Cinco años después del asesinato de los dirigentes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez en la frontera de la Amazonía de Perú y Brasil, OjoPúblico recorrió Ucayali, analizó expedientes, informes y evidencias e identificó una cadena de irregularidades en el papel de varios funcionarios públicos responsables de investigar desde el 2008 la denuncia por tráfico de madera que ocasionó el despiadado asesinato de los líderes indígenas el 2014. Un reportaje realizado con el apoyo de Proética.
La tumba del líder ashéninka Edwin Chota es un pequeño nicho ubicado en la parte más alta de uno de los corroídos y blancos pabellones del cementerio público de Pucallpa. Dos floreros sin flores cuelgan a su costado. El nicho, protegido por un vidrio y unas delgadas rejas, lleva la fecha de su nacimiento: 29 de junio de 1961, y el día de su asesinato: 1 de setiembre del 2014. A unos pasos yacen los restos de Leoncio Quintisima, su compañero en la dirigencia, pero Karen Shawiri, la lideresa que hoy nos acompaña en el recorrido, no recuerda el lugar exacto de la tumba. Chota y Quintisima fueron enterrados aquí, a cientos de kilómetros de su comunidad Saweto, en esta ciudad que es el corazón del tráfico de madera que ellos tanto denunciaron antes de ser secuestrados y asesinados por estas mafias.
En setiembre del 2014 Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, dirigentes de la comunidad de Saweto, fueron asesinados cruelmente en la frontera de Perú y Brasil, a corta distancia del territorio de su comunidad. Varios días después de su desaparición, la policía halló breves restos incinerados. El peritaje diría luego que se trató de un fémur, una tibia, partes del pie. La crueldad llevaba el rastro de una venganza: desde el 2008, Chota venía denunciando que una mafia de traficantes de madera operaba en la frontera de Perú y Brasil, dentro del territorio de su comunidad indígena.
OjoPúblico accedió, revisó y contrastó el rastro de documentos y expedientes generados desde que en octubre del 2008, cuando Chota presentó la primera denuncia por depredación de los bosques y tala ilegal, e identifica una cadena de irregularidades que expone la indolencia y la impunidad de varios funcionarios del Estado ante los crímenes ambientales de la Amazonía Peruana.
Los cuatro dirigentes de Saweto fueron asesinados por las mismas mafias que venían denunciando desde el 2008. De nada sirvieron las garantías personales solicitadas para su protección, ni las denuncias presentadas por tala ilegal en una decena de entidades, tampoco las fotografías de los infractores ni los puntos exactos con las coordenadas donde operaban ilícitamente estos grupos, ni el testimonio de testigos. Seis años después de la primera denuncia por tráfico de madera, la investigación recién se encuentra en etapa preparatoria. Todos en Ucayali sabían que a Edwin Chota lo iban a matar. En este reportaje detallamos cómo la inacción del Estado fue decisiva para el asesinato múltiple de los dirigentes.
Una denuncia archivada
La violencia del Estado tiene también la forma de indiferencia. La primera denuncia que Edwin Chota presentó contra los traficantes de madera data del 12 de febrero del 2008. Lo hizo ante la Administración Técnica de Pucallpa, que dependía entonces del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), y esta la transfiere a la fiscalía ambiental de Ucayali, que se había creado hace tres meses antes. Este despacho admite la denuncia y solicita una inspección a la zona, pero no la realizan argumentando la lejanía del lugar y la falta de apoyo logístico.
El dirigente denunciaba que un grupo de personas peruanas y brasileñas estaba extrayendo ilegalmente madera de su territorio, y que era necesario la intervención de las autoridades. Durante los dos años siguientes, ni Inrena ni el Ministerio Público visitaron las zonas denunciadas.
Dos años después de aquella denuncia, el 7 de mayo del 2010, en lugar de insistir con una urgente inspección, Fanny Álvarez Bravo, entonces fiscal provincial especializada en materia ambiental de Ucayali, decide archivar provisionalmente el caso. Su argumento: que en la zona el Estado había autorizado varias concesiones para la extracción de madera, que estas podrían estar superponiéndose a la comunidad, y que el plazo de las investigaciones no pueden ser indeterminadas porque se afectaría el derecho de los involucrados, y que, por lo tanto, mientras no haya constatación en la zona, la denuncia debía archivarse.
En aquella denuncia del 2008 Chota acusa por primera vez a las personas que según él estaban detrás de la tala de árboles en su comunidad: Francisco Santillán Rojas, Eurico Mapes Gomez, Adeuso Mapes Rodríguez, Armando Cárdenas, Wilson Montenegro y los hermanos Juan, Carlos, Segundo y Josimar Atachi Félix.
Hace unas semanas, OjoPúblico se comunicó con Fanny Álvarez Bravo para conocer más detalles de los argumentos que la llevaron a archivar la primera denuncia de Chota. Nos dijo que no recordaba el caso, que había transcurrido ya mucho tiempo.
Archivar una denuncia es enviar al olvido el proceso de investigación, abrirle la puerta a la impunidad. Y eso ocurrió con la denuncia que planteó Edwin Chota el 2008. En silencio, a miles de kilómetros de Lima, en la espesa y olvidada frontera que comparten Brasil y Perú, la tensión se fue incrementando. El 26 de setiembre del 2011 los trabajadores de Ecofusac, una de las empresas con concesión forestal en la zona, llegó para realizar unos trabajos de campo, pero fueron intervenidos por los dirigentes de la comunidades de Saweto y de Apiucha, ubicada al otro lado del río, en Brasil. No los dejaron bajar del bote y les pidieron que se regresaran.
El incidente fue reportado el 25 de noviembre del 2011 al entonces director ejecutivo forestal de Ucayali, Marcial Pezo Armas. En la carta, el representante legal de Ecofusac, José Estrada Huayta, brinda detalles de la intervención y menciona que la comunidad reclamaba ser la titular de esas tierras y que sí podría existir una superposición de derechos. Nadie hizo nada. Marcial Pezo ocupa en la actualidad nuevamente el puesto de director forestal en Ucayali, quien ha sido denunciado en varias oportunidades de autorizar la extracción de árboles ficticios.
Autorizaciones impunes
Sentada en uno de los bancos de piedra del cementerio general de Pucallpa, Karen Shawiri campos recuerda el liderazgo de Chota: “Todo lo que él hablaba se está viendo ahora, la destrucción del ambiente”, dice. Ella fue jefa de la comunidad de Saweto hasta el año pasado, y fue una de las dirigentes que durante años también se ha opuesto a la extracción de madera en su territorio. Fue ella, quien junto a Chota, intervino ese 26 de setiembre a los madereros de la empresa Ecofusac.
Con el paso del tiempo, el conflicto en la frontera solo se hizo más insostenible. Cansado de tantos años de silencio, en abril del 2013, Edwin Chota vuelve a denunciar ante la fiscalía ambiental de Ucayali la presencia de los mismos taladores en el territorio de la comunidad, que hasta ese momento no había logrado titularse porque no tenían los recursos económicos para elaborar el expediente técnico.
Pero esta vez, Chota hace algo adicional, arriesga más. Harto de que no lo escuchen, los últimos días de marzo, junto a un grupo de dirigentes, sigue por río durante días la ruta de la madera extraída ilegalmente de su comunidad. Observa que el cargamento valorizado en más de 100 mil soles ingresa a un aserradero en el puerto de Pucallpa, el lugar en donde ocurre la primera transformación de los enormes troncos de árboles en madera.
Ese día, el 5 de abril del 2013, denuncia el hecho ante la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali, a cargo de Marcial Pezo Armas, quien deriva el tema a Juan José Bedoya Ijuma, del área de tala ilegal del mismo despacho. Aquí es cuando se registra el primer hecho irregular: a pesar de la denuncia y de la falta de documentos, Bedoya se niega a intervenir la madera.
Los líderes indígenas, ofuscados ante la falta de fiscalización, presentan una denuncia penal ante la fiscalía ambiental. En el documento del 8 de abril del 2013, Edwin Chota se queja de la demora por parte de la dirección forestal de Ucayali para inspeccionar la madera. Un día después, la fiscal Patricia Lucano, abre investigación penal contra los presuntos responsables de tala ilegal y dispone la intervención inmediata en el aserradero Forza Nuova EIRL.
Como parte de esta investigación, la fiscalía recogió las declaraciones de funcionarios y representantes de la empresa. OjoPúblico, luego de analizar el expediente, identificó una serie de irregularidades cometidas por los entonces funcionarios del Gobierno regional de Ucayali que no fueron denunciadas en su momento durante la investigación penal.
El cargamento denunciado por Chota ingresó entre el 3 y 4 de abril al aserradero, pero cuando llegó, no tenía el sello de control de bahía, un requisito indispensable para verificar la procedencia de la madera. Este hecho fue alertado por la secretaria de la empresa, Kethy Romayna Sánchez, que ante la duda, hizo algo que ya había hecho antes. Tomó el teléfono y llamó al funcionario de la Dirección Forestal de Ucayali responsable de fiscalizar que las normas se cumplan y eviten la venta de madera ilegal: el ingeniero agrónomo Roy Pinedo López.
La madera no tenía todos los permisos, y a pesar de ello, el funcionario autorizó el desembarco de la madera vía telefónica, sin revisar la documentación. En su testimonio ante el fiscal, Kethy Romayna declara que cuando ocurrían estos hechos siempre se comunicaba directamente con Pinedo López a su número celular “para evitar tener problemas”. Menciona que aquella vez el funcionario le dijo que “no había problema con la madera traída por el señor Hugo Soria Flores”.
Ante la fiscalía, Roy Pinedo dio respuestas contradictorias. Reconoció que nunca corroboró que la madera fuera de origen legal, que no vio los documentos y mencionó que autorizó el desembarco de madera por teléfono “de acuerdo a sus funciones como sectorista”.
Sin embargo, durante la investigación el fiscal le preguntó a Marcial Pezo, jefe inmediato Roy Pinedo, si “era usual que los ingenieros de la Dirección Forestal realicen estas autorizaciones sin contar con la documentación que acredite su procedencia legal”. Pezo contestó: “Ese acto no es usual, si algún personal técnico hace eso estaría cometiendo un acto irregular en su función. A pesar de estas declaraciones y evidencias las autoridades nunca denunciaron ni formalizaron una denuncia contra Pinedo.
Hace unas semanas, OjoPúblico se comunicó con Marcial Pezo, que actualmente ha vuelto a ocupar el mismo cargo que tuvo aquellos años, y a través de un correo electrónico insistió en que el ingeniero encargado debió verificar en persona la documentación del producto denunciado como ilegal por Chota, tenía que haber revisado “sus respectivos códigos, cantidades, especies y medidas para su trámite correspondiente”.
Pese a lo relatado, Roy Pinedo López nunca fue incorporado a este proceso de investigación por la fiscalía ambiental. Marcial Pezo Armas dijo que solo se le llamó la atención “al evidenciarse que no estaba cumpliendo con los procedimientos regulares en la verificación de los productos forestales maderables” y le exhortó “al cumplimiento encomendado”. Hasta fines del 2018 Roy Pinedo López integraba la planilla del Gobierno Regional de Ucayali.
El inicio de una investigación no mitigó las amenazas contra los dirigentes indígenas. Durante aquella intervención fiscal, Edwin Chota y Jorge Ríos fueron amenazados abiertamente por Hugo Soria, quien se identificó como propietario de la madera: “un sawetino va a morir”, les dijo, y el hecho fue descrito sobre una fría y breve acta fiscal ese 9 de abril de aquel 2013. Un año y 5 meses después, ambos dirigentes fueron asesinados.
La inacción del Estado
Cinco minutos se tarda en llegar una persona desde el centro de Pucallpa a la sede de la fiscalía ambiental: un edificio de tres pisos, enchapado de losetas verdes, con puertas de metal y un único y estrecho acceso. Adentro, los despachos fiscales tienen pequeños escritorios y sobre ellos lucen atiborrados cientos de expedientes que aletean por los ventiladores que poco ayudan a contrarrestar el calor de la selva. Hasta este lugar, ubicado en la primera cuadra del jirón Guillermo Sisley en distrito de Coronel Portillo, llegaron Edwin Chota y Jorge Ríos el 8 de abril del 2013.
En la segunda denuncia del 2013, Edwin Chota y Jorge Ríos, vuelve a acusar a los mismos personajes del 2008: Segundo Atachi Félix, Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y los que resulten responsables de la tala ilegal en su comunidad. Es en el contexto de esta denuncia que los fiscales ambientales Patricia Lucano y Francisco Berrospi ordenan el 9 de abril la inmovilización de 800 trozas de madera.
El cargamento fue reclamado como de su propiedad por Hugo Soria Flores, que ese día se encontraba en el aserradero. Como parte del proceso abierto a raíz de la denuncia de Chota, la fiscalía lo incluyó como investigado.
Cinco años después de la primera denuncia de tala ilegal en el territorio de su comunidad, la fiscalía cita como testigo a Chota el 18 de abril del 2013. La transcripción de esa entrevista revela el la frustración del dirigente y expresa la inacción del Estado. “Yo conozco a la familia de los Mapes, eran taladores desde antes de que la Comunidad Alto Tamaya Saweto se organizara, eso es desde el 2002, por otro lado, la familia Atachi fue a talar por la zona desde el 2005. Ellos no son concesionarios forestales, se han metido a la zona de forma prepotente e incluso con amenazas de muerte hacia mi persona y los demás comuneros”, relató el dirigente.
– Explique usted qué clase de amenazas recibió por parte de las personas antes indicadas y bajo qué circunstancias lo hicieron.
– Quiero indicar que el primer acto de agresión que recibimos fue de parte de Eurico Mapes Gomez y su padre Amadeus Mapes Rodríguez, y esto fue en venganza porque la policía de Brasil los intervino y les incautaron todos sus bienes, pues los habían encontrado talando en Brasil. Pensaron que nosotros éramos los soplones y nos robaron dos motores de peque peque y destruyeron un canoa y un bote con capacidad de una tonelada y media. Esta familia de origen brasileña, cada vez que pasa con madera por nuestra comunidad, lo hace disparando al aire para atemorizarnos. Respecto a Segundo Atachi Félix, este señor es la cabeza de la organización que viene talando en la comunidad, y es quien da órdenes. Josimar Atachi Félix, entre el 2005 y el 2006, vino ante mí acompañado con su obrero y me amenazó diciendo, “si en caso mi madera no sale ahí yo mato”. Él portaba un arma de fuego.
– En su calidad de dirigente, ¿qué acciones tomó o está tomando al respecto de estos hechos ilícitos?
– Nosotros hemos venido denunciando el tema ante diversas autoridades, sin embargo, por la inaccesibilidad de la zona no se ha realizado hasta ahora ninguna constatación.
La parte final de la declaración de Chota es un grito desesperado para que las autoridades visiten su comunidad “y verifiquen la realidad de los hechos que se narran”, y se haga un trabajo conjunto de fiscalización y control con las autoridades de Brasil, pues ellos, la comunidad de Saweto ya trabajaba en alianza con la comunidad nativa de Brasil Apiucha.
Habían transcurrido cinco años de la primera denuncia y las autoridades no habían realizado una sola inspección en Saweto. Todos decían que no había recursos. Incluso un acta del 29 de mayo del 2013 menciona de que las entidades del Estado “no cuentan con los medios económicos suficientes para realizar la inspección ocular” en la cuenca de Alto Tamaya.
Unas semanas después, el gobierno regional de Ucayali, entonces a cargo de Jorge Velásquez Portocarrero, solicitó al Ministerio del Interior el envío de un helicóptero ubicado en Pucallpa para recorrer las zonas que los dirigentes de Saweto habían identificado como áreas de campamentos de madereros ilegales. La respuesta llegó con un nuevo no. No había helicópteros disponibles, les dijeron.
OjoPúblico se comunicó con el entonces titular del sector, Wilfredo Pedraza, y dijo que no recordaba el pedido realizado por el gobernador Velásquez, pero indicó que el Ministerio de Defensa recién compró helicópteros franceses el 2015, por lo que consideraba poco probable que su cartera haya podido apoyar directamente aquella solicitud.
En los meses siguientes la investigación no avanzó. No se programó ninguna inspección a la zona y mientras, las amenazas contra los dirigentes continuaron. En junio del 2013 Edwin Chota solicitó garantías para su vida y de los demás integrantes de la comunidad de Saweto ante la prefecra de Ucayali. En la carta, Chota responsabiliza públicamente a los investigadas por tala ilegal de cualquier agresión contra la comunidad o contra él.
Seis años y cuatro asesinatos
Uno de los sitios turísticos más visitados en Ucayali es el Parque Natural de Pucallpa. En este espacio de 28 hectáreas que alberga a más de 400 especies de flora y fauna funciona la Dirección Forestal de la región. Hasta aquí Edwin Chota llegó repetidas veces para denunciar la existencia de tráfico ilegal de madera en los territorios de su comunidad.
La frustración no detuvo al líder. El 28 abril del 2014, luego de seis años de hartazgo, oficios y denuncias, el dirigente presentó nuevas cinco cartas múltiples al gobierno regional, nacional, la policía y fiscalía, denunciando que la tala ilegal se había identificado. Las amenazas de muerte no lo frenaron. La inacción y demora del Estado, acabó por exponer la vida de los dirigentes de Saweto. En este último lote de cartas, el líder indígena anexa fotografías de los taladores ilegales y las ubicaciones con las coordenadas exactas de sus campamentos. Hace lo que durante seis años las autoridades judiciales no hicieron: identificar a la mafia.
Edwin Chota identificó en total 67 puntos de extracción ilegal de madera y solicitó una inspección a la zona. Nuevamente, hubo silencio de casi todos. Solo la Defensoría del Pueblo, gestionó en mayo de ese año una reunión de los dirigentes con los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Al encuentro asistieron Edwin Chota junto a otros cinco dirigentes de su comunidad: Roger Shawiri Campos, Jorge Ríos Pérez, Teresa López Pérez, Julia Pérez Gonzáles y Maritza Pinedo Comingahuete. Por el Estado participaron Emilio Álvarez Romero e Ildelfonso Riquelme Ciriaco, de Osinfor, Belmira Carrera La Torre, de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura, y Javier Lam Figueroa, de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.
Por primera vez en mucho tiempo, esta reunión concretó algunas acciones: Osinfor se comprometió a inspeccionar la zona, pero por asuntos administrativos la reunión se programó recién del 25 al 29 de agosto. La mafia se había extendido en la frontera. Esa sería la primera y última inspección. El 1 de setiembre del 2014 Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados, sus cuerpos dejados a la interperie y desaparecidos en la frontera con Brasil. A dos de ellos jamás los encontraron.
Derechos arrebatados
La lucha de Chota y sus compañeros no solo denunciaba el tráfico de madera, buscaba la titulación de sus tierras. También a ese pedido no tenía respuestas. El 2013, mientras eran amenazados de muerte, los dirigentes se enteraron de que el gobierno había otorgado concesiones forestales sobre su territorio ocupado hace años. Como ha ocurrido en otros casos, el gobierno del Perú, resuelve con mayor celeridad los derechos para concesiones privadas, que los títulos de la comunidad.
Ante este escenario, Edwin Chota solicitó el 5 de abril del 2013 a través de un oficio enviado a la Dirección Forestal de Ucayali, “la exclusión y redimensionamiento de unidades de aprovechamiento forestal superpuestas a Saweto”. El pedido se resolvió recién en enero del 2014.
El entonces titular de la dirección forestal, Marcial Pezo Armas, rechazó la solicitud de la comunidad argumentando que un informe técnico de su dirección elaborado señalaba que en el territorio reclamado por la comunidad existían siete concesiones de bosques adjudicadas a la empresa Eco Forestal Ucayali SAC.
El pedido de Edwin Chota -que en ese momento ya era un grito desesperado contra la impunidad- alcanzó a la PCM. El 3 de junio del 2014 envió un oficio al entonces presidente del Consejo de Ministros René Cornejo Díaz en el que exponía los retrasos en el proceso de titulación de su comunidad y las reiteradas alertas sobre tala ilegal en Saweto, cuya investigación no avanzaba en la fiscalía.
Denuncia FEMA 2013
Los dirigentes de Saweto solicitaban la presencia de una comisión multisectorial para atender los problemas de su comunidad. Diez días más tarde, el 13 de junio del 2014, la PCM respondió. Solo les dijeron que Cofopri estaba por culminar la etapa de saneamiento físico legal de la comunidad. No mencionaron ni anunciaron acciones contra la tala. PCM y la fiscalía ambiental recibieron las mismas fotos, las mismas coordenadas donde se hallaban los campamentos ilegales, pero nadie movilizó un solo contingente policial.
Solo el asesinato de los cuatro dirigentes de Saweto, despertó al Estado. El 14 de octubre del 2014 a través de una resolución, el gobierno regional de Ucayali excluyó 48 mil hectáreas de concesión maderera pertenecientes a Eco Forestal Ucayali SAC. En la actualidad, la empresa tiene como domicilio -según registros públicos- el kilómetro 13 de la carretera Federico Basadre, también sede del Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC.
Justicia pendiente
Solo después de la masacre de los dirigentes la fiscalía retomó la investigación ambiental por tala ilegal que Chota había presentado y el Poder Ejecutivo publicó el Plan de Acción Saweto, un documento que impulsaba programas en Salud, Educación, Mujer, Desarrollo e Inclusión Social, Transporte, entre otros a favor de la comunidad.
A más de cinco años de los asesinatos, los resultados no son significantes, dicen los actuales representantes indígenas. Dentro de los puntos prometidos, se encontraba, por ejemplo, la construcción de un camino peatonal que uniera a la comunidad Saweto con la brasileña de Apiucha. La obra consideró la instalación de un camino de 35 kilómetros, pero hasta hoy no se ha iniciado ninguna obra.
Tampoco se tienen avance en la propuesta de instalación de módulos básicos de vivienda que beneficiarían a 25 familias. Para la ejecución de esta medida se había contemplado una inversión de S/10 mil por hogar. Una de las pocas promesas cumplidas fue la titulación de la comunidad, después de 12 años de trámites.
Con el proceso penal por tráfico de madera el avance ha sido lento y con el tiempo fueron reduciéndose el número de investigados. En este momento se encuentra en etapa acusatoria contra Segundo Atachi Félix, Josimar Atachi Félix y Hugo Soria Flores. Para ellos, el fiscal ambiental Dumas Campos ha solicitado cinco años de prisión por el delito de tráfico ilegal de madera.
El cuarto investigado, el empresario maderero y fundador de Eco Forestal Ucayali José Estrada Huayta, logró suspender la acusación en su contra por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.
Enrique Casanto
En el proceso, y a pesar de las evidencias, los fiscales nunca incluyeron a los funcionarios del gobierno regional que permitieron la comercialización de madera de origen ilegal, denunciado por los líderes de Saweto.
Desde que se archivó provisionalmente la primera denuncia presentada por tráfico de madera el 2008, cinco fiscales ambientales han pasado por el caso: Patricia Lucano y José Francisco Berrospi, en la fase preliminar y preparatoria; luego Yenni Edita Alvarado Cabrera y Julio César Guizado Acuña, para la parte acusatoria. En la etapa de control de acusación fue designado Dumas Campos.
Hoy, la última etapa se encuentra pendiente de audiencia. Fuentes del despacho de la segunda fiscalía ambiental señalaron a OjoPúblico que la realización de estas sesiones están previstas para mediados de este año y los primeros meses del 2021. El retraso -argumentan- responde a la enorme carga procesal de la Corte Superior de Ucayali. (Ojo Público / Nelly Amancio – Aramís Castro)
