Por: Álvaro Meneses Gutiérrez /Wayka
Desde los altos cargos del Ministerio de Salud, por lo menos desde 2017, se han tomado una serie de decisiones que parecen apuntar a un mismo fin: retener los resultados del estudio sobre las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón de Loreto afectadas por metales pesados.
La historia comienza entre diciembre de 2016 y enero de 2017, cuando un equipo especializado del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS), empezó un estudio epidemiológico y toxicológico sobre presencia de metales pesados e hidrocarburos en comunidades indígenas de la amazonía afectadas por la actividad petrolera en las cuatro cuencas de Loreto.
Exactamente 1162 personas fueron parte de la muestra de ese estudio: 387 de Pastaza, 260 del Marañón, 85 del Tigre y 430 del Corrientes, además del análisis del suelo de chacras, cosechas, aguas y peces.
La intención inicial del CENSOPAS fue entregar los resultados entre octubre y noviembre de 2017. Sin embargo, ni las comunidades indígenas de Loreto ni el equipo de CENSOPAS a cargo del estudio, consideraron que se encontrarían con una serie de trabas desde las altas esferas del Ministerio de Salud para que el informe no vea la luz hasta la fecha.
Plan desarticulación
A inicios de noviembre de 2017, la coinvestigadora del reducido equipo del CENSOPAS a cargo del estudio, Pilar Lizárraga Vara, inició las gestiones para contactar a 6 médicos y 6 nutricionistas, quienes viajaron a Iquitos el 11 de noviembre para empezar cuanto antes la entrega de los resultados en las cuatro cuencas examinadas.
Las doce órdenes de servicio del equipo que ya se encontraban en Iquitos fueron enviadas a la dirección general de CENSOPAS, entonces a cargo del ingeniero sanitario Javier Falcón Sánchez, para que se emitan a la oficina de Logística y concretar los contratos. El hecho es que los documentos nunca salieron de la oficina de Falcón, según fuentes de CENSOPAS.
A fines de noviembre de ese mismo año, Falcón dejó la dirección de CENSOPAS en manos del médico cirujano Elías Wilfredo Salinas Castro, quien desarticuló al equipo de investigadores a cargo del estudio como una de sus primeras acciones.
Luego de casi un mes de estar varados en Iquitos, los doce especialistas comenzaron a enviar sus reclamos contra la coinvestigadora Lizárraga Vara, ante el INS, pese a que la inacción fue del exdirector de CENSOPAS.
Wilfredo Salinas Castro, exdirector de CENSOPAS que decidió no renovar el contrato de uno de los investigadores a cargo del estudio.
En base a esas denuncias, Wilfredo Salinas decidió no renovar el contrato de la coinvestigadora Pilar Lizárraga, dejando solo al médico responsable del estudio, John Astete Cornejo.
Entrega a medias
Recién en marzo de 2018, en la ciudad de Iquitos, John Astete, expuso los resultados de un informe preliminar frente a los apus de las comunidades indígenas de las cuatro cuencas del Amazonas.
Al siguiente mes, sin coordinar con el equipo de CENSOPAS a cargo del estudio, el Ministerio de Salud envió brigadas a que entreguen los resultados preliminares solo en las comunidades de las cuencas de Pastaza y Marañón.
Para las comunidades indígenas, dicha entrega fue un fracaso. “No se capacitó al personal médico que entregó los resultados a los afectados, no sabían explicar los resultados a las familias, no capacitaron a los intérpretes que acompañaron a las brigadas, solo medicaron con ibuprofeno y paracetamol, no se coordinó con los centros locales de salud y no trajeron pediatras ni neurólogos”, comentan fuentes de las federaciones indígenas de las cuatro cuencas.
El Ministerio de Salud terminó disculpándose por los errores y se comprometió a entregar los resultados preliminares en las otras dos cuencas pendientes, Tigre y Corrientes. En ese entonces, aún con Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia, el aprista Abel Salinas Rivas era titular del Minsa, y María del Carmen Calle Dávila era la viceministra de Salud Pública.
Larga espera
El 6 de setiembre de 2018, CENSOPAS envió la versión final del informe a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) del INS, y no recibieron respuesta hasta el 20 de octubre, con las observaciones.
En apenas tres días, el equipo a cargo del estudio resolvió las observaciones de la OGITT y lo volvieron a enviar el 23 de octubre. Luego de casi dos meses, el 20 de diciembre, la OGITT envió otras observaciones que fueron resueltas por CENSOPAS el 18 de enero de este año. El 24 de ese mes, a modo de presión, CENSOPAS vuelve a enviarlo al INS, según los documentos a los que Wayka tuvo acceso.
Recién el 8 de marzo pasado, la OGITT citó al equipo de CENSOPAS a una reunión el 11 de marzo para que expliquen algunos puntos del informe. Consultado por este portal, el investigador principal, John Astete, confirmó que asistió a dicha reunión y respondió las dudas de la OGITT, y que ese mismo día envió la versión final al Viceministerio de Salud Pública del Minsa, a cargo del médico cirujano Neptalí Santillán Ruiz.
Desde ese 11 de marzo, según fuentes de CENSOPAS, “no han vuelto a recibir comunicación al respecto, pues el documento se eleva a despacho de Jefatura Institucional y esta a despacho viceministerial para posteriormente ser elevado a PCM”.
Contradicciones
Fuentes del viceministerio de Salud Pública declararon que desde el Ministerio de Salud han sostenido dos estrategias para tumbarse el informe: prolongarlo y deslegitimarlo.
“Quieren publicarlo lo más tarde posible para invalidarlo. Y plantearán hacer otro examen toxicológico para todas las personas de las comunidades, sin excepción. Y va a ser facilísimo de patear diciendo que no tienen recursos, porque un estudio así es casi imposible de realizarse”, declararon a Wayka fuentes del Ministerio de Salud.
Wayka entrevistó al médico Fernando Osores Plenge, asesor personal de la ministra Zulema Tomás, y sus declaraciones coinciden con la línea de descrédito hacia el informe: “el tiempo transcurrido quita validez y credibilidad al informe, y que las personas implicadas en el estudio están investigadas por la Fiscalía, por corrupción”.
Este portal también se comunicó con los investigadores del CENSOPAS a cargo del estudio, John Astete y Pilar Lizárraga, para que declaren sobre la denuncia mencionada por el asesor de la ministra de Salud, y ambos zanjaron que se trata de un proceso iniciado por el mismo Osores y que carece de pruebas.
Por su parte, las federaciones indígenas, quienes participaron activamente en el proceso del estudio a través de otra coinvestigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, reconocen la importancia del informe para la elaboración de políticas públicas y estrategias, pero no confían en las propuestas que pueda plantear la actual gestión del Ministerio de Salud.
Así se lo hicieron saber al premier Salvador del Solar, quien junto a otros altos cargos de diferentes sectores de la PCM, viajaron el pasado 13 de junio a la comunidad de San Cristóbal, en la cuenca del río Corrientes, para reunirse con los apus de las comunidades afectadas.
En dicha asamblea, los dirigentes indígenas exigieron al premier que presente el informe final del estudio. Ipso facto, del Solar llamó a la Mesa de Partes de la PCM y preguntó si el informe había llegado, y la repuesta fue negativa. Frente a los apus, los funcionarios del Minsa se comprometieron a enviar los resultados esa semana, y del Solar prometió entregarlo la tarde de este miércoles 10 de julio.
Sin embargo, fuentes del Viceministerio de Salud Pública pudieron confirmar a Wayka que recién la semana pasada enviaron un correo electrónico a la dirección general del CENSOPAS, solicitando el informe final con el fin de que el reciente envío de los resultados les permita afirmar que “el informe recién les llegó esa semana”.
