El pedido lo formuló la mañana del martes 20 de agosto
La ministra de Transportes y Comunicaciones María Jara y Alberto Barandiarán, presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) serán invitados al Congreso de la Republica para informar sobre el controvertido proyecto Hidrovía Amazonica.
El pedido lo formuló la mañana del martes 20 de agosto la congresista Marisa Glave, durante la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazonicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso.
El citado proyecto fue motivo de audiencias públicas convocadas por el Senace para que la empresa Cohidro presente el estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d), pero más que despejar dudas generó preocupación.
Y es que tras la presentación del EIA-d, todavía persiste el desconocimiento sobre cuáles son los beneficios reales del proyecto para las comunidades y la región amazónica en general.
La información proporcionada demostró falta de claridad técnica y científica del EIA-d al no dar especificaciones claras y transparentes sobre los impactos del proyecto en poblaciones, ríos y bosques.
Así lo indica una nota de la Wildlife Conservation Society (WCS) que indica que el proyecto continúa sin dar luces de los impactos reales del proyecto.
De igual modo, Mercedes Lu, de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW) advirtió las inconsistencias del proyecto debido a la ausencia de un marco legal y de una base de conocimientos para tomar una decisión informada sobre los impactos potenciales del proyecto.
A ello se agrega un análisis que recoge ocho enormes vacíos técnicos que presenta el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto Hidrovía Amazónica elaborado por el Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).
Entre las deficiencias se señala que el área de estudio no es integral ni considera las dinámicas morfológicas de los ríos y el periodo de análisis de las modelaciones no considera el escenario crítico.
Tampoco se ha medido ni entendido el transporte de sedimentos de fondo del río y, en consecuencia, no se puede evaluar el efecto del dragado, ni definir la operación de mantenimiento del canal.
A los pronunciamientos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de sus organizaciones regionales se sigue sumando el rechazo directo de las federaciones locales.
Tal es el caso del reciente pronunciamiento de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (Feconbu), la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Marquez (Fecidpam) y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (Feconacurpi).
Ellas se pronunciaron luego de la audiencia pública convocada por el Secane en Contamana en la cual expresaron su desacuerdo y rechazo con el proyecto y piden desaprobar el EIA.
Las federaciones denuncia las incertidumbres sobre las zonas y cantidad de dragado, la ubicación de las quirumas sagradas a remover, las zonas de vertimiento y evaluación de los mijanos como fuente de alimento de sus comunidades.
También denuncian el incumplimiento de acuerdos en la consulta previa del 2015, y que hoy son usados como mecanismo de presión para que se acepte la viabilidad del proyecto.
El pronunciamiento exhorta al Ministerio de Transportes a priorizar la mejora de la infraestructura portuaria, generar reglamento pra ordenar el transporte y ejercer mayor ficalización para un transporte fluvial más seguro.
Cabe agregar que este nuevo ronunciamiebto se suma al pronunciamiento suscrito por decenas de comunidades del pueblo Shipibo-Conibo en Canaán de Cachiyacu, en Ucayali, todos estos rechazando el dragado de la Hidrovía Amazónica.
