Norma Ortega Valdivia, consejera representante de la provincia de Camaná, asumió la presidencia del Consejo Regional de Arequipa para el periodo legislativo 2026. En este último tramo de la gestión regional, la autoridad subrayó que su labor principal consistirá en garantizar la estabilidad del gobierno a través de una fiscalización rigurosa y una legislación que permita culminar con éxito los proyectos provinciales pendientes. Ortega enfatizó que los esfuerzos deben concentrarse en sacar adelante aquellas obras que se gestaron durante los últimos tres años, evitando que el periodo final se convierta en un tiempo de descanso.
Dentro de su agenda de trabajo, la presidenta destacó como prioridad absoluta el destrabe y la puesta en funcionamiento de los hospitales paralizados, específicamente el Hospital Maritza Campos y el Hospital de Camaná. Según explicó, estos proyectos ya cuentan con expedientes de saldo de obra, por lo que la contratación de nuevas empresas para finalizar los trabajos no debería exceder el mes de enero. Además de la infraestructura de salud, la gestión de Ortega vigilará de cerca los avances en el puente Arequipa-La Joya y el proyecto Majes Siguas, buscando que los beneficios de la inversión pública lleguen también a las provincias que no son la capital.
Sobre la labor legislativa, Ortega hizo un llamado a priorizar el contenido y la trascendencia de las normas por encima de la cantidad. Recordó que durante el año 2025 el consejo aprobó 15 ordenanzas, pero señaló que la producción legislativa no asegura calidad si no está orientada a solucionar problemas reales de la población. Asimismo, descartó que su presidencia represente un oficialismo ciego, argumentando que el debate entre oficialismo y oposición está desgastado y que los resultados de las fiscalizaciones, que ya han derivado en informes ante el Ministerio Público, hablan por sí solos.
Desafíos políticos y cuestionamientos de la oposición
A pesar del discurso conciliador de la nueva directiva, la elección generó reacciones inmediatas en los sectores críticos del Consejo Regional. Voces de la oposición calificaron el resultado como un «voto de rechazo» y lamentaron que no se lograra consolidar una lista independiente para dirigir el legislativo. Según estos consejeros, la continuidad de una línea cercana al gobernador Roy Sánchez debilita el equilibrio de poderes necesario en una democracia y pone en riesgo la autonomía de la institución.
Los cuestionamientos más severos se centran en la supuesta ineficiencia y los presuntos actos de corrupción que habrían afectado a la gestión regional actual. Desde la oposición, se denunció que durante todo el año 2025 el gobernador no asistió al consejo para rendir cuentas, lo que consideran una consecuencia directa de tener una mesa directiva servil a los intereses del ejecutivo. Por ello, aseguran que mantendrán una postura de vigilancia extrema, señalando que la falta de independencia solo fomenta que los problemas de la región se agraven sin que existan responsables políticos claros.
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