Panamá, el Putumayo y San Andrés

Panamá, el Putumayo y San Andrés

Moisés Panduro Coral

El reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya, en la disputa jurídica que sostenían Nicaragua y Colombia por un conjunto de islas en el archipiélago de San Andrés y la porción de mar Caribe que las rodean, ha generado una reacción entendible en el vecino país cafetero. A la misma hora que en las redes sociales se difundía la ratificación de la soberanía colombiana sobre las islas del archipiélago, lo que configuraba una aparente victoria del demandado, la televisión nicaragüense transmitía los pormenores de una reunión organizada por el gobierno del presidente Ortega para celebrar lo que los demandantes consideran un triunfo histórico: el reconocimiento, a favor de Nicaragua, de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en el Caribe que antes se encontraba en la jurisdicción de Colombia.

Una vez conocido de manera más precisa el texto del fallo y sus alcances, los colombianos pusieron el grito en el cielo. Desde el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pasando por los políticos de todas las tiendas, analistas y dirigentes; hasta el ciudadano de a pie, todos coincidieron en cuestionar de injusta la decisión de los jueces, llegándose a proponer el retiro de Colombia de los foros que les vincula a la Corte de la Haya, entre ellos el Pacto de Bogotá, así como el mantemimiento –por orden presidencial- de los buques de guerra de la armada colombiana en la zona del Caribe que desde el 19 de noviembre ya no les pertenece, aduciendo para ello razones de seguridad en las que nadie cree. Unas pocas voces reflexivas han señalado, en cambio, que a Colombia no le queda otra que aceptar el fallo, ya que desconocerlo la convertiría en una república bananera.

En los albores de la independencia latinoamericana, la Gran Colombia de Simón Bolívar abarcaba los territorios de lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Décadas después, cuando las tres naciones que llevan el rojo, el azul y el amarillo en sus banderas estaban en pleno proceso de afirmación republicana, el imperio norteamericano promovió en la provincia colombiana de Panamá una revolución independentista que tuvo el propósito real de facilitar al Tío Sam la construcción de un canal que permitiera el pase de navíos entre los dos grandes océanos que bordean el continente americano. Le resultaba difícil al imperialismo yanqui obtener esa concesión de parte de Colombia. Más fácil le era soliviantar afanes autonómicos e independistas en la provincia norteña, convertirla en República y firmar con esta flamante nación un acuerdo sobre el tema, como efectivamente sucedió.

Colombia quedó herida y el expansionismo y hegemonismo norteamericano lo sabía. Por eso, y desde entonces, maquinó diplomáticamente para resarcir a Colombia de esa pérdida territorial, urdiendo, primero, bajo todos los mecanismos imaginables la desacreditación internacional de Perú usando el tema de los crímenes de indígenas en los territorios trabajados y ocupados en el río Putumayo por la empresa del cauchero peruano Julio C. Arana contando para ello con la participación activa de Inglaterra (el país imperialista del siglo XIX que armó, vistió y financió a Chile en su guerra contra el Perú, y, el mismo, cuyos agentes consulares se robaron de Loreto el germoplasma del caucho a principios del siglo XX llevándolo a los jardines de la reina en el Asia, convirtiéndose de esta manera dicha nación en proveedor mundial de caucho en competencia desleal con el Perú); y, segundo, dando su apoyo desembozado a Colombia contra Perú, luego de que un grupo de valerosos civiles y militares loretanos desconocieran el infausto Tratado Salomón-Lozano, se rebelaran e iniciaran una acción de armas tomando la localidad de Leticia en setiembre de 1932. Como producto de esas dos jugadas maestras de ambos imperialismos, Colombia quedó resarcida de su pérdida de Panamá, pero lo fue, -y hay que decirlo sin ninguna duda-, a costas de territorio peruano en el Caquetá, el Igaraparaná y en el trapecio amazónico.

Probablemente, éste no sea un buen momento para comentar temas de geopolítica del siglo pasado, -que la totalidad de autores de libros y escritores de novelas (especialmente sobre la época del caucho), peruanos y extranjeros, lo soslayan adredemente-, dado que la nación colombiana entera se siente afectada por la cesión de una extensa zona de mar territorial a los nicaragüenses. Es bueno hacerlo, sin embargo, no sólo porque podemos comprobar que la injerencia de naciones hegemónicas en asuntos geopolíticos tal como se estilaba el siglo pasado está en declive (éste es un mundo en el que todos dependemos de todos y no de uno o de dos en particular) sino porque, en el fondo, sabemos que las razones que hemos esgrimido los peruanos en nuestros reclamos limítrofes y territoriales desde el Putumayo hasta el Mar de Grau han sido siempre fácticamente demostrables, históricamente certeras, jurídicamente incuestionables y heroicamente defendidas.