[ESCRIBE: Iván Vásquez Valera].

El Ministro de Agricultura escribe una nota en el diario El Comercio en la sección opinión publicada el 23 el octubre del 2014 titulada: “Un bosque de oportunidades” y presenta información sobre las potencialidades de los ecosistemas boscoso que geográficamente se ubica en los territorios amazónicos del país. En la misma nota hace referencia a los beneficios que se pueden conseguir como país con respecto al incremento del PBI y los puestos de trabajo que se pueden generar. También, nos presenta la nueva institución creada SERFOR (Servicio Nacional Forestal) y el “nuevo marco normativo que desburocratice la maraña de procesos irracionales que exigía el estado en el sector”; además, afirma que “el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales en materia forestal y titulación ha servido a algunos funcionarios para eludir responsabilidades y los mismos no han velado por el uso adecuado de los recursos”. Y lo más escalofriante de sus afirmaciones: “Por ello, es muy pertinente evaluar la posibilidad de retirar, aunque sea temporalmente, las competencia sectoriales transferidas a los gobiernos regionales, especialmente en materia de titulación de tierras, entrega de concesiones y lucha frontal contra la tala ilegal”.

Debemos recordar al ministro y sus funcionarios lo siguiente:

La institucionalidad no tiene nada que ver con crear nuevas instituciones, en estos casi 14 años se han creado: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), Dirección General Forestal y Fauna Silvestre (DGFFS), Autoridades Regionales y Servicio Nacional Forestal (SERFOR); y el panorama del sector no ha cambiado por la falta de seguridad jurídica que necesita la inversión privada; se han prolongado en demasía los plazos establecidos en los TUPA (Texto Único Procesos Administrativos) ya que cada institución creo sus propios mecanismos y se han venido arrastrando errores materiales al pasar de institución a institución. Por otro lado, la mayoría del personal ha sido reciclado los mismo de antes siguen en sus mismos puestos solo han cambiado de denominación de oficina. Solo al transferirse las funciones a los GOREs se consiguió la oxigenación y recambio.

Los GOREs han participado activamente en el proceso de elaboración de la nueva ley forestal (29763) y su reglamento; llevamos más de 3 años en este proceso y hasta ahora no hemos visto reflejados nuestros aportes hasta ahora no nos han explicado porque no han sido incorporados pero sin embargo ya se habla de una fecha de presentación del reglamento. Es más el SERFOR es parte de esta ley que solo va a funcionar cuando se apruebe el reglamento y mire usted ya está operando. Me pregunto ¿cómo el nuevo marco normativo va a solucionar la maraña de trámites si no se escucha y valora la opinión de las regiones? O es que quieren por imposición continuar haciendo las cosas como en tiempos pasados donde “un grupo de amigos” decidía el futuro de toda una línea productiva regional.

No creemos que el sector forestal sea de mafiosos y que los inversionistas privados arriesguen su capital para promover estas prácticas; creemos que no se ha enfocado correctamente los mecanismos de gestión y promoción del bosque y que solo nos hemos quedado en la década del 60 donde solo se pensaba en control y vigilancia (se demuestra con la creación del SERFOR y la ley 29763 y su reglamento) donde nuevamente la autoridad nacional decide y maneja los territorios regionales infringiendo la ley de los Gobiernos Regionales (ley 27867). Los GOREs desde el año 2010 han iniciado sus actividades oficialmente y desde entonces han realizado múltiples propuestas de gestión enfocadas al sector contemplando los contextos geográficos, fisiográficos y culturales, y sobre todo de presupuesto para poder cumplir con las funciones transferidas y hasta hoy no nos han resuelto nada; la pregunta es: ¿quién tiene la culpa?.

Finalmente, el proceso de titulación de tierras en el Perú se detuvo aproximadamente en el año 2000 o antes y solo al transferirse las funciones y no recursos a las regiones se volvieron a reconocer los derechos a los hermanos de comunidades que por años viven en sus zonas demarcadas por ellos mismos y que el estado los ha abandonado ya que por falta de este reconocimiento o título no podían contar con los servicios básicos que escasamente brinda el estado.

Por ello, creemos que es una falta de respeto y sobre todo falta de criterio técnico afirmar que se deben retirar las funciones transferidas a los GOREs. Le sugerimos que se debe pensar como empresa privada, que para aumentar la productividad se debe hacer una inversión bien pensada y analizada que responda a un plan estratégico y eso no se está haciendo en el sector forestal y de fauna silvestre y menos en la titulación de territorio.

Los GOREs estamos comprometidos en una producción sostenible y reivindicación de los derechos de los hermanos naturales de las zonas con el apoyo de los distintos actores de la cadena productiva, gremios existentes, la sociedad civil y ONGs respetando las normas nacionales y sobre todo cumpliendo los compromisos asumidos por el país; pero hasta ahora, solo hemos recibido golpe físico y emocional ya que no nos han permitido trabajar de la mano y lo peor de todo es que el estado nacional no ha querido invertir en un sector que nueve las economías regionales. No está de más recordarles, que la predisposición de trabajar de manera conjunta de parte de los presidentes regionales siempre ha existido pero se ha visto mermado con algunas actitudes de funcionarios y asesores que no han motivado y fortalecido estas iniciativas.