Resolución fue difundida
De acuerdo a la Resolución Directoral No 1060-2019-OEFA/DFAI, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA determinó que el derrame ocurrido en Morona (Loreto) y Chiriaco (Amazonas) fue por “no realizar acción de mantenimiento al Oleoducto Nor Peruano – ONP” por parte de PetroPerú S.A. El hecho ocurrió hace tres años y recién en julio del 2019 se conoció conclusiones de la entidad. Fueron afectados las comunidades indígenas Wampis y Awajún.
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado en el Instituto de Defensa Legal, consideró en su publicación a través de las redes sociales, que “la resolución de OEFA en el caso de Chiriaco y Morona, es un precedente importante, que reitera lo señalado por OEFA en el caso Cuninico. Es decir, estamos ante un caso donde se establece la responsabilidad administrativa de Petroperú por no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano. Esto significa, que en este caso el derrame no fue producto del sabotaje, sino de la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano”.
Según el documento, PetroPerú S.A. fue sancionado con una multa ascendente a 20,780.53 Unidades Impositivas Tributarias – UIT por “daño real y muy grave a la salud de las personas”. Según las conductas infractorias, figura por ejemplo, la multa de 3,609.85 UIT por incumplir con lo establecido en Plan de Manejo Ambienta del Oleoducto, al haberse detectado que no “realizó las acciones de mantenimiento en el kilómetro 440+781 del Tramo II.
También 3,946.48 UIT por no adoptar acciones inmediatas “para controlar y minimizar los impactos ocasionados por el derrame de petróleo crudo ocurrido el 25 de enero del 2016, en el Kilómetro 440+781 del Tramo II.
En tanto, PetroPerú se enfrenta a otro problema. Según comunicado de la misma empresa petrolera, suspendió sus operaciones en la Estación 1, “por presión de pobladores de Saramuro”.
El día viernes 11 de octubre, aproximadamente a las 23:00 horas, pobladores de Saramuro, liderados por el Sr. Alex Huayllahua, presidente del Frente de Defensa de Saramuro (FREDESA) se presentaron en las instalaciones de la Estación 1 de PETROPERÚ y exigieron la suspensión inmediata de las actividades de recepción y despacho de crudo, dando un plazo de siete horas para que los trabajadores se retiren de las instalaciones, las que fueron rodeadas por los pobladores. “Cabe aclarar que las causas de esta lamentable medida responden a negociaciones pendientes con la comunidad por parte de terceros, situación totalmente ajena a PETROPERÚ”, informan.
