De acuerdo al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la región con mayor cantidad de mineros en vías de formalización es Arequipa con 16.815, seguido de Puno con 12.527 y, Madre de Dios, con 9.258. Los mineros ilegales e informales en el Perú mueven más de US$ 4.000 millones al año.
Mientras que la minería ilegal en Loreto está asentada básicamente en la Cuenca del Alto Nanay -que se teme que, en poco tiempo se convierta en otro Madre de Dios-, en Puno está en la Cuenca del río Ramis. Esta zona tiene leyes específicas de protección, pero la corrupción, el abandono del Estado, la inoperatividad de las autoridades está dejando avanzar esta minería que también trabaja con el narcotráfico y genera desde la prostitución hasta la trata de personas.
En Arequipa la formalización desalienta al minero por la ley antitécnica y los costos. Mientras que, en Ayacucho, la gran minería, que es formal, también está asentada en las cabeceras de sus cuencas. Del mismo modo contamina y no deja a los pueblos vecinos esa riqueza que se lleva de nuestro país.
La Red de Medios Regionales del Perú trato este problema nacional que se agrava con los años, como es la minería informal, con invitados de las regiones de Loreto, Arequipa, Puno y Ayacucho. Cada uno con realidades diferentes pero similares consecuencias por esta actividad ilícita.
Loreto: Comunidades del Alto Nanay podrían ser desplazadas por la minería informal
Juanjo Fernández, corresponsal extranjero e investigador de la minería ilegal, refirió que hay un temor a que Nanay se convierta en una nueva Madre de Dios. Afirma que las autoridades que tienen que perseguir el delito hacen un trabajo honesto y cargado de dificultades, pero los pobladores tienen que tener proyectos o alternativas reales y sostenibles para formalizarse.
“El abandono del Estado y la extrema pobreza hacen que, aún sabiendo que es una actividad que contamina, enferma y, perjudica socialmente, porque trae prostitución, trata de personas, incremento del alcoholismo, presencia de drogas, enfermedades nunca antes vistas, la aceptan y trabajan en las minas que les proporciona ingresos y una suerte de trabajo social».
Juanjo Fernández, investigador de la minería ilegal en Alto Nanay, Maynas, Loreto.
Fernández advirtió que hay una falta de comunicación con el Estado. A esto se suma un exceso de asistencialismo que viene desde la época del petróleo, en Loreto al menos. El poblador espera a que vengan a darle. Y si la minería ilegal existe es porque el oro es un valor que tiene precios elevadísimos. Y, desde hace tiempo, tiene una relación con todas las actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico.
“La minería no tiene burocracia. Llega, se presenta ante la asamblea de la comunidad, ofrece lo que puede hacer y si lo autorizan, construyen una draga en 10 días. Y por acuerdo, contratan a los hombres y mujeres de esas comunidades de manera directa”.
Juanjo Fernández, investigador de la minería ilegal en Alto Nanay, Maynas, Loreto.
El tema es difícil, pero hay que tener una idea muy clara: el momento es ahora. Todavía es posible controlar la presencia de dragas, las comunidades todavía tienen su fuerza. “A mí me da miedo que cuando la actividad tenga más fuerza y no dependa del permiso de las comunidades, éstas van a ser desplazadas o asimiladas. Y que esa primera contención que es el morador de las riberas del Nanay se pierda. Creo que las autoridades tienen que entender que el momento es ahora que tienen que dialogar mucho, entender mucho y hacer su trabajo”, dijo.
Arequipa: Ley de formalización para los mineros es antitécnica y torpe
Nilson Flores, abogado y asesor de las bases mineras de Secocha (Arequipa), dijo que frente a la minería ilegal se dio una ley de formalización que es torpe. Tiene muchos vacíos y no está conduciendo a la formalidad. Sino que más bien, de lo poco que se ha formalizado, hay una deserción que está incrementando los niveles de minería ilegal. La población contribuye a que se desarrolle esta minería por la falta de recursos. El Estado no tiene presencia, hay carencia económica y falta de empleo.
“Desde nuestra perspectiva, la ley lleva a una deserción más que a una formalización que no solo no contribuye sino perjudica a la sociedad”. Un permiso se obtiene en un año y un expediente técnico aprobado por los gobiernos regionales tiene una vigencia de seis meses. Es decir que, cuando se entregue el permiso el expediente técnico no tendrá vigencia y se comenzará de cero”.
Nilson Flores, abogado y asesor de las bases mineras de Secocha (Arequipa).
Existe la voluntad de formalizarse, pero se va perdiendo porque el proceso resulta complejo debido a que la ley está mal. Las varias propuestas hechas por los gremios han devenido en populistas y se utilizan para participar en el escenario político. No son propuestas técnicas y no conllevan a un fin bueno.
Sobre los efectos ilegales y la violencia, Flores dijo que en una reunión con las autoridades siempre están tratando de buscar un responsable. Empero, no piensan que son parte de esa responsabilidad o quizás más. Ha habido 27 muertos en Yanaquihua, además de otros de distintas minas, y aún así el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) arguye que no hay dinero para la fiscalización. No obstante, Nilson Flores señala que la autoridad regional es de las que más cobra por la evaluación de expedientes de todo el país, pero ni siquiera es de su competencia. El minero en proceso de formalización quiere hacer las cosas bien y requiere de la presencia de sus autoridades.
Puno: Nadie quiere resolver el problema de contaminación de la cuenca del río Ramis
Elvis Juárez Palma, exsecretario de la Cuenca Ramis de Puno, dijo que la contaminación de este sistema hídrico continúa por la corrupción y de un gobierno que olvidó que tiene compromisos. Hay una propuesta desde el año 2007 para la construcción de una represa donde vayan los relaves mineros: la represa de Huacchani.
El 2019, bajo una situación de lucha, se logró un presupuesto de aproximadamente S/ 11 millones de soles para el Proyecto Especial Lago Titicaca. No obstante, la corrupción hace que sea imposible que se pueda ejecutar esta obra. De otro lado, se formalizan a minas y estas mismas tienen de 12 a 14 empresas informales al mismo tiempo. Osea, esto nunca va a acabar, considera Juárez Palma.
En Nanay han estado muchos ministros. Sin embargo, su paisaje asemeja al de la luna por los cráteres inmensos. Han visto que el trabajo no es manual, es un trabajo con maquinaria muy sofisticada, no es minería artesanal porque hay mucha explotación y eso ha generado el tema de la delincuencia. En estas zonas muere alguien y no pasa absolutamente nada, es muy preocupante, refirió el exdirigente.
Lo que pasa es un tema de corrupción porque las mismas autoridades están involucradas en este tema. Cuando acuden al Ministerio Público en el tema ambiental, simplemente por las pocas personas que tiene la Fiscalía en Puno, no se actúa. Se refiere que deben pedir a la policía que los acompañen, sin embargo, se sospecha que algunos efectivos policiales están inmiscuidos en esta red de corrupción y no se hace nada.
“Hay leyes para la Cuenca por las que no pueden pasar combustible, pero vemos diario, 10 a 15 cisternas que pasan para la minería. Y hasta las mismas empresas estatales como Electropuno les brindan todas las facilidades a estas mineras al ampliarles la energía eléctrica, antes que a las poblaciones. Y el ANA que autoriza el uso del agua, simplemente antes de autorizar para el uso de una irrigación primero le autorizan a estas mineras tanto formales como informales”.
Elvis Juárez Palma, exsecretario de la Cuenca Ramis de Puno
Minería formal también está instalada en cabeceras de cuencas en Ayacucho
Che Bernaola Torres, presidente de regantes de Chinchaycocha, refirió que el sur de Ayacucho está afectado por la gran minería que está instalada en las cabeceras de cuenca. “Son cuatro empresas mineras que se han instalado de donde bajan las aguas para nuestro consumo humano, uso agrario y agricultura. El sur de Ayacucho es netamente una zona ganadera agrícola por años se ha vivido de esta actividad y hay más de 60 mil usuarios que se benefician con estas aguas”.
“Con el aval y licencia de la Ana, Oefa el ministerio de Energía y Minas de manera irresponsable se han ubicado en las cabeceras de cuenca. Estamos hablando del grupo Apumayo, Samisac y del grupo Hoschild que tiene dos unidades mineras que vienen operando en esta parte. Y nosotros venimos luchando por más de diez años para que estas mineras se retiren. Hay animales muertos y los niños tienen metales pesados en la sangre y animales con deformaciones y son problemas que nos ha generado”.
Che Bernaola Torres, presidente de regantes de Chinchaycocha, Ayacucho.
En el aspecto social han hecho pelear pueblos contra pueblos, los hacen enfrentar. Mientras que en el aspecto económico no dejan nada para las zonas cercanas, donde funcionan las empresas mineras.
Refieren tener más de cinco mesas de diálogo de alto nivel con presencia de ministros del Ejecutivo y las empresas mineras. Incluso una reunión con la premier Mirtha Vásquez en 2021, el 19 de noviembre, donde se firmó un acta para que las empresas mineras se retiren de acuerdo al cronograma del Ministerio de Energía y Minas. Aún así, nuevamente siguen trabajando y operando incumpliendo su responsabilidad social económica en todo aspecto y la pobreza sigue igual, mientras extraen las riquezas sin control alguno y sin importarles el medio ambiente.
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