El fiscal Hamilton Castro negó que el pedido de prisión preventiva por 18 meses hecho en contra de cinco representantes de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA responda a presiones de corte político. Agregó que la solicitud se dio, luego de un proceso de corroboración de las declaraciones del ex directivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.
“Rechazamos categóricamente que esta investigación y este pedido responsa a presiones de corte político, la prueba está en la cronología, porque todo esto proviene de un proceso de corroboración de lo que dijo un [aspirante] a colaborador eficaz [Barata]”, manifestó.
De esta manera Castro respondió al abogado de Fernando Castillo, John Caro, quien declaró que los empresarios no deben ser «chivos expiatorios de los problemas entre el Ministerio Público y el Congreso», en referencia a la denuncia presentada por Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no haber denunciado a los socios de Odebrecht con celeridad.
