Para distribuir libros en Maynas y Putumayo se “pagaría” S/.307 mil soles
Aún admitiendo que la primera armada tiene justificación, se establece que el adelanto máximo a entregar es del 30% del monto y no el 60%, más aún sin ningún tipo de garantía. Lo que lleva a incurrir en dos irregularidades adicionales: 1) que se sobrepasa del 30% máximo que expresa la ley al 60% y sin carta fianza que sí expresa la ley.
La distribución de libros siempre es un dolor de cabeza para los funcionarios por la geografía de la región pero también es una oportunidad para “regularizar” ciertos servicios de los que tienen conocimiento los más altos funcionarios y hasta el gobernador Fernando Meléndez.
Antes del 26 de setiembre todos en la Dirección Regional de Educación de Loreto sabían que se convocaría a un proceso para regularizar un trabajo que ni siquiera se tiene la seguridad de haberse brindado. Incluso un alto funcionario llegó a decir a este diario, después de la convocatoria: “es sólo para regularizar porque ya se sabe quién va ganar”. Por eso, el 6 de octubre solo se formalizó, con irregularidades y todo, el otorgamiento de la buena pro. Pero un funcionario de la DREL dijo a este diario que toda esta situación es conocida por la directora Evelin Arévalo y el gobernador Fernando Meléndez Celis. Por eso no se entiende cómo permiten este tipo de situaciones, aunque se puede explicar porque hace algunos días en el programa de televisión Pro & Contra, el asesor del gobernador, Fernando Paima, dijo que las regularizaciones de este tipo se explican por la dinámica de la administración pública y que sólo podría merecer una sanción administrativa.
Pero qué es lo que ha sucedido: El 26 de setiembre se convoca al proceso: “Servicio de transporte de material educativo (didácticos y lectura) de todas las instituciones de nivel Inicial, Primaria y Secundaria de la UGEL Maynas y Putumayo”. Hasta el 6 de octubre, día que se oficializó la irregularidad, se sabía que existían dos empresas que hicieron llegar su oferta: Servicios Multimodal Santa Lucía E.I.R.L. e Inversiones y Servicios JLF E.I.R.L. Como estaba previsto el postor ganador fue Multimodal Santa Lucía con una oferta de S/. 307,000.00 soles. Pero con una serie de irregularidades que en circunstancias normales determinarían la nulidad de todo el proceso. Pero ya se sabe que en la administración de Fernando Meléndez Celis las irregularidades van hasta el final.
El Presidente del Comité de Selección, Martín García del Aguila, quien a su vez se desempeña como jefe de Abastecimiento de la DREL, dijo a Pro & Contra que la convocatoria se hizo esta fecha porque no se contaba con el presupuesto del Ministerio de Educación y que inicialmente se distribuyó el material educativo con recursos propios de la DREL. Personas que conocen de procesos consultados por este diario, sin embargo señalan con detalles las irregularidades cometidas y afirman que se debe declarar la nulidad del proceso por las siguientes razones:
El acta de otorgamiento de la buena pro establece la existencia de dos postores pero en los reportes y formatos del SEACE como registro de presentación de ofertas y evaluación técnica se expresa la existencia de un solo postor, es decir la empresa favorecida “Servicios Multimodal Santa Lucía E.I.R.L”. Con lo que se demuestra que se cumplió la aseveración que se iba a dar como ganador a dicha empresa “sea como sea”, pues solo se estaba regularizando un servicio ya brindado.
Por otro lado, las bases tienen una contravención a la ley de contrataciones y su reglamento, en el sentido que la norma indica que las entidades están obligadas a pagar las contraprestaciones de los contratistas en un plazo no menor a 15 días una vez se haya consentido la conformidad del servicio. Sin embargo, la DREL se obliga a realizar el pago en un plazo de 10 días a sola voluntad. El artículo 44 de la ley de contrataciones establece que son nulos los procesos hasta antes que se firme el contrato cuando los actos administrativos hayan sido dictados por órgano competente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, es decir si la norma indica que los pagos deben ser en 15 días, ¿cómo se explica que la entidad se obliga a pagar en 10 días y sin haber terminado el servicio. Pues en las bases elaboradas por el Comité se indica que “el pago de la primera armada será el 60% a los 10 días de suscripción del contrato, previo informe del avance de las entregas de los materiales y conformidad del área usuaria. El pago de la segunda armada será del 40% del contrato al finalizar el servicio”. Es decir, las bases contravienen la ley de contrataciones. Como quiera que la Dirección de Gestión Pedagógica de la DREL será la oficina de dar la conformidad veremos si avalan este tipo de irregularidades.
Aún admitiendo que la primera armada tiene justificación, se establece que el adelanto máximo a entregar es del 30% del monto y no el 60%, más aún sin ningún tipo de garantía. Lo que lleva a incurrir en dos irregularidades adicionales: 1) que se sobrepasa del 30% máximo que expresa la ley al 60% y sin carta fianza que sí expresa la ley.
Sobre el plazo del cumplimiento del servicio que se brindará hay un problema de tiempo. Es imposible que en 30 días se haga un ida y vuelta por la zona de El Putumayo hasta el último pueblo de la frontera y por otro al Alto Nanay, luego a Yaquerana, Napo, Fernando Lores y después hasta el último pueblo del Itaya. Geográficamente es imposible y ninguna empresa puede realizar un servicio en ese tiempo. Ahí se verá qué hace la Unidad de Gestión Pedagógica, es decir si prevalece el beneficio al alumno como debería ser o se prestan a favorecer a un postor.
Pero no sólo eso está en cuestión. Las bases establecen sin ningún criterio técnico que la lancha tenga un motor de 210 HP y no establece confort al estibaje, seguridad, capacidad. Pero esas cuestiones de forma parece que no interesa a la actual gestión de la DREL.
Martín García, presidente del Comité, señaló que se eliminó a uno de los postores porque no ha presentado la documentación que se exigía como obligatoria. El MINEDU solo envío los libros pero no consideró el transporte y por eso se entrega a final de año y los lugares más distantes se repartirá porque los más cercanos ya fueron entregados. “Todo esto sabe la directora de la DREL y el gobernador tiene pleno conocimiento”, llegó a decir.
Pro & Contra tiene conocimiento que se ha pedido oficialmente la documentación de todo el proceso y ahí se verá si el Comité trabajó con equidad y no favoreció a uno de los postores y, es más, se notará si los documentos presentados por los mismos son reales y no ficticios. Y ese pedido llegará a la Oficina de Control Interno de la DREL y será la misma que de mayores luces sobre este proceso.
LLAMADA 1 Es imposible que en 30 días se haga un ida y vuelta por la zona de El Putumayo hasta el último pueblo de la frontera y por otro al Alto Nanay, luego a Yaquerana, Napo, Fernando Lores y después hasta el último pueblo del Itaya. Geográficamente es imposible y ninguna empresa puede realizar un servicio en ese tiempo. Ahí se verá qué hace la Unidad de Gestión Pedagógica, es decir si prevalece el beneficio al alumno como debería ser o se prestan a favorecer a un postor.
