Ante los escándalos de corrupción y la fácil injerencia en las decisiones de las diversas instituciones públicas, ha quedado demostrado que en nuestro país prima la institucionalidad informal, en la cual los comportamientos son corruptos, por costumbre resultan cotidianos, por la cultura implantada desde la creación de nuestro Estado y la ética solo es importante cuando los hechos nos afectan directamente o nos permite mantener nuestro orden cultural habitual.
Como bien lo dijo Jorge Basadre, contamos con una institucionalidad podrida, incendiada y congelada, donde los únicos ganadores son los grupos fácticos, ya que su lucro se basa principalmente en el control que les permite la institucionalidad pervertida o inexistente que nos envuelve. Al respecto, Dennis Chávez de Paz indicó, que esta es la realidad de nuestro país, desde el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, ya que con la consolidación de diversas violaciones constitucionales, se debilitó y generó una crisis en la institucionalidad de las entidades públicas, cuyas consecuencias en la ciudadanía se tradujeron en inseguridad jurídica y falta de confianza en las instituciones gubernamentales, con inevitables repercusiones negativas para la vida económica, social y política del país.
El maestro Sinesio López, lo explica de forma magistral, indicando que el populismo creó un conjunto de instituciones que han evidenciado su fragilidad; en ese sentido, resulta necesario elevar los niveles de institucionalidad formal, estableciendo pautas de conductas reiteradas, estables y apreciadas que tengan fuerza y amplitud en las organizaciones y procedimientos, y entendiendo que, mientras más moderna es una sociedad, mayor es la diversidad de sus organizaciones y más alto es –o debería ser– su nivel de institucionalidad. (López, 1995)
Quien realizó servicios para el Estado, es o fue servidor público, no podrá negar que, cada “cambio de gestión” ya sea solo dentro de la entidad o a nivel de todo un poder del estado, implica cambios drásticos, no solo de políticas o lineamientos de gestión, también implica un cambio de más del 70% -siendo optimistas- del personal de la entidad; es decir, la gestión del conocimiento ganado es inexistente, porque contamos y hacemos frente a una gestión pública político-administrativa desde ya hace varios años.
Conforme a lo descrito, en aras de búsqueda de la institucionalidad necesaria para que las entidades públicas sean gestionadas de forma idónea y se genere el valor público que nos desarrolle como sociedad, resulta necesario fortalecer las capacidades de los directivos o autoridades y sobre todo cambiar el “ethos” o conducta de la gestión, en el núcleo de la misma. Frente a esta realidad, resulta necesario considerar lo señalado por la OCDE, que estipuló un marco de prioridades en Gerencia de Recursos Humanos en el sector público al 2003, enfatizando en los siguientes temas:
a) La competencia en el mercado de trabajo: con implicancia en el desarrollo de fórmulas nuevas que incrementen la capacidad de atracción de las organizaciones públicas. Es decir, hacer que el Servicio Público resulte atractivo para los profesionales capacitados, compitiendo así con el mercado privado.
b) La promoción del liderazgo: desarrollo de capacidad gerencial o directiva en el sector público, identificando el potencial, el desarrollo de la formación y el mentoring. Como por ejemplo el Cuerpo de Gerentes Públicos que administra hoy SERVIR.
c) La relación política/administración: tema crucial por ser el núcleo mismo de los problemas de gobernabilidad en nuestro país y en todos los sistemas públicos contemporáneos.
d) La gestión del conocimiento: gestiones que aprendan y formen a sus servidores, estimulando la formación de redes e intercambios, aprovechando el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ello a fin de la búsqueda de la continuidad de los procesos, hoy muy limitada, con los ya conocidos cambios de gestión.
e) El fortalecimiento del profesionalismo público: con un enfoque ético, con miras al combate contra la corrupción y la consolidación de los valores propios del servicio público.
Es preciso que como ciudadanos no seamos ajenos a esta realidad y exijamos continuidad en los procesos de las entidades públicas, toda vez que, si bien no nos afectan directamente, muchas veces esta falta de institucionalidad impide que, las políticas públicas bien diseñadas, sean implementadas de manera correcta, generando gastos injustificados de recursos del Estado y una población desatendida o atendida de forma incorrecta- con acciones que son un “saludo a la bandera” o solo para la foto de porta de la institución-.
Miguel Angel Rojas Rios
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Publicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
BIBLIOGRAFÍA
López, Sinesio
1995 “Estado, régimen político e institucionalidad en el Perú”. Lima: PUCP, pp. 573.
