La noticia con la que nos levantamos este jueves conmocionó a todos quienes respirábamos paz desde hace ya buen tiempo. Resulta que, desconociendo cualquier tratado, la frontera peruano-colombiana se ha vuelto a convertir en la región codiciada por los disidentes de las “FARC”, quienes anunciaron este fatídico jueves 29/08 que volvían a empuñar las armas; esas mismas que habían entregado hace poco más de dos años como consecuencia de las negociaciones del acuerdo de paz con el Gobierno Colombiano que se firmaron en la Habana y que el mundo entero celebró. Ahora todo hace indicar que surtió efecto la protección y el patrocinio recibido de parte del régimen “Chavista” liderado por el controvertido “Nicolas Maduro” quien convirtió a Venezuela en un “santuario terrorista”. Esta situación terminará agravando la crisis migratoria venezolana, Justo cuando el continente se estaba quedando chico para la gran ola de inmigrantes; la misma que obviamente constituirá un objetivo por parte de las “FARC” para el reclutamiento de nuevos terroristas. Si bien es cierto esta situación no es sorpresiva. Ya que desde hace tiempo se conoce que las “FARC” decidieron abdicar de sus compromisos de paz para volver a las balas. En setiembre pasado, un reportaje de “The New York Times” advertía de la deserción de los miembros de este grupo terrorista de los acuerdos de paz, y que su propio cabecilla “Ivan Márquez” había afirmado hace unos meses que “fue un grave error haber entregado las armas”.

A estas alturas no cabe duda que el acuerdo de paz de la Habana fracasó, lo demuestra el hecho de que un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) vuelvan a las armas. Recordemos que en mérito a este acuerdo “Juan Manuel Santos” cuando era presidente de Colombia en el año 2016 recibió el “Premio Nobel de la Paz” por sus decididos esfuerzos para finalizar los más de cincuenta años de “guerra civil” en el país. Supongo que ahora el “Parlamento Noruego” debe sentirse decepcionado al haber otorgado tan alta distinción bajo el argumento que las “FARC” habían desaparecido, que se habían rendido, que ya no representaban una amenaza para Colombia, y que se convertirían en demócratas pacifistas. Nada más alejado de la realidad, a la luz de los últimos acontecimientos. Inclusive el presidente “Iván Duque” anunció una ofensiva contra estos “terroristas”, recompensas por sus capturas, y que no los enfrentarán como a una guerrilla sino como a una banda criminal dedicada al narcotráfico. Al menos eso lo demuestra el hecho que miembros de las fuerzas armadas de Colombia reportarán este viernes que abatieron a nueve miembros de un grupo de disidentes. Recordemos que la “FARC” es una organización terrorista de extrema izquierda basada en la ideología del Marxismo-Leninismo; que vuelan oleoductos, secuestran policías, civiles, y a falta de recursos económicos, negocian con cultivos ilícitos de droga para su financiamiento.

Bajo este contexto la provincia de Putumayo en nuestra región estará permanentemente amenazada por el narcotráfico. Su ubicación estratégica, en la frontera que comparten Perú y Colombia, convierte a esta provincia en un lugar propicio para el tráfico de drogas por vía fluvial y aérea, actividad que ahora contará con el apoyo de las “FARC”. Todo ello hace del Putumayo un escenario altamente riesgoso para la estabilidad regional y la seguridad nacional. Ante ello, se encuentra una población donde los adolescentes y niños son las principales víctimas, ya que se sabe que muchos mochileros son asesinados en la ruta de la droga y de otros que arriesgan su salud y sus vidas por transportarla como burriers; nada de lo anterior le importa al narcotráfico y a sus cómplices. Se trata de un negocio despiadado donde todo vale para conseguir su fin, el narcotráfico mata de varias maneras, incluyendo al que infringe sus códigos o no cumple promesas, al crear un sicariato que se ocupa del trabajo sucio, mientras la población va contando, desgraciadamente muchas veces en silencio, las muertes o desapariciones inexplicables.

El flujo de drogas en la zona del Putumayo es igual de activo que el comercio. También el cultivo de hoja de coca: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en esta zona hay alrededor de 1.100 hectáreas de coca cultivadas. Esta situación se complica, porque la población peruana de varios de los centros poblados del Putumayo aducen que no tendrían ningún problema ni mostrarían oposición de aceptar pertenecer a la Republica colombiana debido al desentendimiento y abandono por parte del Gobierno Peruano con el progreso y demandas que aquejan a esta zona bi-fronteriza que en los últimos 50 años ha sido olvidaba por el gobierno peruano a través del gobierno central, regional, provincial y distrital. Contrariamente a la actitud de los gobernantes de la hermana República de Colombia quienes apoyan a los pobladores de esa zona en varios aspectos y cubren sus necesidades básicas para subsistir; entre otras necesidades. salud, energía eléctrica y educación. Es bien sabido que en las poblaciones de “Güeppí”, “Soplin Vargas”, “Florida” “Puerto Limón” o “Teniente Berggerie”; se canta inclusive el himno de la República colombiana y se dice que no mantendrían un respeto a Instituciones como la PNP, Marina de Guerra del Perú, Autoridad Portuaria, SUNAT, Migraciones, etc. Si algo hay que resaltar sobre los centros poblados del Putumayo de ambos países; son sus disparidades respecto a infraestructura, urbanización y desigualdad económica. De lado de la orilla Peruana es el menos urbanizado y la que conserva múltiples caminos de tierra, zonas descampadas y áreas sin luz eléctrica, agua y desagüe, al margen de la infraestructura educativa y de salud.

Lo que se avecina es un tremendo problema! La población peruana que vive en el Putumayo entra y sale de Colombia como “Pedro en su casa”, en pequeños botes que son atracados en ambas orillas del rio. Las autoridades locales dicen que sería «imposible» supervisar a todas las personas que transitan esta frontera. Y es que una gran cantidad de compatriotas trabaja en un lado y vive en el otro, o hace sus compras del mes en el margen extranjero del Putumayo, todo ello nos hace deducir que el movimiento de personas es gigantesco y un control de todos sería impracticable. Y lo que complica este escenario es que se trata de una “frontera hidrográfica”; que está definida por el límite en un curso fluvial del “álveo”, “thalweg” o “Vaguada” del rio, es decir el eje principal o más profundo, definida por las marinas de los 2 países. Sin embargo, en este caso en particular se produce una dicotomía entre los bordes planteados (límites políticos). Ya que es muy conocido las variaciones morfológicas (vaciante y creciente), de los ríos de nuestra Amazonia; que no siempre están de acuerdo con la forma en que viven las personas que se movilizan por el territorio en el día a día. Ejemplo de lo anterior es que independientemente del país donde se encuentre una persona para hacer compras en cada uno, solo basta con tomar una lancha para transportarse a la otra orilla.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el aislamiento geográfico de las poblaciones del putumayo. Si bien es cierto existe un vuelo diario entre la ciudad de Iquitos y la localidad de “San Antonio del Estrecho” que tiene un tiempo de vuelo de 40 minutos, este solo alcanza a transportar 18 pasajeros; por lo que el abastecimiento logístico tiene que hacerse vía fluvial por “lancha”. Partiendo de Iquitos y navegando por el río Amazonas aguas abajo hasta el encuentro con el río Putumayo, haciendo las 2/3 partes de este tramo en territorio brasileño, desde este punto se recorre por el río Putumayo una distancia equivalente a las 3/4 partes del tramo anterior, pero en tiempo es casi el mismo ya que la navegación es aguas arriba. Este singular periplo implica entre 8 a 10 días de ida si no medía ningún contratiempo, y entre 10 a 12 días de vuelta; debido a la navegación contra corriente en el río Amazonas. Pero que tiene el añadido de ser incluido en los costos, al no poder contar con la opción de transportar carga en sentido contrario; por lo que se le conoce como “falso flete”. Todo esto implica que los insumos transportados desde Iquitos hacia el “Estrecho” se incremente en un 60% aproximadamente su valor.

Otra causa de preocupación es el bajo ingreso “per cápita” con que vive la población peruana en la frontera con Colombia, la poca presencia del Estado peruano en esa zona, y siendo un problema que afecta a ambos países, es natural que surja de nuestra parte cierta inquietud por el futuro de esta actividad ilegal en Colombia, más aún por tratarse de territorios colindantes. Por ello, no sorprende que a partir de algunas denuncias y seguramente trabajo de inteligencia, el Estado peruano haya decretado reiteradamente estado de emergencia en la provincia del Putumayo (que abarca la mayor parte de la frontera con Colombia) y llevado a cabo megaoperativos que incluía a la más altas autoridades y cuyo resultado confirma la existencia de estas redes ilegales en territorio nacional. Ayer domingo un conocido programa de la televisión nacional realizó un reportaje sobre el aumento de las hectáreas cultivadas de hoja de coca en la frontera con Colombia y las pocas expectativas que existen desde que asumió el cargo “Iván Duque” como nuevo presidente, del cual se esperaba un mayor accionar de las fuerzas del orden colombianas para hacer frente a este flagelo. Si esto no cambia pronto, podría originar que el narcotráfico proveniente del país vecino expanda su accionar hacia el territorio peruano, frente a lo cual debemos estar atentos a través de una mayor presencia del estado en la población peruana asentada en la ribera del Putumayo, de la mano de una cooperación bilateral.