El presidente colombiano Juan Manuel Santos también ha sido salpicado por el caso Lava Jato, por el supuesto ingreso de un millón de dólares de Odebrecht a su campaña de reelección del 2014.
El escándalo de corrupción continental ha tenido un desarrollo vertiginoso en las últimas semanas, luego de que Odebrecht admitiera que pagó sobornos en varios países.
La «Operación Lava Jato» considerada como la mayor investigación de corrupción de la historia del Brasil, comenzó en el 2013 con el descubrimiento de una operación de lavado de activos de mediano tamaño. Cuatro años después las ramificaciones del caso, tras cruzar las fronteras de ese país, tocan a varios gobiernos de la región.
Los mismos sistemas de corrupción operados a través de la financiación de campañas electorales a cambio de favores o el pago de sobornos por obras se replicaron en países como el Perú, Colombia, Santo Domingo o Venezuela. Empresas constructoras como Odebrecht, Camargo Correa y OAS incentivaron esos mecanismos tal como lo hicieron en Brasil, su país de origen.
La reciente confesión de Odebrecht de que pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, ha desencadenado varios destapes y escándalos que involucran a funcionarios de alto nivel y a exgobernantes y presidentes en funciones. En Brasil se han visto implicados los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff casi desde el inicio de las investigaciones y en estos últimos días las acusaciones y sospechas recayeron sobre el expresidente peruano Alejandro Toledo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Lula da Silva. El expresidente brasileño enfrenta cinco acusaciones ligadas a ese megaescándalo de corrupción. El líder del presidente del Partido de los Trabajadores es acusado de corrupción y lavado de dinero a través de operaciones vinculadas a la petrolera estatal Petrobras. Entre otras acusaciones Lula es investigado por la adquisición de un departamento de playa y una granja con la colaboración de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos.
Además el exsenador del Partido de los Trabajadores, Delcídio do Amaral, bajo un acuerdo de delación premiada (colaboración eficaz) dijo que Lula le pidió «expresamente» que intentara sobornar al ex director de Petrobras, Nestor Cerveró, a cambio de no colaborar con la justicia. El expresidente ha negado todas esas acusaciones.
Dilma Rousseff. La destituida presidenta brasileña ha sido señalada por haber presidido el Consejo de Administración de Petrobrás entre 2003 y 2010, cuando se ejecutaron las operaciones más escandalosas del caso. Uno de los casos más sonados fue la compra en el 2006 de una refinería en Pasadena (Estados Unidos) por un precio 47 veces mayor al que había pagado la empresa vendedora (la belga Astra Oil) solo dos años antes.
El exsenador Delcídio do Amaral también habló contra Rousseff. Según dijo a la fiscalía la expresidenta procuró mantener a funcionarios corruptos en la estatal petrobras e intentó interferir en las investigaciones del caso Lava Jato. Amaral aseguró que la expresidenta estaba enterada del desvió de dinero en la compra de la refinería de Pasadena y que además hubo dinero destinado para su campaña presidencial del 2010. Dilma Rousseff ha negado todas las acusaciones y oficialmente no ha sido implicada en actos ilícitos.
Alejandro Toledo. Es el primer exgobernante implicado directamente en el escándalo de sobornos de Odebrecht. La Fiscalía resolvió el último lunes investigarlo formalmente por lavado de activos y tráfico de influencias y ha pedido para el exmandatario 18 meses de prisión preventiva.
Según la información que manejan, el exgerente de la empresa brasileña en el Perú, Jorge Barata, aseguró que pagó 20 millones de dólares al gobierno de Toledo para adjudicarse la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú y Brasil. Según la Fiscalía con ese dinero se formó una empresa off shore creada por su amigo Josef Maiman y su suegra Eva Fernenbug. Esos fondos se destinaron para la compra inmuebles y pagó hipotecas de Toledo, transacciones que se ya se investigaban en el caso Ecoteva.
Juan Manuel Santos. El escándalo por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht también salpicó al presidente colombiano Juan Manuel Santos, por el supuesto ingreso de un millón de dólares a su campaña para la reelección en 2014. La fiscalía de ese país ha pedido que se investigue la supuesta entrada de ese dinero.
La noticia cayó como una bomba en la política colombiana y motivó una respuesta inmediata de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, que acusó a la oposición uribista de estar detrás de las acusaciones.
Michelle Bachelet. La Fiscalía de Chile allanó este viernes 7 de febrero las oficinas de la empresa brasileña OAS en Santiago para incautar los registros contables de 2012 y 2013, como parte de las investigaciones sobre supuestos aportes irregularidades de la constructora a la mandataria Michelle Bachelet en su campaña presidencial de 2013.
La acción de la fiscalía se dio luego de que la semana pasada la revista brasileña Veja asegurará que Bachelet recibió una cantidad importante de fondos para financiar su carrera electoral. La publicación indicaba que Lula da Silva se reunió con la ahora mandataria en una visita del expresidente brasileño a Chile. El gobierno de Bachelet ha negado cualquier vínculo con OAS.
(Autor: José Flores – rpp.pe)
EL CASO LAVA JATO EN EL PERÚ
El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Este periodo compromete los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 – 2011) y Ollanta Humala (2011 – 2006). Entre las obras bajo sospecha están el Gasoducto Sur, el Metro 1 de Lima y la Carretera Interoceánica. También está bajo investigación la constructora Camargo Correa, también relacionada a la Interoceánica.Según la tesis de la Fiscalía, el dinero que se pagaba para sobornar funcionarios gubernamentales se recuperaba con sobrecostos que se sumaban a los contratos originales.
