Por: Moisés Panduro Coral
Hacia fines de febrero, se conoció la noticia de que la empresa Pacific Stratus, contratada como operadora por dos años de la explotación de petróleo en el Lote 192, ya no iba a bombear el combustible debido a la rotura del oleoducto en las zonas de Morona (Loreto) y Jaén (Amazonas) que está a cargo de Petroperú, lo que le obligaría a paralizar la producción de los pozos y a minimizar sus volúmenes, con lo que se reduciría, en mayor magnitud, los ingresos por canon petrolero, que, de por sí, ya estaban disminuidos por el brusco descenso del precio del barril en el mercado internacional experimentado desde inicios del 2015.
A Loreto le llueve sobre mojado. En esas mismas fechas, la empresa NAPSA, la única naviera para transporte internacional de carga, operando en Iquitos, anunció su retiro del puerto más importante de la amazonía peruana. Aunque esperada, se trataba de una mala noticia, luego de que dicha empresa se declarara en quiebra por las pérdidas económicas derivadas de la retención, por más de un mes, de un barco y de su tripulación en el puerto de Tampico (México), a pedido de las autoridades peruanas, debido a que parte del cargamento que transportaba, era madera ilegalmente extraída de los bosques de la región.
Por su parte, el sector forestal, uno de los que tradicionalmente ha ocupado un gran porcentaje de nuestra población económicamente activa, se encuentra en sus estertores. Se calcula que unas 40,000 familias que dependen, directa e indirectamente, de la dinámica de la industria forestal han sido tocadas en sus ingresos, pues la segunda actividad económica en importancia de la región, se ha caído de bruces. Dos de sus causas directas son: la virtual y soterrada criminalización que esconden los dispositivos recientemente puestos en vigencia, y la orfandad jurídica en que se encuentra el sector forestal porque el gobierno humalista no concertó, ni trabajó, ni emitió, a tiempo, las normas complementarias que se requieren para su aplicación, lo que originó un cuello de botella que le está estrangulando.
Entre el sector petrolero y forestal se estima, moderadamente, unos 15.000 trabajadores que han perdido o que corren el riesgo de perder sus empleos con el dramático descenso productivo. Sólo en el mes de diciembre del año pasado fueron despedidos 1,500 trabajadores forestales, que se suman a los 3,000 trabajadores petroleros que perdieron sus empleos cuando vino el bajón de los precios del crudo. Ese desempleo genera una escasez de ingresos, y por ende, un fuerte sacudón en otros sectores, principalmente en comercio y servicios, pues las familias se ven afectadas en su capacidad de consumo.
Si a estos males, le sumamos la postración de la ciudad de Iquitos con sus problemas irresueltos de basura y su falta de limpieza, su creciente inseguridad, su sensación térmica insalubre, sus calles destruídas y sus vieviendas inundadas por la catastrófica e irremediable obra de alcantarillado-entubado de 780 millones de soles, y le adicionamos, encima, la recesión de la economía nacional y la caída de la inversión privada y pública (en febrero último ingresó al gobierno regional de Loreto apenas 2 millones y medio de soles de canon petrolero), entenderemos por qué el empresario hotelero señala que actualmente ocupa solo el 40% de su capacidad disponible de camas, por qué las comercializadoras y restaurantes han reducido sus niveles de venta en más de 30%, por qué las grandes empresas de explotación de crudos, de transporte y logística se están retirando de la región, o por qué las esperanzas de inversión de retails se desvanecen y migran a otras regiones.
El panorama es sombrío. La situación es grave. Y ante ella, no se escucha a ningún candidato, ni gobernante local o regional, presentar y delinear propuestas y estrategias que la atenúen en el corto plazo, y en el futuro, la reviertan. ¡Urge, ahora mismo, una declaración de emergencia económica!
