PRESENTAN PAQUETE LEGISLATIVO
Como primera iniciativa resaltó la necesidad de hacer una reforma constitucional, con una ley que elimine el secreto bancario y reserva tributaria de las autoridades.
Cuatro propuestas legislativas como respuesta concreta a la lucha contra la corrupción y la impunidad ante los actos ilegales de políticos y funcionarios que atentan contra los intereses del Estado peruano como es el caso de Odebrecht, presentaron hoy 13 los congresistas del bloque Nuevo Perú, integrantes de la bancada Frente Amplio.
“Estamos viviendo un momento en que la credibilidad de las instituciones públicas se está perdiendo debido a una serie de acontecimientos corruptos y vergonzoso en contra del país y todos los peruanos. Por ello, hemos desarrollado un conjunto de iniciativas legislativas, con carácter de urgencia”, sostuvo la parlamentaria Marisa Glave.
Como primera iniciativa resaltó la necesidad de hacer una reforma constitucional, con una ley que elimine el secreto bancario y reserva tributaria de las autoridades. “Eliminando esos secretos combatiremos los actos de corrupción que a veces son pretexto para que personas naturales o jurídicas oculten actividades ilegales”, recalcó.
Por su parte, el Manuel Dammert indicó que la segunda propuesta es un proyecto de Ley Anticorrupción, que prohíba a funcionarios, servidores públicos y representantes por elección popular ser receptores de subvenciones públicas especiales en relación con la tenencia de bienes capitales en paraísos fiscales.
En otro momento, la legisladora Tania Pariona, destacó la creación, funcionamiento y reconocimiento de las veedurías ciudadanas y/o comités de vigilancia ciudadana para la prevención e identificación -y posterior denuncia- de actos de corrupción en la administración pública.
Finalmente, el congresista Alberto Quintanilla, presentó la cuarta iniciativa sobre la reforma del artículo 93º de la Constitución Política sobre inmunidad parlamentaria, señalando que esa prerrogativa que gozan los parlamentarios se debe limitar a garantizar el normal desempeño de sus funciones y a no ser protegido en caso de que se le impute un delito.