Por: Fernando Meléndez Zumaeta (*)
El año 2014, que termina, ha sido un año decisivo para el proceso de descentralización en el país. Como nunca antes aparece como tema de interés nacional, ha merecido la preocupación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. También ha sido noticia de primera plana en la mayoría de medios de comunicación. Lamentablemente los aspectos que han merecido esta inusual atención han sido aquellos referidos a los casos de corrupción, e inclusive de accionar criminal, que involucran directamente a autoridades regionales. Hasta el momento el Poder Judicial ha encarcelado, preventivamente, a cuatro presidentes regionales, el presidente regional de Loreto, estuvo con mandato de prisión preventiva y ahora con mandato de comparecencia restringida, muchos otros están con denuncias ante el Ministerio Público y otros con acusaciones fiscales en el Poder Judicial.
Algunas voces han planteado o dejado entrever, que lo mejor sería cancelar el proceso de descentralización, eliminar los gobiernos regionales y volver al control centralista del gobierno nacional. La mayoría de líderes de opinión y dirigentes políticos se inclinan por hacer una revisión de fondo e implementar medidas correctivas, a pesar de que no hay consenso sobre el propio diagnóstico que permita establecer las causas principales del problema, ni sobre las medidas concretas que requiere esta crítica situación. A la vista no hay una propuesta oficial desde el gobierno nacional y por ahora están en curso, en el Congreso de la República, algunas medidas que son realmente secundarias (como el de cambio de nombre de los presidentes regionales y el evitar la reelección de los mismos, de los consejeros regionales, de los alcaldes y regidores).
La tendencia centralista se ha venido consolidando en las políticas de inclusión social, donde el Ejecutivo ha priorizado la desconcentración administrativa antes que la descentralización, asumiendo el control funcional y presupuestal, así como una limitada coordinación y articulación intergubernamental, en aras de conservar para sí el protagonismo del gobierno nacional y de la figura presidencial (en el presente gobierno, de la Primera Dama) por encima de la presencia de gobiernos regionales y gobiernos locales.
Gobiernos regionales y limitaciones para una gestión descentralizada
La reforma descentralista concibió un nivel de gobierno intermedio entre el gobierno nacional y los gobiernos locales: los gobiernos regionales. Se dejó en el pasado los diversos nombres que se acuñaron para los organismos que los gobiernos nacionales designaban para tener presencia directa y permanente en los departamentos del país (Consejo Transitorio de Administración Regional –CTAR–, fue el último de ellos). Los objetivos democratizadores que alentaron la descentralización permitieron conformar los gobiernos regionales como el nivel de gobierno al que se le transferiría los más importantes y la mayor cantidad de funciones y competencias del gobierno nacional. Además, sería una instancia de gobierno electa por mandato popular.
El Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, considera que el proceso de descentralización en el Perú, devino en una crisis institucional debido a la actitud impropia puesta de manifiesto de muchos presidentes regionales, de alcaldes provinciales y distritales en el Perú, por los casos de corrupción, de la criminalidad organizada y otras formas de delinquir y esquilmar los recursos del pueblo. Esta forma de ver las cosas por parte del Primer Mandatario, según nuestro humilde entender, carece de un análisis serio y profundo y más bien obedecen a estilos o procedimientos trasnochados que tienen como propósito alinear políticamente a los Alcaldes y Presidentes Regionales a favor del partido de gobierno y, aquellos que por infortunio preservan su autonomía y enarbolan banderas reivindicativas con libertad y justicia, son reprimidos, juzgados y encarcelados, como advertencia a aquellos que quisieran seguir sus pasos. Estas letras escritas, de ninguna manera deben entenderse, como defensa de la corrupción y la criminalidad en el Perú, todo lo contrario; tenemos que combatirla y erradicarla. Pero por ningún motivo, los elevados índices de corrupción y de la criminalidad organizada, debe ser pretexto, para pretender desmerecer y desacreditar el proceso de descentralización en el país, que ha costado luchas tras luchas al pueblo peruano y al pueblo loretano en especial.
