Moisés Panduro Coral, asesor de congresista Meléndez, en entrevista afirma que la actual gestión de Elisbán Ochoa no desnaturalizó la ley.
¿No era mejor proponer una ley de fideicomiso indígena y/o municipal para que Loreto tenga más recursos antes que modificar la que tenemos?
La Ley 30897 que se ha modificado es una ley que tiene un origen específico, y es ese origen el que determina la naturaleza y alcances del fideicomiso, es decir para qué es y en qué se debe invertir. El origen de este fideicomiso es la eliminación del reintegro tributario que como todos sabemos era un gasto que hacía el Estado inútilmente. De allí que el fideicomiso debe servir para saltar de esa economía extractivista mercantilista en la que Loreto está sumido desde hace cien años y saltar a una economía competitiva. Hoy la competitividad está ligada a carreteras, transporte fluvial, aeródromos, comunicación digital, turismo, industrialización, mercadeo. Por esta razón, en la nueva Ley, el fideicomiso, como recurso adicional para el desarrollo, se orienta en esa dirección.
El fideicomiso indígena es una propuesta para ejecutar los recursos derivados del Plan de Cierre de Brechas. Tiene un origen y un propósito más ligado a lo social, a los pueblos originarios. Se origina en un reclamo legítimo por mejores condiciones de vida por parte de las comunidades indígenas que tienen brechas sociales grandes. Para eso se ha diseñado un Plan de Cierre de Brechas por 6,000 millones de soles con proyectos que apuntan a cerrar esas brechas sociales.
El fideicomiso municipal es otra propuesta nacida de la campaña electoral, creo que de uno de los candidatos en esta última elección. No tengo mayor información contra qué será este fideicomiso, pero debería estar ligado al desarrollo urbano y a la prestación de servicios públicos de calidad.
Como ves, son temas diferentes.
Se dice que se desnaturalizó la ley y que ha sido una mala copia, porque y de donde se copió…
No es que se haya desnaturalizado la ley, lo que pasa es que la Ley 30897 ha nacido desnaturalizada. La primera propuesta legislativa que yo recuerde fue hecha por el diputado aprista Orison Pardo para reemplazar una parte de los gastos tributarios y convertir esos gastos en ingresos para crear un fondo de inversiones. No se logró porque en Loreto hubo una oposición radical a esa propuesta por parte del gremio empresarial, de partidos políticos y de organizaciones sociales. Esta propuesta original señalaba que esos recursos deberían dirigirse al fomento económico y a la creación de infraestructura que lo sustente, administrados por un comité amplio representativo de la sociedad y el Estado.
Años después, dicha propuesta, en la forma de una iniciativa legislativa, fue planteada por el entonces Primer Ministro Jorge Del Castillo, en 2007 y que rechazado, incluso se dieron paros en contra de 48 horas promovidos por Iván Vásquez que era presidente regional. Yo lo levanté en mi campaña del 2010 cuando fui candidato aprista a presidente regional, pero como obtuve una baja votación nadie más lo tomó en cuenta. Muchos años después, con mucha expectativa, vi que el Colegio de Economistas elaboró una iniciativa similar que tuvo acogida y patrocinio en el gobierno regional de Loreto presidido por Fernando Meléndez del que éramos asesores Róger Grández y mi persona, la que fue llevada por el mismo Fernando al ministro de Economía, Alfredo Thorne. En ese proceso, de repente, vi que la iniciativa también era tomada por dos congresistas Juan Carlos del Águila y Jorge Meléndez y me alegré. Pero, después, tuve una decepción cuando nació la Ley 30897 con defectos, vacíos e imprecisiones, como el de no permitir una participación más amplia de la ciudadanía en la definición de prioridades de inversión, de meter de contrabando temas que no corresponden a la naturaleza del fideicomiso, de dejar abierto el camino para que el gobierno central se desligue de sus responsabilidades de inversión, entre otros. Esos defectos se han corregido en gran parte en esta nueva Ley.
¿Qué mecanismos, más allá de los gobiernos de turno, se debe implementar para usar bien los recursos y ejecutar obras que beneficien a la región?
El primer mecanis:mo corresponde al ser humano que se hace político. Ese mecanismo se llama honestidad. Si no practicas la honestidad en el uso de los recursos públicos, vas a sobrevalorar las obras, vas a gastar la plata en proyectos fantasmas, gaseosos, que son los terrenos fértiles donde germina el robo del dinero público. El segundo mecanismo es también humano, y ésta es la eficiencia. Tú tienes que hacer más con menos, sin perder la calidad. El tercer mecanismo corresponde a la Contraloría para que implemente, de una buena vez, el control previo de los expedientes técnicos, antes de que las obras o proyectos sean sometidos a licitación para detectar esas sobrevaloraciones escondidas de donde salen las coimas; está en camino la iniciativa legislativa para darle facultades sancionadoras a la Contraloría. Y el cuarto mecanismo, es el poder judicial que no hace su trabajo para investigar y sentenciar a los majaderos que se llevan la plata; sólo así se explica las enormes diferencias en los costos de obras similares, sobrevaloradas, a toda vista, pero sin que le pasa nada al sobrevalorador.
