Los Moreno audios han servido de mucho al destapar un caso de corrupción que se venía arrastrando desde hace años y que mediante la colocación estratégica mediante el amiguismo de estos asesores y operadores parecía permanecer incólume. Ahora se ha descubierto curando en salud a este gobierno por el momento. PPK debería agradecer que el caso se haya destapado tan pronto. La reacción, aunque tardía para muchos, puede darle un respiro si se hacen efectivos algunas de las propuestas que ha dado a través del anuncio que dio.
Uno de ellos el más esperado tal vez es el de aplicar la Muerte Civil para todos los corruptos que hayan desfalcado con poco o mucho al Estado. Hay hace varios años algunas propuestas legislativas al respecto que jamás se tomaron en serio debido a los múltiples anticuchos que tienen, precisamente, los que tienen que aprobar esta norma, es decir los congresistas. Sin embargo para que la muerte civil sea realmente efectiva y para que se sienta que el gobierno da luces de lucha frontal contra la corrupción debería ser radical. Al menos en sus primeros años para luego evaluar si se puede “suavizar” debido a la casuística que puede presentarse en el camino.
Algo así como la norma que penaba con cárcel inmediata si existía agresión a la Policía y que ahora se ha “suavizado” por múltiples factores. Sin embargo la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello ha dado claves de lo que podría ser una norma rala, sin mucho impacto y con pocos resultados. Por ejemplo ha planteado que esta muerte civil se dará cuando se cometan (delitos) contra el patrimonio del Estado, siempre que la gente actúe como parte de una organización criminal como persona vinculada o por encargo de ella, o contra programas de fines asistenciales o de desarrollo. Es decir, si lo hace solo, no habría delito.
Si la ministra de Justicia tiene razón, además como especialista en el tema, debe estar asumiendo una posición oficial, entonces la norma puede caer en saco roto. Lo que menos quiere o puede generar como impresión el gobierno es el de impunidad. No sólo porque su fragilidad congresal, la edad del presidente y sus pocos aliados en las diferentes grupos políticos, van hacer caer en deslegitimidad peligrosa ante la población que ni sus campañas mediáticas lo salvarán.
