Comunidades indígenas del Lote 95, en el distrito de Puinahua, mantienen paralizadas las actividades petroleras exigiendo la atención del Estado en el plan de cierre de brechas y el cumplimiento de los compromisos asumidos PetroTal en las actas que establecen el pago de tres expedientes técnicos para la construcción de postas médicas y el acceso de las comunidades a los beneficios de los barriles fiscalizados.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y más de 2300 comunidades nativas, cuestiona que lejos de establecer canales de diálogo, el gobierno busca militarizar la zona, donde los pobladores están en movilización permanente.
«Si hay represión al pueblo en un gobierno que se supone que representa al pueblo, se acabará la actividad petrolera y se pedirá la vacancia del presidente Castillo», señaló el Apu James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap).
Los pueblos indígenas de Loreto recuerdan que, en 2020, cuando las comunidades ejercieron su derecho a la protesta, amparado en el Convenio 169 de la OIT, tres hermanos kukama fueron asesinados tras una represión violenta de parte de la policía, hechos que aún no son sancionados por la justicia.
Responsabilizan al Estado de toda acción que dañe la vida y la salud de los integrantes de las comunidades, por violar el artículo 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Esperan que se establezca el diálogo y acciones concretas sobre la agenda social de las comunidades, considerando que la explotación petrolera no genera beneficios económicos y que los servicios básicos no llegan a los pueblos, violándose el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT.
