 259 conflictos activos.
El derecho de la protesta después de los años de represión
“Este Gobierno, en nombre de los anteriores, debe asumir la responsabilidad de los problemas que no se han podido resolver». José Fachín, líder indígena.
Según el estudio de César Bedoya, Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: una lectura general, “existe un consenso en que las condiciones de la actual conflictividad fueron configuradas justamente durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Durante dicho régimen, por un lado, se restringió y desprotegió el ejercicio de los derechos fundamentales. Además, los movimientos sociales se debilitaron y fueron reprimidos. Por otro lado, se promovieron una serie de cambios económicos y legales que implicaron el debilitamiento del Estado”.
Con la transición democrática, los ciudadanos entendieron que su derecho a protestar sería respetado. Las primeras grandes protestas emergen, el gran ejemplo fue en Tambogrande (Piura) entre 2000 y 2001. Las comunidades del distrito se opusieron al proyecto minero de la empresa Manhattan Minerals por temor a que afecte negativamente la producción agrícola de la zona. En el 2002, el recordado Arequipazo se desató por el desacuerdo de los arequipeños frente a la privatización de la empresa que proveía de energía eléctrica a la ciudad.
En el 2004, los cajamarquinos rechazaron la posibilidad de que la empresa Yanacocha amplíe sus actividades en el cerro Quilish. En el distrito de Ilave (Puno), ciudadanos y autoridades se enfrentaron por supuestos actos de corrupción del alcalde, que fue asesinado públicamente en la plaza de armas de la ciudad el 26 de Abril del 2004. Años después, y concluidas las investigaciones por Contraloría, se determinó que el alcalde, Cirilo Robles Callomamani, era inocente.
«No siempre se trata de causas reales las que desatan los conflitcos», explica Rolando Luque, recientemente designado como Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. «A veces pueden ser causas que son difundidas a través de medios de comunicación locales por adversarios políticos. Igual se crea una sensación de inseguridad. El caso más notorio es el del alcalde de Ilave, Cirilo Robles Callomamani, que fue asesinado en la plaza del pueblo. Se le acusaba de algún manejo irregular de fondos públicos. Más adelante la Contraloría General de la República demostró que este señor no tenía ninguna responsabilidad, pero ya estaba muerto».
“Con la democracia suceden varias cosas en relación a los conflictos. Las personas saben que difícilmente van a ser reprimidas, el Gobierno tiene que tener cuidado”, explica María Isabel Rémy, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos.
Pero la garantía de los derechos humanos por parte del Estado no es absoluta. En el año 2008 fallecieron 37 personas por enfrentamientos violentos entre ciudadanos y la Policía. El año 2009, durante el Gobierno de García, quedará inscrito en la historia del país como el año más violento. Hubo 52 muertos. Una cifra que representa tanto a civiles como a policías. Todos peruanos.
En el 2010, 31 personas fallecieron. En 2011, 22 personas y en 2012, 24. Mientras tanto en Loreto, las mujeres y los hombres, representantes de las comunidades y del Estado peruano, tendrán quizás esta semana la oportunidad de cambiar la historia. “Es el reto de ambos, también de nosotros”, confía José Fachín. (rpp.pe)
