Li Wenliang es un médico chino. Beto Ortiz es un periodista peruano. Ambos hicieron su chamba. Desde la Medicina y desde el Periodismo. Ojalá que el final no sea similar para ambos. Uno denunció en Wuhan la aparición del virus que después se llamó COVID19 y fue reprimido por el gobierno chino y detenido por la Policía de su país, aunque luego el mismo gobierno y los que le persiguieron tuvieron que admitir que de haber tomado en cuenta sus recomendaciones el mundo se hubiera ahorrado la catástrofe que vivimos. El otro acaba de dar cobertura al estudio sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID19 donde un especialista cuestionó la misma mientras que el gobierno ha respondido con amenazas contra la libertad y la libertad de expresión del periodista. El de China murió contagiado por la enfermedad. El de Perú ojalá que nos contagie su espíritu de siempre enfrentarse al poder.
El 30 de diciembre, Li Wenliang lanzó una ínformación en el grupo de exalumnos de la escuela de Medicina en WeChat: siete pacientes de un mercado local de mariscos habían sido diagnosticados con una enfermedad similar al SARS y puestos en cuarentena en su hospital. Se trataba de un tipo de coronavirus, misma familia que el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS). El mensaje se difundió en la ciudad y la policía local, el 3 de enero, le reprendió por «difundir rumores». El 1 de febrero, con ya miles de diagnosticados, dio él mismo positivo en la enfermedad. El 6 de febrero murió. Siete médicos más recibieron la misma acusación de la policía. Li Wenliang tuvo que firmar una carta en la que reconocía haber «perturbado gravemente el orden social». En el primer aviso que dio, en su hospital había siete personas en cuarentena. También contó que todos habían pasado por el Mercado de Wuhan, donde se ha situado el primer foco, y lo reconoció como «una rara neumonía similar al SARS». El Tribunal Supremo de China decía que de haberse escuchado a Li Wenlinag, la epidemia podría haberse frenado. Criticó el comportamiento de la policía y dictaminó que debería haberse permitido que circulara el aviso y no pararlo, para que medidas como las mascarillas o el aislamiento pudieran haberse tomado antes. En China «No se permite a ninguna organización o individuo divulgar información de tratamiento al público sin autorización». Li fue llamado a una estación de policía local y reprendido por «difundir rumores en línea» e «interrumpir severamente el orden social» por el mensaje que envió al grupo de chat. Desde el principio, las autoridades chinas querían controlar la información sobre el brote, silenciando cualquier voz que difería con su narrativa, independientemente de si decía la verdad. La policía de Wuhan había «tomado medidas legales» contra ocho personas que recientemente «publicaron y compartieron rumores en línea» sobre la enfermedad similar a la neumonía y «causaron impactos adversos en la sociedad». Las autoridades de salud sostuvieron que «no había evidencia obvia de transmisión de persona a persona», no había infección de los trabajadores de la salud y que el brote era «prevenible y controlable». Li en una publicación en Weibo escribió cómo se sintió durante ese período: «Me preguntaba por qué los avisos oficiales (del Gobierno) seguían diciendo que no había transmisión de persona a persona y que no había trabajadores de la salud infectados». Días después el presidente Xi Jinping ordenó «esfuerzos decididos para frenar la propagación» del coronavirus y enfatizó la necesidad de la divulgación oportuna de información. Zhong Nanshan, un experto en respiración designado por el Gobierno, conocido por combatir el SARS hace 17 años, declaró en la cadena estatal CCTV que el nuevo coronavirus era transmisible de persona a persona. Tres días después, las autoridades impusieron un bloqueo sin precedentes en Wuhan, el motor económico y el centro de transporte del centro de China, pero cinco millones de personas ya habían abandonado la ciudad para las vacaciones del Año Nuevo Lunar. En una entrevista con CCTV el 27 de enero, el alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, admitió que su gobierno no reveló información sobre el coronavirus «de manera oportuna». El periódico estatal Beijing Youth Daily entrevistó a Li y el artículo se volvió viral. La pieza fue censurada en cuestión de horas, pero el alboroto se mantuvo. La Corte Suprema de China criticó a la policía de Wuhan por castigar a los «chismosos». Hoy está claro que en China comenzó esta pandemia y si ellos tomaban en cuenta a los profesionales de la salud y no actuaban desde lo políticamente correcto el mundo se ahorraba la zozobra. Pero, claro, China perdía el negocio de las mascarillas y, después de las vacunas. Un país responsable de la aparición y propagación del virus termina siendo el más beneficiado. Además, para variar, tiene un régimen dizque comunista.
El viernes en la noche Beto Ortiz volvió a encender la pradera. Los odios y egoísmos también. Cumpliendo con su chamba presentó un informe preliminar sobre la eficacia de la vacuna china y, como manda la profesión, entrevistó a un especialista, Ernesto Bustamante. ¿Qué hace un periodista cuando le llega información de este tipo? La publica, pues. Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú, ha escrito: Muchos, empezando por el gobierno han tirado piedras al mensajero y amenazan con querellarlo a él y la televisora por el supuesto delito de perturbación a la tranquilidad pública. Incluso, algunos colegas de profesión se han sumado al coro de repudio. Lo cierto, sin embargo , es que Ortiz no ha mentido ni difundido una noticia falsa. En todo caso, se le podría reprochar que no advirtió a sus televidentes que su denuncia, por ahora, se basa en un informe preliminar de una investigación aún inconclusa. Pero, de allí a lapidar, amenazar, enjuiciar o censurar hay mucha distancia. El Colegio de Periodistas de Lima , nunca allanará el camino para que los gobiernos o poderosos de turno, vulneren la libertad de expresión”.
Otro periodista, Edwin Sarmiento, escribió estas palabras: “Lo primero que debo destacar es tu fanática actitud de ejercer tu derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en toda sociedad democrática. Y lo segundo que debo reconocer es tu coraje de enfrentarte a quienes te niegan ejercer ese derecho que no sólo es tuyo, sino de todos los peruanos. La presidenta del Consejo de Ministros dijo que no podía sostener si era verdad o no lo que el documento divulgado traía consigo. Prefirió lanzar la pelota a la Cayetano Hereda para que aclare. Te acusó, si embargo de mentir y utilizar un estudio que era preliminar, atribuyéndote una insana intención de buscar se frustre el proceso normal de la vacunación en marcha. Y anunció que el gobierno estudiaría el caso para denunciarte y quizás tomar acciones contra el medio. Así están las cosas. La palabra oficial es preocupante”.
Esa palabra oficial que, recordemos, hace poco dijo esto cuando el Congreso llamó a Pilar Mazzetti para que explique la vacunación: El presidente Francisco Sagasti aseguró que aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y calificó de injusto el trato que recibió en el Congreso. Sagasti destacó el trabajo de Mazzetti y expresó su agradecimiento por su constante labor durante la pandemia de la COVID-19.
El mandatario señaló que la titular de Salud fue sometida a “insultos sin evidencia” y refirió que las críticas por la participación de Martín Vizcarra en los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm desencadenaron su renuncia. “La ministra Pilar Mazzetti presentó su renuncia anoche. Conversamos con ella, vimos la situación. La ministra Mazzetti ha tenido muchísimos años al frente del Ministerio de Salud, ha hecho un esfuerzo extraordinario, hemos visto lo agotada y cansada que está y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le ha dado, no solo en medios, sino también en el Congreso”, aseveró en RPP. Sagasti cuestionó que el Parlamento haya citado a los miembros del gabinete para tratarlos con “gritos desaforados e insultos”. A los pocos días Sagasti tuvo que firmar un resolución donde se le quitaba aquello de “agradecimiento por los servicios prestados a la Nación”. La señora Mazzetti fue defendida por Sagasti, hoy él mismo quisiera olvidarla. Así que la palabra oficial, representada por el recitador de Vallejo, no me merece mucho respeto que digamos.
Tanto ante Li Wenliang o ante Beto Ortiz ¿Qué hace un gobierno autoritario, cuyos máximos representantes antes de llegar al poder luchaban por la libertad de expresión y la democracia y hacen gala de un vocabulario de inclusión? Trata de amordazar al mensajero. Con eso trata de disminuir el efecto del mensaje. En China y Perú es lo mismo. Allá hay leyes que impiden a los médicos compartir información, a pesar que con ello ponen en peligro a la humanidad, como ya se ha comprobado. Aquí hay individuos en el poder que en nombre de la libertad de expresión la intentan limitar porque, vamos, saben que cuanto más se conozca de sus acciones la población se dará cuenta que desde el gobierno sus decisiones no buscan el interés público sino preservar una imagen pública que no corresponde a la realidad.
Como bien recordó Chema Salcedo en su programa dominical, el periodista no sólo tiene el derecho a dudar sino la obligación, el deber de dudar. Mientras Violeta Bermúdez ya anunció que en el gobierno “Estamos evaluando medidas legales”, los que defendemos el oficio seguiremos con cierta terquedad defendiendo la libertad de expresión y el derecho a difundir información que es la esencia de esta chamba. Si hay que hacer una observación crítica a lo hecho por Beto Ortiz puede que, en su deber y obligación de informar, debió o ser más riguroso e incluso pedagógico o didáctico para procesar la información. Se apuró, talvez, llevado por la potencia de los datos o su quijotesca batalla contra lo que se considera lo oficial o el gobierno. Sin embargo, esto no frena o es secundario ante el derecho primigenio y absoluto a saber.
