Reformar las encuestas electorales

Por: Moisés Panduro Coral

De acuerdo a ley, durante un proceso electoral, las encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza se pueden difundir y publicar en los medios de comunicación hasta el domingo anterior al día de las elecciones. Esto significa que las encuestas referidas a las elecciones generales del 10 de abril podrán ser difundidas hasta el domingo 3 de abril.

¿Por qué se difunden las encuestas electorales? La premisa de origen que sustentó su difusión es el principio de la equidad de información. Se partió del supuesto de que existe una población informada que tiene acceso a medios, que lee periódicos, que oye radio o que ve televisión; y otra desinformada que no goza de ese acceso. Las encuestas, entonces, podían contribuir a proveer información al ciudadano acerca de la percepción que se tiene del candidato, de la intención de voto con respecto de él y de sus propuestas de gobierno. La medición de esa percepción debía ser obtenida con la estrictez metodológica y la honestidad a toda prueba que demanda una auténtica y rigurosa investigación científica.

Empero, en una sociedad como la nuestra, degradada políticamente, especialmente a partir del fujimorismo de los noventa, ese papel prístinamente democrático que debían cumplir las encuestas se ha tergiversado completamente. Las encuestas de hoy son pingües negocios. Ya oímos a Montesinos cómo compraba encuestas, repartiendo 20,000 o 30,000 dólares mensuales entre los propietarios de las encuestadoras para jugar con el margen de error estadístico. “A éste levántale tanto, al otro bájale un poco, éste que vaya quinto, a ése ponle tercero, a mí me pones con tanto” eran las órdenes de los inquilinos del SIN y de Palacio que se cumplían sin dudas ni murmuraciones por quienes, en 2016, aparecen vendiendo el mismo humo que en los noventa.

De lo anterior se deduce que las encuestas masivamente difundidas, son formas sutilmente ilícitas de hacer propaganda. Lo que antes lo hacía el volanteo, el pegado de afiches, el perifoneo, el spot publicitario de radio y televisión, el avisaje en el periódico, el mitin, el face to face, ha sido reemplazado -con el poder de una bomba nuclear- por las encuestas compradas. Para decirlo sin ambages, las encuestas se han convertido en armas propagandísticas adquiridas con el poder del dinero de promotores y mecenas para orientar el voto a favor de su candidato y erosionar a sus rivales.

Al haberse deteriorado gravemente la credibilidad de las encuestas y haberse falseado su intencionalidad inicial, se hace evidente la necesidad de reformar la legislación que las arropa. Abogo por que así sea. Cuando propusimos, hace años, desde nuestra modesta trinchera una ley que prohíba los regalos, las entregas de dinero, las dádivas y prebendas en campaña electoral apuntábamos a reformar la legislación que les daba carta libre, y con ello, detener el cruento desangramiento del presupuesto público, evitar el dinero malhabido del narcotráfico y la corrupción, frenar la perversidad que esas prácticas representan para la dignidad de la gente y que es contraria a la mentalidad y actitud emprendedora que debemos promover y cimentar. La eficacia de la ley ya lo hemos comprobado hace poco. Una ley es eficaz cuando se hace cumplir sea quien sea el infractor.

Es lo mismo que debemos hacer con las encuestas: reformar la legislación que les da soga larga para su desbocamiento incontrolado, no con el afán de restringir la libertad de hacer empresa, ni de restarles credibilidad, -ya la han perdido hace tiempo-, sino con el sano propósito de que recuperen su credibilidad, que cumplan su papel democrático, que no bambeen sus cifras, que no sean meros instrumentos proselitistas escudados en el “voto escondido” o en el porcentaje del “no sabe, no opina”.