ESCRIBE: Jaime A. Vásquez Valcárcel
¿Cómo es que si la SUNEDU encuentra deficiente la calidad de la enseñanza y débil el sustento financiero autoriza que se continúe desarrollando semestres académicos y otorgando diplomas a nombre de la Nación en la Universidad Científica del Perú? ¿Cómo es que los estudiantes salgan a las calles a defender a las autoridades universitarias que son las causantes de este problema en lugar de aprovechar la oportunidad para construir un liderazgo juvenil que tanta falta hace entre académicos y políticos en Iquitos? ¿Cómo es posible que no haya salido ningún especialista jurídico de la universidad “patrimonio de la región Loreto” a esgrimir criterios jurídicos para convencer a los de dentro y fuera que el Derecho les asiste? ¿Cómo es posible que se pida, en nombre de la desconexión geográfica, beneficios que finalmente nos van a mantener alejados de lo que es precisamente la oportunidad de desarrollarnos?
Las respuestas a las preguntas planteadas sirven para graficar la pobre defensa del licenciamiento de la Universidad Científica del Perú y la carencia de una estrategia pública en donde la gente consideraría que dicha universidad de alguna forma es una propiedad colectiva. Conocida la negación, los ucepistas comenzaron a decir “¿cómo los de Iquitos van a ir hasta Yurimaguas si el viaje demora más de un día, nos quieren dejar sin posibilidades de estudio?” Cuando lo ideal hubiera sido convocar a esos sectores. Involucrar extemporáneamente a las demás universidades privadas en este lío ha sido muy tardío. Esos alumnos ya están en otro proceso e iba a ser difícil que unan fuerzas ante el problema de una universidad que no acudió en su auxilio cuando era el momento de hacerlo.
Por esa pobre defensa y objetivo equivocado es que, más allá de comunicados que hoy dan más risa que cuando fueron emitidos, es que la UCP se quedó sola y hoy sólo está a la espera de un milagro para recuperar la licenciatura. No era otro el destino de una institución que, para los de dentro más que para los de fuera, es manejada por un egocentrismo que mezcla lo académico con lo político como una forma de perpetuarse en el poder. Eso, tarde o temprano, tiene sus consecuencias. Defender la institucionalidad era el camino, aunque en ello se dejara a un lado a algunos caminantes.
Otra falla fue el intento de tratar de apoyarse en la ciudadanía en momentos que la misma anda en otras cosas. Diferente es que la UCP no construya un cerco perimétrico y sea motivo para la denegatoria del licenciamiento a que la UNAP tenga terrenos abiertos que permita invasión a sus predios. Hay miradas distintas que no se supo o no quiso mirar. Muestra de esa equivocación es la indiferencia que hoy muestra la ciudadanía ante la situación de la UCP y los alumnos ya están más preocupados -como lo estaban antes- en terminar en el menor tiempo posible todos los ciclos académicos.
Esa defensa técnica/política no pudo ser más incoherente. Acusar con suposiciones -que a veces son peores que las falsedades- a la Universidad César Vallejo de ser parte de un plan para apropiarse de la Universidad Científica del Perú con la anuencia del fundador César Acuña Peralta y al mismo tiempo mostrarse en coordinaciones con el brazo político en Loreto del clan Acuña es andar con palos de ciego en un tema que necesita por lo menos saber quiénes son los que están con las causas y quiénes no. Presentar el último día un recurso que debió hacerse dentro de los primeros cinco días solo abona en la certeza de una falta de defensa técnica.
Luego de treinta días de presentada la reconsideración sabremos si la UCP seguirá licenciada o no. Cualquiera que sea la decisión de la SUNEDU quienes deben licenciarse son los directivos que han llevado a esta universidad a la situación actual. Estaba en sus manos construir una casa de estudios modelo en medio de la Amazonía como tienen otros países. Ojalá pudiera la UCP revertir esta situación para comprobar que, a pesar de los momentos difíciles que ha pasado, los directivos y estudiantes no han aprendido la lección.
