La canadiense Altamesa Energy, operadora del Lote 192, atraviesa problemas financieros graves, acumulando deudas de seis meses con contratistas y comunidades locales. La situación derivó en la toma del territorio por parte de las comunidades afectadas, quienes retuvieron a trabajadores de Altamesa como medida de presión para exigir el pago de las obligaciones pendientes.
Petro-Perú, en un intento de contener el conflicto, ofreció S/5 millones para iniciar los pagos, aunque las comunidades demandan S/15 millones para garantizar la continuidad del proyecto. La disolución del contrato con Altamesa podría implicar para Petro-Perú la ejecución de una fianza bancaria de US$43 millones y su exclusión de futuras licitaciones de hidrocarburos, lo que complicaría aún más el panorama.
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