La contaminación mortal

– Entre Huancavelica y Loreto el ecosistema parece no importar

La expulsión suspendida del hermano Paul Mc Auley, el derrame petrolero en Saramuro, la toma de barcazas de Pluspetrol en la zona petrolera del río Marañón, la decisión del Ministerio Público y Poder Judicial de Huancavelica son hechos que deberían motivar una reflexión más allá de la justificada protesta social que muchas veces esconde otros inconvenientes.

Mientras varios integrantes de “redes sociales” mostraban sumisamente un “apoyo incondicional” al hermano Paul Mc Auley y se preocupaban más de la situación jurídica del religioso irlandés el río Marañón seguía contaminado y sus aguas no son aptas para el consumo humano de acuerdo a los estudios de especialistas. Mientras las autoridades en Loreto que tienen el deber de preservar no sólo el medio ambiente sino la vida de las personas aún no muestran drasticidad en sus decisiones, en Huancavelica el Poder Judicial declaró procedente el pedido de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Medio Ambiente para suspender las actividades en la mina Caudalosa Chica luego de la contaminación ocasionada por el derrame de relaves tóxicos en cuatro ríos que recorren el distrito de Huachocolpa y las provincias de Angaraes y Acobamba.

¿Porqué en Loreto no se sigue el mismo camino si se ha demostrado que la actividad petrolera maltrata el ecosistema en la misma reserva Pacaya Samiria? ¿Porqué no se ha dado al cobertura que merece al cierre del río que protagonizaron pobladores de Pijuayal que exigían el cumplimiento de la promesa de instalarlos un generador de electricidad a pesar que esta medida de fuerza comenzó el 23 de junio y terminó el 7 de julio? Un recuento mezclado con análisis de los últimos acontecimientos en Huancavelica y Loreto nos puede aclarar varias interrogantes.

El fiscal de prevención del delito y medio ambiente de Huancavelica, Frans Ponce Rosado, presentó una medida cautelar donde solicitaba la suspensión inmediata de las actividades mineras la misma que fue admitida por el Primer Juzgado Penal de Huancavelica por la presunta contaminación ambiental de los ríos Escalera, Opamayo y Casavi. Además se dispuso la ampliación de la investigación contra los que resulten responsables por el presunto delito de alteración del ambiente o paisaje. El fiscal Ponce tras conocer los hechos, convocó a una reunión urgente a los comuneros de los poblados aledaños al río Escalera para advertir de los daños ocasionados por el derrame de relaves y alertó que no consuman las aguas por contener residuos mineros. Como se recuerda el pasado 25 de junio se rompió el dique de una presa de relaves de la mina Caudalosa Chica y la contaminación causada afectó a más de 4.120 personas que habitan las márgenes de cuatro ríos huancavelicanos. Además se quedaron sin fuente de agua miles de animales y plantas.

En la zona de Saramuro la tarde del sábado se produjo el derrame de por lo menos 400 barriles de petróleo y recién el lunes 21, según consta en el informe presentado por especialista del IIAP y que ya fue enviado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, se puso en marcha el plan de contingencia. Ese estudio ha determinado que las consecuencias del derrame han sido devastadores para su flora y fauna y donde se indica que las grasas y aceites que se depositaron superan mil veces el límite máximo. Según los que fueron a la zona del derrame la mancha de petróleo cubrió todo lo ancho del río Marañón y peces y plantas acuáticas están destrozadas”.

El ingeniero químico Víctor Sotero, del IIAP, ha corroborado esta situación. El análisis de las seis muestras recogidas entre el 20 y 22 de junio en la zona revela una presencia de grasas y aceites que oscila entre 10.800 miligramos por litro (mg/l) y 2.613.000 mg/l. La cantidad es alarmante si se considera que el límite máximo admisible de estas sustancias en agua para el consumo humano es de un miligramo por litro o de una parte por millón, según la legislación peruana. Es decir el aceite y grasa sobrepasa en más de 100 veces los estándares nacionales de calidad ambiental. El informe, que también fue presentado al Gobierno Regional, señala que las leyes peruanas establecen para las aguas de uso poblacional y recreacional la presencia de un miligramo de sustancias tóxicas por litro de agua. Sin embargo, en el río Marañón se ha detectado hasta 100 miligramos por litro de agua.

Se plantea formar una comisión técnica multisectorial para la evaluación de los impactos ambientales y socioculturales y establecer un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua, de los peces y de las plantas para minimizar las consecuencias de la contaminación. Pero el planteamiento está sólo en eso.

La Defensoría del Pueblo de Loreto ha señalado que en las riberas del río Marañón viven cerca de siete mil pobladores y al menos cuatro mil resultaron afectados directamente por el derrame de crudo. Pluspetrol ha enviado al lugar agua y alimentos para los damnificados. Sin embargo, habitantes de 29 comunidades indicaron que aún no han sido atendidos por la referida empresa. Voceros de la empresa han señalado lo contrario y afirmado extraoficialmente que Pluspetrol atiende con alimentos y bebidas a todos los pobladores.

En tanto el Ministerio Público y Poder Judicial de Huancavelica nos señalan un camino que quizás las autoridades loretanas nunca seguirán en el poblado de Pijuayal se tomaron por más de dos semanas cerca de una docena de barcazas exigiendo que les cumplan la promesa de electrificación de la zona. Después de varias gestiones de la representante de la Defensoría del Pueblo suspendieron la medida pero el conflicto no ha terminado porque la contaminación de los ríos no desaparecerá por mucho tiempo. Y podrán tener electricidad pero agua apta para el consumo humano muy difícil porque las autoridades parece que no tienen entre sus prioridades este servicio.