Un reciente informe presentado por el Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal (GTCMI) puso de relieve una alarmante situación en la región, donde la minería ilegal ha superado al narcotráfico como el principal problema criminal. Abel Chiroque Becerra, representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, destacó estos datos, subrayando el impacto devastador de la minería ilegal en comparación con el narcotráfico.
El informe detalla las afectaciones geográficas, enfocándose en Alto Nanay, El Napo, Torres Causana, Manseriche, Barranca y El Estrecho. La minería ilegal genera graves consecuencias sociales, incluyendo trata de personas, alcoholismo, inseguridad, drogas, trabajo infantil y corrupción. Además, la contaminación con mercurio y la deforestación dañan el medio ambiente y afectan las fuentes de agua que abastecen a 600 mil usuarios de Sedaloreto.
Abel Chiroque enfatizó que las repercusiones de la minería ilegal son más severas que las del narcotráfico, debido a su alcance y la diversidad de problemas que genera. Este informe también revela que la minería ilegal está vinculada con el uso de tecnologías avanzadas como Internet Starlink y teléfonos satelitales en las dragas y comunidades, facilitando así la expansión y el control de estas actividades ilícitas.
El GTCMI ha propuesto una serie de medidas para combatir la minería ilegal, incluyendo proyectos de seguridad alimentaria, fortalecimiento de comisarías, mayor logística para la Fiscalía Ambiental y el control de insumos químicos y combustibles. Instan a las autoridades a tomar un liderazgo firme frente a esta problemática y emprender una acción social multisectorial, el monitoreo de la ejecución presupuestal y el intercambio de experiencias con otras regiones afectadas para erradicar la minería ilegal.
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