“Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro” es el título de la nueva publicación del colectivo Territorios seguros para las comunidades del Perú, que fue presentado el martes 10 de mayo y que puede ser descargado libremente desde la Internet.
El documento busca responder a los «líderes de opinión» que creen que la modernidad debe conducir a la parcelación de las tierras comunales e individualizar los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas.
Por el contrario, postula —desde una mirada realista, inteligente y visionaria del futuro del Perú— el reconocimiento de las tierras comunitarias y su importancia, tanto en términos de extensión y población, como de su enorme aporte en varios planos, incluyendo el económico.
«Tenemos la convicción de que en esa permanente actitud de negación del Perú indígena, rural y comunitario reside una explicación al naufragio sistemático de los sueños de los mencionados líderes de opinión, los cuales acaban indefectiblemente estrellados contra esa realidad que tanto se esfuerzan por negar, denigrar e invisibilizar» reza la presentación.
El informe destaca que la gobernanza comunal sobre las tierras y recursos es una tendencia que involucra entre dos y tres mil millones de personas en el mundo y más de la mitad de la masa terrestre global está sujeta a tales normas.
Para ilustrar esta universalidad de las tierras comunales, el Capítulo 1 reproduce extractos de un artículo de Liz Alden Wily, experta tenencia comunal de tierras en África y Asia, en el que explica que «el reconocimiento formal del régimen comunal de tierras es clave para asegurar el futuro de millones de seres humanos que dependen de ellas, así como el de las poblaciones urbanas».
Cerca de la mitad de las comunidades no tienen título de propiedad
La publicación describe la situación actual de las comunidades indígenas del Perú que a marzo de 2016 alcanzan un total de 10,529 comunidades rurales, de las que falta titular 4,023, constituyendo la titulación comunal en la mayor enorme deuda histórica del Estado considerando que la mayoría de comunidades son pre-existentes al propio Estado peruano.
El documento contiene un mapa de tierras comunales y áreas protegidas en cual se incluye el 95 por ciento de comunidades nativas, al 40 por ciento de comunidades campesinas originarias y 40 por ciento de las comunidades campesinas ribereñas.
De estas dos últimos tipos de comunidades no existe información georeferenciada, es decir, del área real de cada comunidad indica el informe.
La publicación informa asimismo de las nuevas oportunidades de cooperación financiera para titular tierras comunales.
El documento fue presentado en una jornada en la que participaron representantes de organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP) y la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
Estado no ve ni prioriza a las comunidades
Durante la última década apenas se ha formalizado menos del 1 por ciento las comunidades rurales y el Estado carece de cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales y la población comunitaria.
Richard Smith, director del Instituto del Bien Común (IBC), encargado de presentar este tercer reporte bianual, manifestó: “A este ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”.
De esta manera durante la presentación del documento quedó en evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano para titular a las comunidades, situación que afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.
Precisamente uno de los capítulos describe los esfuerzos realizados por los últimos cuatro gobiernos para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician.
Para ello se han valido de una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas anticomunales.
Cabe destacar que del total de la superficie del Perú que alcanza 128.5 millones de hectáreas el 49.1 por ciento —aproximadamente 63 millones de has— se encuentran en propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21 por ciento carece de título de propiedad.
En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.
Presentación
¿Por qué las comunidades rurales desean optar por derechos colectivos y regulaciones comunales? Esta es una pregunta que vienen haciéndose públicamente, desde los tiempos del gobierno de Fujimori, políticos como Alan García, Ollanta Humala o Pedro Pablo Kuczynski, editorialistas de prestigiosos periódicos como El Comercio y economistas con vuelo internacional como Hernando de Soto. También se cuestionan por qué el Estado moderno debería proteger estas costumbres del pasado en vez de conducir al Perú hacia un futuro mejor, léase “moderno”. Y estos “líderes de opinión” son los mismos que trabajan juntos para encaminar al Estado peruano hacia políticas de parcelación de las tierras comunales e individualización de los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas. Es posible que crean genuinamente que la modernidad reclama esa senda para conducir al Perú a un futuro verdaderamente mejor, apto para captar las anheladas inversiones extranjeras y alcanzar las metas de crecimiento económico que se han trazado. Nosotros albergamos serias dudas sobre la viabilidad de tal senda, principalmente porque adolece de una enorme miopía, inmediatismo y falta de asidero en la realidad y, por qué no, porque está animada de una buena dosis de mezquindad Lima-centrista. En su lugar, postulamos un giro de 180 grados, hacia lo que sería un camino no solo realista, sino inteligente y visionario del futuro Perú, que bien podría permitir superar actuales situaciones de entrampamiento. Este enfoque parte del reconocimiento de las tierras comunitarias en Perú y su importancia, tanto en términos de extensión y población, como de su enorme aporte en varios planos, incluyendo el económico. Tenemos la convicción de que en esa permanente actitud de negación del Perú indígena, rural y comunitario reside una explicación al naufragio sistemático de los sueños de los mencionados líderes de opinión, los cuales acaban indefectiblemente estrellados contra esa realidad que tanto se esfuerzan por negar, denigrar e invisibilizar.
“Tenemos la convicción de que en esa permanente actitud de negación del Perú indígena, rural y comunitario reside una explicación al naufragio sistemático de los sueños de los mencionados líderes de opinión, los cuales acaban indefectiblemente estrellados contra esa realidad que tanto se esfuerzan por negar, denigrar e invisibilizar”.
Aspiramos a que la lectura de este informe abra la mirada del lector a la posibilidad de otros futuros, igualmente promisorios, que parten del reconocimiento de la propiedad comunal como un componente indispensable del camino a seguir para asegurar el futuro del Perú. No estamos solos en este andar, pues al igual que en Perú, las tierras comunales revisten gran importancia en muchos otros países del mundo. A nivel global, va creciendo la certeza de que los países tienen mucho por ganar fortaleciendo las tierras comunales. Claramente, más que preservar el pasado, ello contribuye a asegurar el futuro.
En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.
Las tierras comunales no son pocas. Las nuevas proyecciones de cifras sobre comunidades y tierras comunales en el Perú señalan que más del 49% de la superficie del país es mantenida bajo un régimen comunal (ver tabla 2 de anexo 1)(1). De este área de más de 600 mil km2, aún falta formalizar con títulos de propiedad el 38% del total de las comunidades.
La gobernanza comunal sobre sus tierras y recursos no ocurre solo en el Perú. Según un estudio mundial publicado el año pasado por Rights and Resources Initiative, entre dos y tres mil millones de personas adquieren y mantienen derechos a través de estos regímenes (2) y más de la mitad de la masa terrestre global está sujeta a tales normas (3).
“el reconocimiento formal del régimen comunal de tierras es clave para asegurar el futuro de millones de seres humanos que dependen de ellas, así como el de las poblaciones urbanas”
Para ilustrar esta universalidad de las tierras comunales, el Capítulo 1 reproduce extractos de un artículo recientemente publicado en Kenia por Liz Alden Wily, experta con gran reconocimiento mundial en el tema de tenencia comunal de tierras en África y Asia. Tomando ejemplos de varias partes del mundo, la autora explica que el reconocimiento formal del régimen comunal de tierras es clave para asegurar el futuro de millones de seres humanos que dependen de ellas, así como el de las poblaciones urbanas. Asimismo, llega a la conclusión de que “tiene sentido invertir en estos sistemas. Inclusive sus detractores ya están cambiando de opinión.”
Este Informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas en el Perú tiene varios propósitos. El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.
Por último, en el contexto de las elecciones nacionales y el ascenso de una nueva correlación de fuerzas políticas, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician. Confiamos en que el nuevo gobierno registre y actúe en función a nuestro mensaje de que invertir en los sistemas comunales de gestión de tierras y recursos naturales es una estrategia inteligente para asegurar el futuro de todos.
