Las asesorías y montos revelados por Odebrecht a la comisión Lava Jato por más de 700 mil dólares no son una cortina de humo, pero sí una prueba de fuego de la que no saldrá libre el Presidente de la República. Tal vez el ánimo popular no alcance para una vacancia, pero que roza con su renuncia creo que sí. Tal vez ha llegado el momento de plantearse la salida lo más respetuosa posible del mandatario. Acuérdense que van a seguir saliendo sus asesorías cuando ejercía no sólo cómo particular sino como ministro, de hecho, ya se hablan que son más de cinco millones de dólares los montos que facturó entre el 2005 y 2013.
Mantener la calma y para que los índices sociales y económicos no se afecten, aunque parezca contradictorio, es continuar con las investigaciones y que se robustezcan las instituciones tutelares de la administración de justicia. En ese sentido es relevante que los fiscales y jueces, sin temor al ruido y hecatombe política que se pueda generar, continúen con su labor en el marco de independencia.
Es en ese sentido que el trabajo de los fiscales anticorrupción y lavado de activos como José Domingo Pérez tienen una labor vital por estas semanas. Han recibido de todo por una maquinaria como el Fujimorismo que cree que tener el control político implica cierta inmunidad. Hay muchos especialistas que creen que finalmente y luego de todas las pesquisas la “donación” o “coima adelantada” de Odebrecht a los candidatos presidenciales no los llevará a la cárcel.
Este debate puramente legalista obvia lo que se está generando a nivel de la opinión pública, pero en realidad poco importa a los políticos con ambiciones y posibilidades electorales. En una entrevista que le hice la semana pasada a Rosa María Palacios, hablaba de lo que sucede actualmente en el país; algo así como la “homologación” de la moral. “Si Tú haces una encuesta sobre tu radio o cualquier cosa en el Perú, la gente va responder que es corrupta”, decía la periodista con razón. Por esa misma explicación es posible que a PPK no le pase nada a pesar de la gravedad de lo que se está revelando.
Es cierto, haber delinquido previamente al ejercicio del poder, no sólo no sería delito sino existe un sobre esfuerzo en la investigación fiscal que pudiera configurar los posibles delitos en los cuáles actualmente se le atribuyen. Entonces el mayor demerito o la amenaza que se cierne sobre el fujimorismo en realidad tiene que ver con su homologación en el tema Odebrecht y el impedimento que tendría por el sólo hecho de estar encausados al 2020 en un proceso de lavado de activos lo que les impediría postular de acuerdo a las actuales normas.
Ahí se funda la importancia de la independencia del fiscal José Domingo Pérez y el curso de su investigación fiscal. Hace unas semanas en otra entrevista a Gustavo Gorriti, decía textualmente que si lo dejaban llevar adelante esta investigación a este fiscal arequipeño, confiaba en que habría resultados en este y otros caso de corrupción que está en curso en su despacho. Dada las fuentes y seriedad con la que se maneja Gorriti, la expectativa es grande sobre este prudente fiscal.
Lamentablemente a raíz de los hechos y de la bomba noticiosa generada por las asesorías de PPK esto quede por un buen tiempo en segundo plano, pues el fujimorismo tiene excusas suficientes y probadas para generar la renuncia del mandatario y si no lo logra ir por la vacancia.
