ESCRIBE: Tato Barcia
Las obras mal ejecutadas y sobrevaloradas son los temas más recurrentes que denuncian los ciudadanos de Iquitos. Y esto me trae a colación las palabras del Contralor General de la Republica, Nelson Shack, quien reiteradamente indica que es fundamental la participación de los ciudadanos en la supervisión de las obras. También precisa que impulsará la participación de monitores ciudadanos para el seguimiento de las obras públicas, práctica que se extenderá en todo el país. El nuevo modelo de control concurrente es el futuro del control gubernamental y la participación ciudadana es relevante ha dicho el Contralor General.
Quería empezar este artículo recordando las palabras del Contralor General de la Republica, ya que esta vez me tocó ser partícipe en primera persona, junto con un grupo de vecinos de la calle Ruy Guzmán primera y segunda cuadra, donde el contratista que tiene a su cargo la pavimentación y refacción de veredas hizo y hace lo que le viene en gana. En primer lugar, no se tomaron en cuenta variables topográficas y climáticas, las cuales indudablemente influirán negativamente en el resultado final de la obra. Entre los procesos inobservados por la constructora que me pude percatar y que seguramente afectará a la estructura del pavimento rígido puedo citar: utilización de arena fina (A-1), cuando el expediente técnico exige (A-3); material para la base, proceso de curado deficientes, cortes de juntas en tiempos no idóneos, utilización de maquinaria inapropiada. Y otros errores que saltan a simple vista para cualquier ciudadano que se da una vuelta por la obra.
Tratando de seguir las recomendaciones referidas en el primer párrafo de este artículo, en forma reiterada durante la ejecución de la obra me acercaba a conversar con el ingeniero residente, supervisión y maestro de obra respectivos para hacerles notar las evidentes deficiencias de las cuales me pude percatar muy fácilmente debido a mi experiencia de más de 20 años como empresario constructor de obras públicas. Siempre recibía una u otra excusa. Pero el día de ayer en vista que se encuentran próximos a la culminación de esta obra y ante las abundantes fallas y deficiencias encontradas intenté entablar una conversación, que a mi pesar degeneró muy rápidamente en una serie de improperios vertidos por los trabajadores de la obra en supuesta defensa de la carencia de argumentos del ingeniero residente.
En este punto quisiera definir que se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aun en condiciones húmedas. Puesto que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la profundidad, se deberán colocar los materiales de mayor capacidad de carga en las capas superiores, siendo de menor calidad los que se colocan en las terracerías, además que son los materiales que más se encuentran en la naturaleza y, por consecuencia, resultan más económicos.
Los materiales para sub-base y base estarán sujetos a los tratamientos mecánicos que lleguen a requerir para cumplir con las especificaciones técnicas de las bases del proceso de selección. En este caso indica claramente para la Sub-base la utilización del A-3, aunque lo recomendable es la utilización del A-2-4, debido a su componente arcilloso que ayuda a aglutinar y compactar el suelo (esto es una clara deficiencia del expediente técnico); ya que el terraplén debe contar con el grado de granulométrica, grado de compactación y el grado mínimo “CBR”, que indica el grado de resistencia del suelo (California Bearing Ratio). Sin embargo, el contratista usó a lo largo de toda la obra “arena fina” (A-1). Y en el supuesto hipotético negado que haya utilizado el (A-2), este debió ser compactado en capas cada 20 cm. En la práctica, en la obra se procedió a rellenar directamente con arena fina (A-1), sin tener en cuenta mucho menos el grado de compactación. Inclusive hubo varias detenciones de la obra debido a que el material se fugaba por las tuberías o buzones de desagüe.
Nos encontramos frente a un expediente técnico mal elaborado con código SNIP 298027, donde resulta que el ingeniero responsable es Gilmer Iván Ulloa Bocanegra (10181405835) que por esas cosas extrañas en este proceso de adjudicación de esta obra resulta ser el mismo profesional proyectista quien actúa como residente de obra. Es decir este señor se convierte en juez y parte de la obra, situación que está prohibida taxativamente por el artículo 11.E de la ley de contrataciones del Estado (Ley Nro. 30225) y el artículo 185 de su reglamento.
Cito literalmente: “Que el consultor que elaboró el expediente técnico de la obra, se encuentra impedido de manera individual o en consorcio, de ser participante, postor, contratista o ingeniero residente”. Ahora entiendo en gran parte el nerviosismo y el hostigamiento del que fui objeto cada vez que visitaba la obra. Pero sacaré lo peor de ustedes amigos lectores cuando tomen conocimiento de los demás actos irregulares que se cometieron con el único fin de direccionar al ganador de la buena pro e inclusive sobrevalorar la misma.
Se dice que el SNIP (ahora llamado código “invierte.pe”) genera mayor control en los sobre-costos. Es verdad que sin SNIP la situación sería peor, pero ese mecanismo no cumple a cabalidad su mandato y apenas analiza la viabilidad económica individual de los proyectos que cada uno de los múltiples planes propone. En teoría también considera otros factores, incluida la viabilidad ambiental y social de la propuesta, pero ni sus propios funcionarios dan crédito a eso y reconocen que eso no pasa de un barniz. El código “invierte.pe” alega descansar en el planeamiento que genera los proyectos que se le someten, pero cómo explicarlo. Este es de pésima calidad o es simplemente fantasioso. Por eso, aunque en apariencia los proyectos aprobados tendrían viabilidad económica, en realidad muchos no la tienen por el simple hecho de que faltan otras inversiones e intervenciones conexas que le darían esa viabilidad y que ni siquiera son consideradas o que no son aprobadas por el código “invierte.pe”. Lo que sucede es que al igual que el diabólicamente complejo SNIP, solo se efectuó un cambio de nombre, y el actual se dedica a torturar los proyectos sin perdonar los pequeños y que por eso, ha creado un monumental represamiento de los mismos, pierde el tiempo evaluando inclusive proyectos de cooperación financiera internacional.
Pero el problema no queda ahí no más, en una calidad deficiente de la ejecución de la obra; ya que para el colmo esta obra pública se terminó adjudicando al límite de lo que la “Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado “Ley N°. 30225” y su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF”, lo permite (es decir, cerca del 110% del presupuesto base referencial); esto parecería implicar que esta obra obviamente tienen un “Sobre-Costo”. Esto es algo sabido y de fácil demostración en muchos casos. Por otra parte, en una ciudad dominada por la informalidad, o sea en Iquitos se cumple poco las leyes, parece utópico esperar que se cumplan los planes. Y, de hecho, en buena hora que los tantísimos planes mal hechos no se cumplen a cabalidad pues de hacerlo la situación podría ser peor de lo que es.
Para que mis lectores puedan hacerse una idea. Si usted construye su casa, lo hace teniendo cuidado en lo máximo del ahorro sin afectar la calidad. Así se trate de la calamina del techo de su casa, del piso de cemento pulido, de los accesorios sanitarios y/o eléctricos, etc. obra con el mejor criterio porque es su dinero el que está en juego, y conseguirlo le cuesta mucho esfuerzo, sentido del ahorro, sacrificio de la familia, privándose de muchas aspiraciones. Cuando llega la ejecución del trabajo, usted mismo, o la esposa, hacen de supervisores buscando que la obra se haga con la calidad requerida. Al parecer, no ocurre eso en la administración pública, donde los costos no solo se incrementan como si de “bonus” se tratara, sino que vuelan hasta la estratosfera. Pues eso da lugar a los conocidos comentarios acerca de la presunción de sobrevaloraciones.
Estas, a su vez, explicarían porqué hay muchos funcionarios y/o suertudos empleados públicos que viven con lujos y comodidades que no se condicen con los sueldos que perciben y de los que se quejan permanentemente como insuficientes. Se sabe que los presupuestos de las obras se sobrevaloran para hacer frente a la “alita” lo que ya es conocido y aceptado casi como algo normal. En muchos casos los proyectos tienen una suerte de destino fijo desde la etapa misma de la elaboración de los expedientes técnicos. Digamos que el expediente técnico se contrata con “X“ persona y la obra pasa mágicamente a adjudicarse a una empresa vinculada a la misma persona. Estas casualidades se pueden constatar en varios gobiernos locales de nuestra ciudad. Donde realmente, cuál tramoyistas, hacen y deshacen con la administración del dinero de las arcas municipales, tratándonos a los ciudadanos de la “Isla Bonita” de incautos e ignorantes.
Veamos en que se sustenta esta opinión. A modo de ejemplo hago referencia que el día viernes 26 de julio pasado, en la maloca de la Municipalidad Provincial de Maynas se llevó a cabo la “Licitación Pública No 001-2019-GSGOI-OBRA-MPM”, correspondiente a la obra : Mejoramiento de la calle Rómulo Espinar (entre el jirón Putumayo y el jirón Pebas) y calle Mi Peru (entre el jirón Pebas y jirón Yavari); Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. Resulta curioso que estas dos calles que no están conectadas entre sí, en un abracadabra extraño se convirtieron en un solo proyecto de obra y que para el colmo terminó adjudicándose muy por encima del Presupuesto Base, al límite de lo que el reglamento permite (109.9999%), lo que considero es una falta de respeto a la inteligencia de los Iquiteños; y aquí toca la pregunta del millón: Cómo está “empresa suertuda” es que acabó presentándose al acto público como único postor de 12 empresas participantes; y lo que causa más suspicacia… ¿cómo sabía que se quedaría “Solito” para la apertura del segundo sobre y pueda presentar una propuesta económica tan al límite de lo que las normas citadas lo permiten?. Debido a que el resto de los 11 postores terminaron no presentándose, por lo cual se le dio por “DESISTIDO”, de acuerdo a lo transcrito en la propia acta de presentación de las ofertas.
La licitación pública en mención tenía un Presupuesto Base, sin IGV; ascendente a la suma de S/. 1’748,064.41 y que fue adjudicado a los afortunados y pitonisos del “Consorcio Rómulo Espinar”; conformado por las empresas : ML Contratistas y Servicios Generales EIRL (20493733096) y Constructora Importadora J.J.J. Orba EIRL (20528149953). Por un monto sin IGV, ascendente a la suma de S/. 1’922,870.84. Es decir la oferta ganadora esta al 109.9999%, es decir S/. 0.1 de sol por debajo del presupuesto Máximo que se podría presentar, todo una campanada. Para tratar de disimular ante pueblo de Iquitos publicando el presupuesto base referencial sumándole el IGV lo cual lo alza la suma a S/. 2’062,716.00. Cuando en realidad el postor ganador presentó su oferta económica al límite casi máximo a presentarse sin IGV, que permite la “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. Como se puede observar, esto de publicar los presupuestos, con y sin IGV; debido a que estamos en la zona de selva, les a permitido camuflar a los “Illuminatis” encargados de adjudicar las obras públicas de nuestra ciudad, porque la convocatoria sale con IGV y les permite subir 10%, ya que el IGV les brinda un “margen de maniobra” equivalente al 18% del valor referencial de la obra.
Para un mejor entendimiento de los oyentes, cabe precisar que las propias normas establecen que las entidades deben realizar la elaboración del proyecto de obra, y establecer el valor referencial, donde se incluyen los valores de mano de obra, materiales, maquinaria, gastos generales y utilidades del contratista, concluyendo con todo ello en el costo real de la obra, que es producto de un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, la misma que forma parte de la fase de actos preparatorios y que deberán estar considerados en el PAC, casualmente para que no le puedan sacar la vuelta al Estado. Por esta razón, hacen mal algunos funcionarios públicos de nuestra ciudad, que son miembros de los respectivos comités especiales de selección, al permitir que sea una constante las adjudicaciones de obra al límite de lo que la ley lo permite, es decir, adicionando 10% al valor referencial, que ya de por sí representa el 12% del costo directo (considerando que los gastos generales y utilidad representan el 20% del mismo); y si continuamos con este análisis, es fácil concluir que el sobre-costó de la obra es aún mayor, ya que la permisibilidad de que esto suceda con regularidad, origina que los contratistas puedan acceder a mayores valores de gastos generales, de obras adicionales que al final “Badabin badabum” terminan incrementando el valor, en la misma proporción que se terminó adjudicando el costo de la obra.
(OJO) : En el caso particular de esta obra adjudicada el viernes 26 de julio pasado, utilizado a modo de ejemplo en este artículo de opinión. Tiene otra “singularidad” como nuevo ingrediente, ya que encontramos que de manera “inocente”, los funcionarios públicos respectivos, acumularon dos calles distintas que ni siquiera se encuentran conectadas físicamente (calles Rómulo Espinar y Mi Peru); sin existir la obligatoriedad de adjudicar estas dos calles de esta forma mediante una licitación pública, ya que este tipo de licitaciones exige que los postores acrediten ciertos requisitos de carácter subjetivo (el mismo que será el tema de mi próximo artículo). Pero ¿qué pasaba si procedían a realizar las adjudicaciones por separadas de las calles en mención? Pues hubieran tenido que hacerlo a través de dos adjudicaciones simplificadas, propiciando la mayor pluralidad de postores participantes y, por ende, se hubiera terminado adjudicando la obra por un monto bastante menor al valor referencial, (en promedio se adjudican cerca del 90% del presupuesto base), ya que el modo de presentación de las propuestas es vía web (propuestas electrónicas). Las cuales son supervisados en línea por la OSCE, los propios postores y la población en general, que termina custodiando la buena marcha del proceso de selección. ¿Digamos que menos probabilidades verdad?
¿Toda esta enmarañada trama descubre que pueden existir funcionarios poco escrupulosos en su forma de actuar? O quizá sino pensemos mal, al consorcio ganador se le alinearon todos los astros y se le apareció la virgencita. Pero como es preferible ser suspicaz, diría que huele a que lo hacen a sabiendas de que tienen una población pasiva que solo habla y habla pero no actúa ejerciendo su poder como elemento fiscalizador. Estos funcionarios parecen creer que trabajan en comunidades borregas, es decir donde ellos son los dueños del rebaño y pueden hacer lo que les viene en gana. Ya que al parecer, cada día se sienten más poderosos, sin importar la crítica ciudadana. Les va y les viene. Esto se ha visto (y se sigue viendo) en numerosas obras cuestionadas a lo largo del tiempo. A telón abierto, son conocidos los contratistas que operan con cada administración. Cambio de gobierno implica cambio de funcionarios de confianza y de proveedores. ¿Simple coincidencia? No, es el arte de los amarres al mejor estilo de Houdini con cadenas establecidas que han generado compadrazgos o alianzas sospechosas indisolubles porque al parecer se saben a salvo.
