LA SOMBRA DE BAGUA
El cacique selvático, Juan de Alvarado, fue el primero en pedir por escrito justicia para los indios. Era 1550 y, despojado de sus tierras, explotado por los castellanos, considerándose maltratado por los forasteros, arrojó ese clamor que todavía recorre el territorio de la patria peruana, como un aullido quemante. La brutal masacre de Bagua, cuyo ensangrentado aniversario se cumple hoy 5 de junio, no hubiera ocurrido si el gobierno aprista, colectivo que olvidó la auroral Indoamérica de Víctor Raúl Haya de la Torre en nombre de un tatcherismo recalcitrante, que ningún país hoy en día suscribe, hubiera escuchado el clamor de los oriundos amazónicos que se amparaban en la legalidad para que se les hiciera justicia.
Todo el drama de la histórica exclusión de los llamados nativos de la maraña reside en esa incapacidad del Estado nacional de ejercer la justicia. De atender los justos reclamos de esos colectivos que buscan un mejor trato, un trato digno. Esa factura social está ahora extendida, puesta a prueba, ardiendo en la traumática y perturbada conciencia de este país, antes de la Consulta Previa. La sombra de Bagua perturba ese proceso porque en estos días, a través de distintos medios, desembozados tatcheristas se oponen a que los indígenas sean escuchados. No quieren que se pierda tiempo hablando con ellos y ellas. No quieren que se perturben las inversiones petroleras, dicen tan campantes como si las vidas amenazadas de los moradores ancestrales no tuviera ningún valor. Ese espíritu reaccionario, disfrazado de economía, o al revés, también sembró las condiciones para la masacre de Bagua.
En ese desprecio inconcebible late el “síndrome del chuncho”, lanzado por los andinos de antes contra los mantañeses y bulle “el perro del hortelano”, firmado por el señor Alan García Pérez como una agresión sin olvido e imperdonable. No, no podemos permitir que se siga repitiendo una vieja conducta de exclusión contra moradores de la floresta. La sombra de Bagua no debe seguir pervirtiendo las relaciones entre Estado y colectivos indígenas.
