Las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2016 fueron suspendidas hasta nuevo aviso. La medida fue tomada por el organismo electoral debido a la abundancia de denuncias entre los candidatos. En efecto, en el mes de enero, cuando se pensaba que iba a comenzar en serio la campaña, fulano de tal le denunció a mengano por cualquier motivo. Este le devolvió la denuncia inventando cualquier argumento. Ambos fueron a parar al poder judicial donde se perdieron en dimes y diretes, en mutuas acusaciones y en una declarada intransigencia. No hubo manera de que se pudieran de acuerdo y el juicio siguió de largo.
Cuando las aguas parecían tranquilas el candidato de la otra raza fue denunciado por varios candidatos que le acusaban de incontables delitos. Este no soportó el asedio y también denunció a los que le denunciaban, incluyendo a sus suegras sospechosas. De todas maneras se entabló un juicio interminable con la presencia de varios abogados que metían sus habilidades para que sus patrocinados se salieran con la suya. En medio de esos sonados juicios reventaron los juicios entre los mismos candidatos a parlamentarios. La principal acusación era el de tránsfugas. Los tránsfugas, que entonces abundaban, se vieron obligados a denunciar a sus denunciantes por difamación y calumnia.
En esos meses la campaña política dejó de lado los mítines, las visitas y los discursos y se concentró en el ámbito de la justicia. Por esa razón no hubo elecciones y los que más sufrieron fueron los que invirtieron en los diferentes candidatos. El problema ha quedado allí, pues no se puede saber cuando acabaron los juicios y cuando serán las elecciones. Se presume que dentro de varios meses podrán acabarse las querellas. Pero es muy discutible que los electores acudan a las urnas, pues los políticos, tradicionales o no, han quedado más desprestigiados que nunca.
