Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socio ambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192, el antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.
Por Magali Zevallos
El inicio del segundo año de gobierno de PPK está marcado por diversos conflictos, hay 177 conflictos, y un 73% son alrededor del tema ambiental…
Hay dos elementos para entender y discutir la agenda de los conflictos sociales, uno tiene que ver con la definición de conflictos y cuáles son los parámetros que el Estado usa para determinar que es y que no es un conflicto, y ahí es importante recordar las declaraciones del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que no existían conflictos en el Perú o que eran mínimos, está es una definición negacionista de los conflictos y es peligrosa porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de dialogo y de participación permanente.
De los 177 conflictos que hay actualmente, 130 son socio ambientales, por disputas en la gestión de los recursos naturales, donde hay múltiples agendas sobre el aprovechamiento de la tierra, el agua y el reconocimiento territorial, además de agendas que tienen que ver con servicios básicos, como la afectación a la salud por contaminación. Estamos hablando que más del 70% de los conflictos están vinculados directamente a comunidades campesinas, nativas e indígenas.
46 años de explotación petrolera alrededor del Lote 192 que no se ha traducido en crecimiento en las poblaciones de la zona de influencia. Este es un conflicto que ningún gobierno se ocupó de atender en décadas…
Estamos en un nuevo punto de quiebre de este conflicto, en el 2015 la PCM con los dirigentes indígenas firmaron un acta de acuerdos con la demanda histórica que garantizaría remediación, atención en salud (…), sin embargo el avance ha sido muy limitado en cuanto a las compromisos del gobierno de ese entonces, paralelamente hay otra agenda que ha activado nuevamente el conflicto, que es la de volver a explotar ese lote, pero ni el gobierno ni sus autoridades no han sido capaz de comprometer esta nueva concesión a un proceso de consulta previa.
¿Es legítima la demanda de la Consulta previa?
El derecho a la consulta previa es legítima, tanto el reglamento como en la Ley de consulta dice que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad, entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial.
Bajo la excusa de que se trata de un lote que ya ha sido explotado el sector minero e hidrocarburos señala que no es legítima la demanda de consulta…
Hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, con la recesión económica y la caída del PBI se aviva fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares, esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesitan saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 20 o 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en estos 40 años. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta.
Los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas han dejado más de un centenar de muertos en casos como Bagua, Cajamarca, Loreto, otros. ¿Por qué estás muertes y tragedias no nos ha dejado lecciones y aprendizajes?
Porque la concepción de cómo se gestiona el Estado no incluye políticas permanentes y claras con la población, el Estado desde hace 20 o 25 años sigue con políticas públicas que no es capaz de institucionalizar espacios de diálogos.
En Colombia se ha institucionalizado un espacio donde las poblaciones indígenas se pueden reunir con representantes del gobierno cada seis meses, un espacio gestionado con recursos del gobierno, en cada reunión vienen los líderes indígenas de todo el país y se sientan con ministros y vice ministros y discuten bilateralmente sobre sus problemas ¿qué tenemos en el Perú? todas las mesas de diálogo o de desarrollo existen pos conflicto y no son prioridad de ningún sector, en esas mesas no se sienta ningún ministro a dialogar o a escuchar las demandas, esa es la mirada que se le da a los conflictos, lamentablemente en el país solo hay una preocupación, que es la de generar rentas.
Son cuatro décadas de impactos ambientales significativos, muchos de los derrames han sido alertados por las organizaciones indígenas ¿por qué el Estado no reconoce el rol de vigilancia indígena?
Las comunidades que son parte de las cuatro cuencas detectaron entre los años 2013-2014 más de 2,000 pasivos ambientales en la zona del Lote 192 y anexos, de los cuales finalmente la OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar. Los sistemas de vigilancia indígena han existido desde siempre como mecanismos de control y gestión territorial en zonas remotas del país, donde muchas veces el Estado no está presente, como es el caso del Lote 192. Estas actividades han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por las actividades extractivas, como los derrames de petróleo, sin embargo aún estamos lejos de que todo lo identificado y recogido por estos sistemas de vigilancia sea tomado en cuenta por el Estado, aunque si se han dado avances en regiones como Ucayali y Loreto, donde se han aprobado Ordenanzas Regionales que reconocen la vigilancia indígena.
En el Congreso hay un pre dictamen del Proyecto de Ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena ¿está en la agenda de la Comisión de Pueblos Indígenas priorizar este tema?
Recientemente la sociedad civil y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han tenido una reunión con la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Existe una voluntad por retomar el trabajo para generar una discusión más amplia sobre la vigilancia indígena y sobre las posibilidades de aprobar el Proyecto de Ley que propone su reconocimiento. Esto es una tarea qué pasa por dialogar con las diferentes bancadas del Congreso.
Se viene desarrollando el proceso de consulta previa alrededor del proyecto Hidrovía Amazónica ¿Cuáles son los acuerdos y las demandas más importantes de los 14 pueblos indígenas ‘afectados’ por esta mega obra?
En un primer momento hubo una disputa sobre la definición de “territorio” por tratarse de un entorno acuático, por lo que los ríos no calificarían como territorio. Sin embargo, los pueblos indígenas hicieron entender a los funcionarios que el territorio es uno, que la vinculación del agua y la tierra es indivisible. Este es un punto de partida muy importante porque la definición e identificación de los impactos del proyecto no se enfocarán solo en los ríos, sino en todo el ecosistema.
Con estas definiciones se llegó a acuerdos muy importantes como: la construcción de un programa de vigilancia indígena que sea reconocido por el Ministerio de Cultura y capacitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y la incorporación de sabios indígenas en el equipo que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental. Esto permitiría que las expectativas, conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas sean incorporados.
¿Todos los acuerdos son viables económicamente?
Los acuerdos de este caso en particular –Hidrovía– no implica mayor gasto al Estado, se trata de desarrollo de capacidades, y voluntad política y técnica para fiscalizar su cumplimiento.
Donde hay un desafío de gestión económica es en la estrategia para -una vez reconocida e institucionalizada la vigilancia indígena- ver su sostenibilidad de gestión, que esté enfocado en capacitaciones, implementación de equipos técnicos, herramientas de comunicación que permitan una articulación en tiempo real con las autoridades, etc. Esta es una tarea que el Estado debe asumir. (Por El Gran Angular)
