Por eso el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha dicho que las asesorías deben desaparecer. Por lo menos en el entorno del Presidente de la República. Pues son los que se apoderan del sector y, como están cercanos a Palacio, tienen mayor llegada al Presidente de la República y a la toma de decisiones.
¿Cuánto tiempo permanecerá le tema “Moreno” en la agenda del Poder Ejecutivo? ¿El gobierno de PPK ha batido el record de sus sucesores al destaparse un tema de conflicto de intereses antes que cumpla los 100 días? ¿Se debe actualizar la ley de gestores de intereses para que los funcionarios públicos transparenten las reuniones que sostienen? ¿Los representantes de empresas, organismos no gubernamentales, parroquias, medios de comunicación, tienen que hacer públicas las visitas que hacen a los funcionarios públicos? ¿Estaremos condenados a vivir en constante chuponeo que delata no sólo una falta de seguridad hasta en Palacio de Gobierno sino que pone al descubierto negociados que se hacen en las oficinas estatales?
El “Caso Moreno” es un típico ejemplo de lo que se llama conflicto de intereses que tiene varios elementos que tomar en cuenta. El primero de ellos es la función paralela que ejercen los asesores presidenciales con (¿o contra?) los jefes de pliego. Pues quien nombró a Carlos Moreno en el cargo fue el Presidente de la República. Para asuntos de Salud. Y, desde el inicio, se sabía que no compatibilizaba con la ministra de Salud, Patricia García y que PPK hacía caso en varios asuntos al asesor y no a la ministra. Por ejemplo, eso de empezar la atención a las seis de la mañana fue acogida por el Presidente de la República porque Carlos Moreno le sopló al oído. La ministra sólo tuvo que acogerse a la propuesta que no pasó por un análisis de la realidad de los hospitales y ni siquiera se planificó en el interior del país. Por eso el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha dicho que las asesorías deben desaparecer. Por lo menos en el entorno del Presidente de la República. Pues son los que se apoderan del sector y, como están cercanos a Palacio, tienen mayor llegada al Presidente de la República y a la toma de decisiones. Esto no debería suceder en un gobierno ordenado y organizado. Que, lamentablemente, no parece ser la virtud de PPK. ¿Cómo eliminar esa función paralela? Eliminando las asesorías.
Lo segundo es que al parecer la política peruana necesita de este tipo de agentes. De aquellos que, dominando los entretelones del poder y las esferas de la toma de decisiones, se las ingenian para gestionar más allá de sus atribuciones. El caso extremo fue el de Vladimiro Montesinos, sí. Pero, recuérdese el primer y segundo gobierno de Alan García, donde había en Palacio de Gobierno un asesor argentino de apellido Borobio, para no referirnos a otros con iguales características. En el gobierno de Alejandro Toledo el “caso Almeyda” ya sabemos cómo terminó y en el penúltimo gobierno democrático presidido por Ollanta Humala el “caso Belaunde Lossio” sabemos cómo se inició.
Así que más allá de los momentáneos golpes de pecho de los de siempre, el caso Moreno podría servir para reglamentar una actividad que todos realizan pero pocos oficializan. Las visitas a las oficinas públicas son para defender intereses. Así de simple. Y esos intereses deben ser defendidos en las esferas privadas y públicas. Sean sindicales, empresariales, personales o de cualquier índole.
