El Ejecutivo informó que avanzó un 65% en la implementación del Consenso de Montevideo. Reportó problemas en el acceso a los anticonceptivos y al aborto terapéutico
El Gobierno Peruano presentó ayer su informe nacional sobre la implementación del Consenso de Montevideo, documento que contiene acuerdos para reforzar los asuntos de población y desarrollo en nueve temas prioritarios; entre ellos, la salud sexual y reproductiva, y la igualdad de género.
Esta presentación se realizó en el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Ejecutivo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
De acuerdo al informe peruano, que fue elaborado por una comisión multisectorial presidida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), nuestro país logró un avance del 65% en el cumplimiento de los acuerdos asumidos en el consenso.
–Problemática social–
Entre las principales conclusiones, el Estado peruano indicó que “está implementado las medidas prioritarias” del compromiso, por lo que ha “orientado sus esfuerzos” en la reducción de brechas existentes en la calidad de vida y en el fortalecimiento de derechos. Sin embargo, reconoció también que persisten algunos problemas en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
En este punto, se explicó en el informe que si bien se ha mejorado la atención del parto institucional y atención prenatal (la proporción de partos con personal especializado ascendió a 92% en el 2016), los métodos anticonceptivos modernos no siempre están disponibles por “problemas de logística”. Esto, pese a que aumentó su uso en el país (de 49% a 53% entre el 2013 y el 2016).
Respecto al anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente, cuya distribución gratuita se reanudó tras una decisión judicial del 2016, se especificó que todavía “es necesario que se expanda la distribución e información sobre su uso, y que se garantice el acceso a víctimas de violación sexual”.
Sobre el aborto, el gobierno recordó que en nuestro país solo es legal aquel que se practica de forma terapéutica siempre que la vida de la madre esté en riesgo, luego de que se aprobara su protocolo médico en el 2014. Según reportes oficiales, al 2016 se realizaron 311 procedimientos. No obstante, el Estado manifestó que hay información poco precisa sobre abortos clandestinos, por lo que no se puede analizar con exactitud la dimensión de esta problemática.
El Perú consideró en su informe que tiene como desafío pendiente la prevención de los embarazos en adolescentes, “cuya situación no ha variado en los últimos 20 años”. Para ello, precisó el Ejecutivo, “se requiere la inclusión de la educación sexual integral en los planes escolares del Currículo Educativo Nacional”.
–Retos y desafíos–
De acuerdo a la plataforma Mira Que Te Miro, iniciativa regional que realiza un monitoreo sobre los avances en la implementación del consenso, nuestro país está cerca del promedio latinoamericano respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos en salud y derechos sexuales y reproductivos.
Destacó, por ejemplo, que el Gobierno Peruano brinde servicios amigables para los jóvenes, y registre un progreso en la atención especializada a víctimas de violencia de género. No obstante, recomendó al Ejecutivo implementar una “estrategia de comunicación
desde la sociedad civil orientada hacia la ciudadanía” sobre la educación integral en sexualidad.
Susana Chávez, directora de Promsex, afirmó que hoy existe un esfuerzo multisectorial para abordar la problemática de la mujer, pero el trabajo debe ser más articulado entre los sectores involucrados (Educación, Salud, Mujer) para fortalecer así la institucionalidad y rectoría del Estado. “La poca articulación estatal no permite una defensa adecuada de las políticas públicas”, dijo.
