Caso “La noche”
Preocupante sentencia emitida en caso emblemático de trata
Lo expuesto requiere de la adopción de estrategias y medidas para garantizar la seguridad de las víctimas y de sus familias, y para investigar con la diligencia debida, respetando los derechos fundamentales de la víctima, aplicando sanciones proporcionales al daño causado, y estableciendo reparaciones adecuadas.
La trata de personas -conocida como “la esclavitud del siglo XXI”- afecta, principalmente, a mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo cual constituye una materia de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo que, a fines del año pasado, presentó el Informe Defensorial N° 158, titulado “La trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes“, en el que, entre otros aspectos, identifica que el 92% de los casos estuvo dirigido contra adolescentes mujeres.
Estas evidencias ratifican que la trata constituye un flagelo para la población femenina; sobre todo aquella vinculada a la explotación sexual. En este contexto, el caso de trata denunciado en el night club “La Noche” de Piura constituye un hito importante entre ilícitos penales que, por temor a las represalias violentas, no suelen denunciarse y, menos aún, perseguirse.
En el marco del seguimiento a este caso, preocupa el contenido de la reciente sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado “A” de la Corte Superior de Piura, que absuelve a cuatro de los cinco inculpados principales. El problema se agrava ya que su emisión incrementa el riesgo para la seguridad de la víctima, identificada con las iniciales J.I.P.C., quien se atrevió a plantear su denuncia a pesar de las amenazas y posibles represalias en su contra.
Ante esta situación, y sin interferir en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, la Defensoría del Pueblo decidió, de un lado, intervenir en ejercicio de sus funciones planteando su posición institucional en el marco del proceso penal; y, de otro, exhortar a que se mantengan las medidas de protección emitidas en favor de la víctima.
El deber estatal de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de trata –en especial su derecho a la dignidad- implica, necesariamente, que todos los operadores jurídicos involucrados se sensibilicen ante este grave problema y que actúen con total firmeza.
Frente a delitos complejos como la trata -que en muchos casos son cometidos por organizaciones criminales y que quedan impunes- el efecto social de una sentencia puede ser devastador, no solo para la víctima sino para la sociedad en su conjunto. Y es que vulnera el derecho fundamental de toda persona a la tutela judicial efectiva, desincentiva la denuncia, fortalece la posición de los perpetradores y genera impunidad, incrementando la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones y, en particular, en el sistema de justicia.
