Por el Ejecutivo
Desde el primer minuto del lunes 13 de enero se inició el “Paro Amazónico”, en el centro poblado “Santa Rita de Castilla”, distrito de Parinari, provincia y departamento de Loreto. Esta medida fue decisión de las organizaciones indígenas debido a que el Estado Peruano no ha cumplido los acuerdos, a pesar que se firmaron actas y documentos para los trabajos de inversión en las comunidades indígenas desde hace 4 años.
Los pueblos indígenas esperan que se tomen acuerdos concretos en las agendas: Hidrocarburo – cambio del Oleoducto Norperuano, remediación de lotes petroleros y ONP, servidumbre petrolera, comisión de la verdad, indemnización por impacto, nueva ley de distribución de canon petrolero; Post Petróleo – D.S. N° 139-2019 – PCM – Diagnóstico de cierre de brechas; y Proyectos inmediatos 2020 – inversión en educación, agua – saneamiento y seguridad alimentaria.
“Hemos iniciado el paro amazónico desde las 00:00 horas de hoy. Hemos tomado la decisión después de 4 años por los incumplimientos del Estado contra los pueblos indígenas de forma sistemática, vulnerando nuestros derechos. Los acuerdos deben cumplirse en coordinación con todos los pueblos, y se vienen las elecciones, campañas electorales en este año y el próximo, hasta el momento el gobierno central no ha venido haciendo los proyectos y ha quedado todo en nada”, dijo Manihuari Tamani, presidente de AIDESCO.
Por su parte ORPIO, como organización regional, respalda la autonomía de las federaciones bases en decidir este Paro Amazónico y hace un llamado al Presidente de la República Martin Vizcarra Cornejo y a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú para la instalación de una mesa de diálogo, antes que la medida se extienda, con la posibles tomas en estaciones petroleras en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Requena y Maynas.
«Pedimos al gobierno que atienda las demandas de las comunidades afectadas por la actividad petrolera, demandas justas que fue firmado por el ex premier Salvador del Solar. La dilación y la falta de seriedad en el cumplimiento de los acuerdos agrava el derecho a la salud y la vida de miles de hermanos del circuito petrolero» señaló Jorge Pérez Rubio, presidente de ORPIO. (ORPIO)