Es una vergüenza que a minutos de la juramentación del primer representante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Pedro Patrón Bedoya, el comité evaluador integrado con los máximos representantes de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo se hayan enterado que estaba pendiente una denuncia en curso del único que había aprobado en las dos etapas y que había generado una convocatoria nacional.

Es una vergüenza que estos organismos, con toda la logística y cruce de información que se supone han activado, no se hayan podido dar cuenta de un informe que se solicita en mesa de partes del PJ. Pero es también una vergüenza que el postulante aluda que no ha cometido un delito y apela a la prescripción del caso más no por la integridad ética que se supone debe tener una persona que va designar, ratificar y nombrar jueces y fiscales.

Porque el tema es básicamente ético que legal. Se ha conocido que el abogado tiene un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado, tanto de esta entidad como de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), es decir cobraba doble, se generó la denuncia y según él esto ya prescribió pero no desestimó el proceso en sí.

El abogado se ha defendido indicando que sí informó al respecto, por eso el proceso está creando más desconfianza en una entidad, además de nueva, indispensable para ir creando confianza en los administradores de justicia. Dada la convocatoria, el proceso y la publicidad a raíz de la corrupción, es una lástima comprobar que en el país pareciera que no habría abogados certificadamente probos y eso dice mucho también; porque de esta cantera profesional provienen, de la calidad moral de la gente que actualmente está operando la justicia.

Patrón Bedoya incluso se hace la víctima y ha dicho al momento de renunciar: «[…] He actuado de manera transparente en este procedimiento y, por ello, no merezco que se ponga en duda mi honorabilidad y buen nombre. […] En defensa de mi honor y buen nombre y el de mi familia, renuncio irrevocablemente a la postulación que superé y cuyo procedimiento, lamento profundamente, que haya fracasado», dice de manera alejada a lo que requiere el país en torno al cargo que intentaba ocupar.

Parece que nadie está limpio dentro de las esferas académicas y laborales de los letrados. Siempre se ha cuestionado que estos semilleros de las universidades en realidad adolecen de criterios basados en la moralidad y sólo se centran en el almacenamiento de información legal. Si esto es así, nos vamos a pasar buscando de todas las formas a estos incólumes de la sociedad sin poder encontrar a uno.

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