Se adecúan a la ley universitaria, pero aún les faltan recursos. Este año, 79 universidades de las 142 existentes en el país se han presentado a este proceso. Rectores de instituciones estatales piden mayor presupuesto para cumplir con exigencias.
La idea es que no haya padres ni estudiantes estafados. Cuando en diciembre del 2015 empezó a ejecutarse el proceso de licenciamiento institucional –en el cual las 142 universidades públicas y privadas del país deben demostrar que cumplen con las condiciones básicas para seguir funcionando, ya sea en infraestructura, equipamiento, docentes o planes de estudio– la mayoría de peruanos pidió que se cierren aquellas denominadas ‘chicha’.
Pues bien, ya hay algunos resultados. En este año que termina, solo ocho universidades, de las 79 que cumplieron con presentar su documentación ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y aceptaron que esta última ejecute una verificación presencial de sus instalaciones, han obtenido el ansiado licenciamiento, el mismo que les otorga una autorización temporal de funcionamiento de seis años. Un detalle: las ocho son particulares.
Problema recurrente
Entre las primeras 79 universidades que, según el cronograma de la Sunedu ya se vienen adecuando al proceso, 23 son públicas. No obstante, ninguna de ellas ha logrado el licenciamiento en el 2016, por lo que esa es una mala señal.
En este grupo se encuentran, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Mayor de San Marcos, la San Antonio de Abad del Cusco y la San Cristóbal de Huamanga, las cuales tienen un mismo problema para cumplir las exigencias del licenciamiento: la falta de presupuesto.
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels), ubicada en Villa El Salvador, es la que tiene mayores carencias. Esta mantiene una deuda de un millón 421 mil 150 soles por conceptos de pagos, sobre todo a profesores, trabajadores administrativos y proveedores. Además posee pabellones abandonados debido a arbitrajes con una empresa constructora. Con todo ello, fue una de las primeras que se sometió al proceso.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Jorge Alva, quien además es rector de la UNI, precisa que si bien respalda la Ley Universitaria, los fondos aún son insuficientes.
«En el caso de la UNI, para que se entienda, en el 2016 el Estado entregó 130 millones de soles, pero esta necesita 260 millones para funcionar, por lo que tuvimos que obtener la diferencia de recursos directamente recaudados, como venta de prospectos de admisión, consultorías y servicios», dijo.
Debido a ello, Alva solicitó mayor presupuesto para las universidades estatales, sobre todo para los costos del licenciamiento vinculados al mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento, así como las necesidades de acreditación y certificación académica.
Se debe indicar que, de acuerdo con la Sunedu, las universidades públicas alcanzan al año un déficit de 317 millones de soles en infraestructura y 15 millones en mantenimiento.
La jefa de esta institución, Lorena Masías, señala que de 51 universidades públicas que operan, 23 ya presentaron su solicitud; de este último grupo 12 están en evaluación y en esa fase repiten constantemente observaciones en infraestructura, servicios complementarios y líneas de investigación.
«La empresa privada, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, puede financiar proyectos para mejorar las universidades públicas. A eso deben apuntar porque no se busca cerrarlas sino que todas cumplan las condiciones básicas de calidad», explicó Masías, quien agregó que aún falta que la mitad de las universidades existentes en el país empiecen el proceso de licenciamiento.
Mayor presupuesto
Luego de huelgas de catedráticos y reuniones con rectores, el Ministerio de Economía y Finanzas ha incrementado en casi 280 millones de soles el presupuesto para las universidades públicas para el 2017.
Ahora el presupuesto, refrendado por el Congreso en noviembre, pasará de 2 mil 270 millones de soles, en el 2016, a 2 mil 603 millones en el 2017.
«Para el licenciamiento y convenios de gestión se tiene presupuestado 220 millones, de los cuales 120 millones irán a bienes y servicios y 100 millones para gastos de capital», detallaron fuentes del Ministerio de Educación (Minedu).
Para el presidente de gobierno de la Untels, Zenón Depaz, no es coherente que se busque el fortalecimiento de 12 universidades tradicionales «porque cuentan con ingresos propios», en desmedro de las que son más débiles y necesitan de mayores recursos como, por ejemplo, la universidad que dirige.
Alva, por su parte, señala que las universidades privadas no deben estar exoneradas del pago de impuesto alguno, ya que en la práctica implica privar de recursos a las públicas. «Lo recaudado pasaría a constituir un fondo intangible para el fortalecimiento de la universidad pública. En el licenciamiento debe haber un trato igualitario».
Situación de privadas
A la fecha, 79 universidades, entre públicas y privadas, vienen adecuándose al proceso de licenciamiento. Sin embargo, aún faltan otras 63 que tienen hasta diciembre del 2017 para presentar los documentos que demuestran que cumplen las exigencias que se ha dispuesto para evitar su cierre definitivo.
De esas 79 casas de estudio, 43 son privadas; y de este último grupo, 8 ya obtuvieron el licenciamiento institucional. Estas son: la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC); la de Lima, la Cayetano Heredia, la del Pacifico, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA) y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé).
Para el presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Iván Rodríguez, el proceso de licenciamiento debió empezarse con las universidades denominadas «chicha» y no con las públicas y privadas ya constituidas. «Ese no era el objetivo», afirmó en octubre último a La República.
Rodríguez, también rector de la Universidad Ricardo Palma, reiteró lo ya dicho antes al precisar que el mayor problema en este proceso es la falta de presupuesto. También aseveró que la Ley Universitaria es coactiva para las universidades privadas, ya que en un corto plazo y con diversas barreras se les exige tener una mejor infraestructura y equipos.
«Tener mejores bibliotecas, equipos, laboratorios y docentes a tiempo completo implica mayor inversión», manifestó el titular de la ASUP. No obstante, fuentes del Minedu respondieron que no van a perder sino que van a ganar menos.
Precisamente, el congresista Javier Velásquez Quesquén presentó, en octubre pasado, el proyecto de modificación a la Ley Universitaria, con el que se busca que solo las nuevas universidades pasen por el proceso de licenciamiento. Si eso sucediera –según Ricardo Cuenca, del Instituto de Estudios Peruanos– la Sunedu solo existiría para registrar grados y títulos, y emitir carnés universitarios.
La Sunedu informó que recién para el 2018 se sabrá cuántas universidades cerrarán por no acceder al licenciamiento. Así, la reforma avanza. (larepublica.pe)
En cifras
142 universidades hay en el país. Diez solo existen en el papel.
76 universidades poseen una autorización definitiva: 45 privadas y 31 públicas.
53 universidades cuentan con autorización provisional: 43 privadas y 10 estatales.
