Miguel Angel Rojas Rios Abogado
En los artículos anteriores se desarrollaron los temas de buen gobierno y gestión por resultados, lográndose apreciar que para llegar al perfeccionamiento de la gestión y política pública, es necesario el control de la ciudadanía; es decir, siguiendo los preceptos de la democracia, los electores, que cuentan con el poder necesario para otorgar a quienes elijan la calidad de funcionarios públicos, haciendo uso de ese mismo poder los supervisen.
Es por ello que formando parte de esta sociedad y en búsqueda de una gestión pública transparente, eficaz, eficiente y sobre todo sensible con la necesidad de la población, considero necesario realizar la siguiente pregunta: ¿Qué es participación ciudadana y control social?
La respuesta más clara y precisa que se puede encontrar es la plasmada por la doctora Mayen Ugarte Vásquez Solís, en el libro “Apuntes para apoyar la discusión del proceso de descentralización”, que conceptualiza la participación ciudadana de la siguiente manera:
“La participación ciudadana debe involucrar, en la toma de decisiones públicas, a cualquier actor – individual o colectivo – que actúe en función de intereses públicos o susceptibles de ser defendidos como tales. Sin restarles importancia ni desvalorar su aporte, las mesas de concertación, los Consejos de Coordinación regionales y locales, las mesas de lucha contra la pobreza y otros mecanismos participativos, suelen ser discusiones entre el Estado y sólo algunos sectores de la población, centradas en cómo repartir los recursos disponibles. Cuando una estructura de tejido social es muy débil, estos tipos de espacios se vuelven vulnerables de ser capturados políticamente como formas de clientelismo e incluso corrupción.” (Ugarte 2005: 66).
Asimismo, la doctora Ugarte considera insuficientes los avances con respecto al control social a través de la transparencia en los portales web de las instituciones públicas, e indica que la principal falla es seguir el control social como un símil indubitable del accountability (rendición de cuentas) o exigencias de los consumidores a través del mercado como mecanismo para expresar preferencias, que es necesario y sugiere un avance significativo, pero no engloba todo el marco que es necesario para el requerido control social, concluyendo que:
“Es necesario realizar esfuerzos significativos por mejorar el acceso a información pública y generar una cultura de exigencia de la rendición de cuentas (tanto del lado de la demanda por parte de la ciudadanía, como del lado de la rendición por parte de las entidades públicas).” (Ugarte 2005: 67).
Bajo el análisis de lo descrito por la doctora Ugarte y como vimos en el artículo del jueves anterior, en nuestro país se dio un paso enorme en búsqueda de la modernización de la gestión pública mediante la experiencia del presupuesto participativo y el presupuesto por resultados, pero aún falta mucho camino para alcanzar lo deseado.
Es necesario reducir la brecha existente para lograr una gestión pública moderna y porque no, tomando ejemplos extranjeros, como Ecuador que desde el 2010 ha creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un ente rector que ordena y facilita la supervisión por parte de la población hacia las instituciones o servidores públicos individualizados, algo muy cercano a lo propuesto en el artículo de buen gobierno.
¿Porque no seguir dando buenos pasos con relación a la gestión pública?, recordemos que somos todos ciudadanos, políticos y servidores públicos en las distintas modalidades quienes configuramos el aparato público, por lo que para un buen funcionamiento del mismo, se necesita el engranaje de todos los componentes; entonces, no seamos indiferentes, ayudemos a mejorar la gestión pública, y la mejor forma de hacerlo es participando, hagamos uso de ese derecho o exijámoslo.
Bibliografía:
UGARTE, Mayen
2005 “Apuntes para apoyar la discusión del proceso de descentralización”. En INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO. Lima: Fundación Konrad Adenauer, pp. 66 y 67.
