Tampoco, tampoco…

[Por Moisés Panduro Coral].

El sistema democrático no se quiebra por un mandato de detención preventiva en particular; quien sostenga eso está engañando a la gente o está buscando hacer méritos para algún premio de ascenso o probablemente esté buscando alguna mejor consideración remunerativa. En el poder judicial existen, es cierto, muchas injusticias; hasta ahora me conmueve los casos de personas que por montos irrisorios -en comparación a los millonarios- han ido a dar con sus huesos a la cárcel, a dormir detrás de barrotes, condenados a no ver a quienes aman; o los casos de modestas personas que pierden sus propiedades o sus demandas laborales por tinterilladas que se convierten en sentencias con la complicidad de algunos jueces que toman en cuenta el tamaño de los sobres que les llegan y no la contundencia y la calidad de las pruebas; pero de allí a afirmar que por un mandato de detención de presidentes regionales, la democracia está en peligro, es más que una exageración inadmisible un insulto a la inteligencia y a la razón.

En nuestro país, la democracia se ha quebrado en diferentes momentos de la historia. Esa quiebra se ha dado cuando se ha atentado directamente contra la libertad y la vida de líderes políticos, como por ejemplo Alan García en abril de 1992, en el contexto de un golpe de Estado que acaba de un plumazo con las libertades ciudadanas, defenestra a los representantes del pueblo en el Legislativo encargados de fiscalizar al gobierno; asalta el poder judicial, nombra jueces provisionales con el único encargo de perseguir a los opositores y negarle al perseguido todo derecho; y mete en la guillotina cualquier expresión de periodismo libre e independiente o la potestad de los pueblos de protestar.

Uno puede darse cuenta fácilmente que ése no es el caso de ninguno de los presidentes regionales recientemente detenidos a quienes se les ha privado de su libertad por flagrantes delitos en el manejo de la administración pública con pruebas fehacientes e incuestionables. Tampoco es el caso del presidente regional de Loreto, cuyo mandato de detención puede ser considerado justo para quienes le acusan e injusto para sus seguidores. La mejor prueba de que ese hecho en singular no atenta contra la democracia es que sus abogados han hecho uso de su legítimo derecho a la apelación de la resolución de la jueza, y eso significa la presentación de argumentos que expongan los supuestos vicios del proceso o de elementos nuevos cuya evaluación determinará la ratificación o la revocatoria de la resolución en primera instancia.

¿Qué pasaría si en la instancia superior, ésta revoca la decisión de la jueza? ¿Los turiferarios –antiguos y nuevos- del señor Vásquez dirán entonces que ya no está en riesgo la democracia? ¿Dirán que ya no hay el peligro de que las libertades ciudadanas se extingan? Hay que tener más cuidado con lo que se dice, hay que ser más responsables con lo que se argumenta; hay que ser menos fans de autoridades regionales y municipales que son duramente cuestionadas por sus serios y graves indicios de corrupción en sus gestiones y más cercanos al pueblo que quiere que su plata no sea utilizada en el engorde de las cuentas y billeteras de quienes elige cada cierto tiempo.