El juez de Loreto Sergio del Águila Salinas admitió el pasado 24 de abril la acción de amparo presentada por la empresa Sico Maderas SAC y ordenó la devolución del cargamento incautado en noviembre del 2015, en una de las operaciones más grandes contra el tráfico ilegal de madera amazónica.
Juez Sergio del Águila Salinas falló a favor de empresa maderera, declaró nulo los decomisos del 2015 y ordenó que la fiscalía ambiental que encabezó el operativo pague los costos del proceso por tráfico de madera.
El juez de Loreto Sergio del Águila Salinas admitió el pasado 24 de abril la acción de amparo presentada por la empresa Sico Maderas SAC y ordenó la devolución del cargamento incautado en noviembre del 2015, en una de las operaciones más grandes contra el tráfico ilegal de madera amazónica. En su fallo el titular declaró nulo los decomisos del Ministerio Público y ordenó, además, que la fiscalía ambiental que encabezó el operativo pague los costos del proceso judicial a la empresa.
En noviembre del 2015, Ojo-Publico.com reportó al detalle uno de los mayores decomisos de madera en la historia del país, denominado Operación Amazonas. Aquella intervención fue liderada por la fiscalía ambiental de Iquitos, con el apoyo de la Sunat y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), y permitió la retención de un millonario cargamento de origen ilegal de madera proveniente de la Amazonía peruana, el mismo que iba a ser exportado desde Iquitos (Loreto) a EE.UU. y México.
En noviembre del 2015, Ojo-Publico.com reportó al detalle uno de los mayores decomisos de madera en la historia del país, denominado Operación Amazonas. Aquella intervención fue liderada por la fiscalía ambiental de Iquitos, con el apoyo de la Sunat y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), y permitió la retención de un millonario cargamento de origen ilegal de madera proveniente de la Amazonía peruana, el mismo que iba a ser exportado desde Iquitos (Loreto) a EE.UU. y México.
Durante la operación, las autoridades inmovilizaron 1.312 metros cúbicos de madera valorizados en más de S/1.6 millones. La carga pertenecía a las compañías Inversiones La Oroza, Corporación Inforest MC SAC y Sico Madera SAC.
Entre sus argumentos el juez sostiene que la incautación vulnera los derechos constitucionales de la persona jurídica, el derecho al trabajo y la libertad de empresa y ordena la «devolución de los productos forestales» correspondientes a ocho guías de transporte forestal intervenidas (GTF, documentos que acompañan el cargamento).
El fallo del juez declara nulo las dos actas de la intervención fiscal de noviembre del 2015 y el acta de custodio temporal sobre la madera que permanece dentro de la embarcación Yacukallpa. El polémico fallo menciona, entre sus argumentos jurídicos, una encíclica del Papa Juan Pablo II donde define al trabajo como un bien de la humanidad.
El fallo del juez declara nulo las dos actas de la intervención fiscal de noviembre del 2015 y el acta de custodio temporal sobre la madera que permanece dentro de la embarcación Yacukallpa. El polémico fallo menciona, entre sus argumentos jurídicos, una encíclica del Papa Juan Pablo II donde define al trabajo como un bien de la humanidad.
Sin embargo, la madera que el juez ordena ser devuelta, proviene –detallan los informes de supervisión de la autoridad forestal a los que Ojo-Publico.com tuvo acceso– de concesiones de las que no se ha podido corroborar su origen legal. Incluso, parte de estos productos forestales, vienen de concesiones inhabilitadas, como Aguas Negras en Iquitos (Ver imagen adjunta).
En todos los casos mencionados en el fallo, los informes de la inspección de campo concluyen que no se han encontrado evidencias de que los árboles hayan salido de esas zonas. Es decir, el origen de esa madera no fue legal.
Ayer (domingo 7), Ojo-Publico.com se comunicó con el juzgado que admitió la acción de amparo para conocer los detalles de sus argumentos, pero informaron que el juez había salido recientemente de vacaciones. También preguntamos por una de las abogadas que firma el documento, Ana Dávila Sánchez, e informaron que ella no brindaría ninguna declaración vía telefónica.
Además de Maderera Sico, La Oroza (una de las mayores propietarias de la carga) también había presentado una acción de amparo, pero esta desistió de su pedido hace unas semanas.
Ante esta decisión, la fiscalía ambiental informó a Ojo-publico.com que han presentado una apelación al fallo, pues aseguran que el juzgado no ha revisado adecuadamente todas las pruebas que se encuentran en el expediente. (ojo-publico.com)
