Loreto es una de las regiones del país con el mayor número de víctimas de trata de personas, en su mayoría menores de edad. Esta es la historia de un puñado de fiscales, policías y marinos que, liderados por una valiente fiscal, están trabajando juntos para cambiar esta situación.
Un barco, Eduardo VI, navega el Marañón, río arriba. En la segunda cubierta del barco, entre un bosque de hamacas, conversan, dormitan, se hacinan, un centenar de personas. En medio de ese bosque, en un claro junto a la baranda de babor, una mujer de chaleco azul y, junto a ella, una niña.
La niña tiene 10 años, la mirada triste y a ninguno de sus padres consigo. La mujer, delicadamente, le hace preguntas. La niña responde a cuentagotas. Viaja con su tío. Su padre la espera en Yurimaguas. Su madre está en un hospital de Lima con su hermanito, enfermo de hidrocefalia.
La mujer de chaleco se llama Paola Hittscher y es la fiscal especializada en Trata de Personas de Iquitos. Aunque el relato de la niña y el del tío, al que interrogaron primero, suenan convincentes, hay un problema: el tío no tiene un permiso notarial de los padres para viajar con la menor. Es un problema frecuente en los viajes por los ríos de la Amazonía. La fiscal suspira.
El equipo de la fiscal llama por teléfono al padre. El padre contesta y confirma la historia. Hittscher no está convencida.
Decide, entonces, disponer que la Policía de Yurimaguas ubique al padre. Y que espere junto a él la llegada de la nave, dentro de dos días, para que confirme la filiación. Su adjunto, el fiscal Jorge Luis Sánchez, hace las coordinaciones. Mientras, el patrón del barco, un hombre de unos 60 años, con brazos nervudos y el rostro tostado por el sol, trata de justificar por qué permitió el abordaje de una menor sin el requerido permiso notarial. «Se forman colas y la gente se queja», se defiende, pero la fiscal no lo deja acabar: «¡Cómo es posible! ¡Si encontramos un caso de trata ustedes también van a ser responsables!».
Terminado el recorrido por el almacén y las cubiertas, y sin más incidentes, nos vamos. La fiscal y su equipo, junto con efectivos del Departamento de Trata de Personas de Iquitos y un par de periodistas, volvemos a la lancha de la Capitanía del Puerto de Nauta. El Eduardo VI reanuda su viaje.
Tantas precauciones pueden parecer exageradas, pero no lo son. Hace dos meses el fiscal Sánchez dirigió un operativo que rescató a seis menores de edad que viajaban en otra embarcación, también con rumbo a Yurimaguas. Una mujer los estaba llevando al distrito de Nueva Cajamarca, en la región San Martín, para que supuestamente trabajen en una cebichería y en unos cultivos de cacao. Investigaciones posteriores determinaron que ni la cebichería ni la empresa agrícola existían. Los fiscales manejan la hipótesis de que la mujer se encarga de captar jovencitas para explotarlas sexualmente.
Loreto es una de las principales regiones de origen de las víctimas de trata de personas en el país. Entre 2009 y 2015 fue, después de Lima, la segunda región con mayor número de denuncias por este delito, según el Ministerio Público. En marzo de este año, CHS Alternativo presentó un estudio que revelaba que una de las principales rutas de extracción de víctimas de trata nacía en la ciudad loretana de Santa Rosa, en la triple frontera con Colombia y Brasil, y, remontando el Amazonas y el Marañón, llegaba hasta Tarapoto y, precisamente, Nueva Cajamarca. Y, de allí, a Lima o a cualquier otro punto del país.
Por eso son tan importantes los esfuerzos que las autoridades de Loreto están realizando para combatir este delito. Por eso es fundamental el trabajo de la fiscal Paola Hittscher y su equipo. Y lo es el hecho de que en los últimos meses, Policía, Fiscalía y Marina estén trabajando de la mano, logrando resultados.
Operativos en la selva
La fiscal Hittscher tose. Está a punto de enfermarse. Hace unos días se internó en la selva bajo la lluvia encabezando operativos en tres albergues de turistas. Los turistas son los principales clientes de las víctimas de trata y explotación sexual. Hay más de 40 albergues o lodges en Loreto. La fiscal dice que no se detendrán hasta inspeccionarlos todos.
Desde que se creó la Fiscalía Especializada en Trata en Iquitos, en setiembre del año pasado, Hittscher ha dirigido más de 30 operativos preventivos. En albergues, en hostales y en barcos como el Eduardo VI. Hace unas semanas, ella y el brigadier Ismael Vásquez, jefe del Departamento de Trata de la Policía, se dieron cuenta de que ya no hallaban posibles víctimas en el río Itaya, así que decidieron mudar los operativos al Marañón, a la altura de Nauta. La Capitanía de Puerto de Iquitos ha puesto sus lanchas patrulleras a su disposición. Hittscher los llama, acuerdan fecha y hora, y parten a la caza de tratantes.
La trata de menores en la Amazonía ha sido históricamente facilitada por la informalidad en el transporte fluvial de pasajeros. Los patrones de lancha apenas revisaban documentos y nunca pedían permisos notariales. Desde el año pasado Hittscher se viene reuniendo con los armadores de Iquitos y les ha advertido que si se encuentran casos de trata en sus barcos ellos también serán encausados. La fiscal cree que los patrones están siendo más cuidadosos. Porque entienden el problema. O simplemente por miedo.
La caza de «Angelito»
La fluvial no es la única ruta de extracción de las víctimas. La otra es la aérea. Fue por esta vía por la que Luis Ángel Cerroy Huanaquiri, alias ‘Angelito del Perú», llevó a la menor de iniciales C.M.R.R. a Lima para explotarla sexualmente, el viernes 4 de marzo, y por la que regresó con ella, el lunes 7, día en que policías y fiscales, alertados por otra menor explotada, lo detuvieron. Como autor del delito de Trata en su forma agravada (la víctima es menor de 18 años) se enfrenta a una pena de entre 12 y 20 años de cárcel. El otro implicado, Antonio Pasquel Ruiz, en su condición de usuario cliente de la menor explotada, podría recibir una condena de entre cuatro y seis años de prisión.
Por vía aérea también fue sacada de Iquitos la adolescente M.I.C.S, en setiembre de 2013, por un hombre llamado Walter Sánchez Vásquez, quien le prometió trabajo en una fábrica de Lima pero que la terminó obligando a prostituirse en diversos burdeles en Chincha, Barranca, Huaral y Chiclayo. Sánchez le daba todos los días 30 preservativos y al final de la jornada contabilizaba los preservativos usados y el dinero recibido por la menor. Si faltaba dinero, la golpeaba sin compasión. En mayo de 2014, ella pudo contactarse con su madre y le pidió que le enviara un pasaje Chiclayo-Iquitos. Recién un año después se atrevió a contarle el infierno que había vivido. La fiscal Hittscher dice que esta es una de las historias que más la ha conmovido de todas las que ha conocido. El tratante y sus cómplices han sido ubicados y pronto serán denunciados ante la justicia.
El despacho de Hittscher ha instruido a los policías del aeropuerto de Iquitos para que sepan reconocer a los posibles tratantes y a sus víctimas. También han capacitado a los taxistas del terminal aéreo y a los gremios de mototaxistas de la ciudad. Muchos turistas sexuales los buscan como fuente de contacto con prostitutas y menores explotadas. Ellos han dicho que están dispuestos a colaborar.
Hace muchos años, cuando Hittscher era adjunta de fiscal común y ni siquiera imaginaba que se crearía en Iquitos una fiscalía especializada en trata, una conocida le avisó que en su barrio había dos niñas que trabajaban en un bar. Ella decidió investigar por su cuenta y descubrió que las niñas eran explotadas sexualmente. Montó un operativo con la Policía y las rescató. El dueño del bar terminó en la cárcel.
Ahora, su vida está dedicada a rescatar a niñas y niños de las garras de facinerosos que trafican con ellos como si fueran mercancía. No es fácil. Este negocio beneficia a mucha gente inescrupulosa en Iquitos. Pero también hay muchas personas, autoridades y ciudadanos, que están dispuestos a hacerle frente a este delito. Cortarle las rutas de extracción. Plantarles cara.
(Escribe: Óscar Miranda / Fotos. Jhonel Rodríguez / larepublica.pe)
