Hace algunas semanas en la presente columna se habló del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cataluña, el cual cuenta con el uso intenso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la prestación de servicios públicos de alta calidad y calidez, seguridad, productividad, competitividad, innovación, emprendimiento, participación, formación y capacitación. En ese sentido, se concluyó que Sant Feliu de Llobregat es una Smart City o ciudad inteligente.
El ayuntamiento catalán antes mencionado cuenta con un centro de capacitación e innovación, procedimientos administrativos digitales por completo, app’s de ayuda al ciudadano – por ejemplo, con la lectura de las etiquetas de los productos –, se reciclan los desperdicios sólidos de la ciudad, y para que todo ello funcione, cuentan con una plataforma (cerebro) que almacena toda la información, o también llamada big data, que se produce de la prestación de los servicios públicos.
Entiéndase big data como el conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos, cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles.
Considerando que la administración pública es la más grande proveedora de datos por las relaciones entre actores de problemas públicos y la administración y los administrados, como podemos apreciar en el modelo implementado en Sant Feliu de Llobregat, la aplicación de tecnologías sirve para extraer valor de toda esta información mediante big data, lo cual tiene impacto en tres dimensiones dentro de la administración pública, conforme al siguiente detalle:
- A nivel interno: al disponer de la capacidad de aglutinar todo tipo de información y de acercarla a los procesos, se reducen los tiempos de respuesta, lo cual permite mejorar la eficiencia en la gestión de la propia administración, que supone en definitiva un gran ahorro de costes.
- A nivel social: contribuye al fin último de toda administración pública, que es mejorar la vida del ciudadano, debido a que permite realizar propuestas de valor adaptadas a las sus necesidades reales, servicios más personalizados, más eficaces, y más transparentes.
- A nivel estratégico: permite disponer de información en tiempo real y una sola visión de ésta, conocer a través de los datos cuáles son las necesidades actuales y predecir las futuras, lo que permite una mejor definición de políticas públicas a medio y largo plazo y de las inversiones asociadas a ellas.
Conforme a lo desarrollado, ¿por qué nuestra administración pública empezando desde el nivel local no es capaz de iniciar la implementación de big data, con el afán de ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)?, es vital empezar por ello y como vemos del análisis, los principales beneficiarios serán los ciudadanos logrando el fin último de la gestión.
Miguel Angel Rojas Ríos
Abogado
Maestrando en Gobierno y Políticas Públicas
rojasr.miguel@pucp.edu.pe
