En cuatro días de interrogatorios en Curitiba, Brasil, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata aportó información clave al equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato: confirmó relatos de otros testigos, detalló lugares, montos e intermediarios para los pagos. Por tercera vez ante fiscales peruanos, Barata se comprometió a aportar documentación para sustentar sus declaraciones.
Tanto Marcelo Odebrecht como Raymundo Trindade y otros directivos de la constructora brasileña coincidieron en señalar a los fiscales peruanos que Barata sabía los detalles de los sobornos a políticos y ex funcionarios peruanos. Él es testigo presencial de las entregas de dinero y arreglos ilegales con el fin de defraudar al Estado.
La información que hasta ahora ha trascendido compromete especialmente al ex presidente Alejandro Toledo y al ex secretario general de Palacio de Gobierno Luis Nava. Barata ha señalado que participó en actos de corrupción que implican a ambos ex servidores públicos en los casos de la carretera Interoceánica Sur y el metro de Lima.
El ex directivo de la constructora también detalló la participación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex gerente José Miguel Castro en la recepción de aportes de origen ilícito para la campaña contra la revocación.
Las declaraciones de Barata, sin embargo, tendrán que ser corroboradas con información que presente la empresa o la que pueda recoger la fiscalía. Estos testimonios fueron puestos bajo el análisis de tres especialistas: los ex procuradores Yván Montoya y Antonio Maldonado, así como la penalista Vanessa Valverde. En el balance, la información es relevante.
“Se han dado detalles y precisiones sobre montos, lugares y contextos. Eso permite que la fiscalía pueda corroborar la información proporcionada. Por ejemplo, se podría ir al hotel de Copacabana y verificar si Toledo estuvo hospedado en una suite”.
“Estas declaraciones confirman una tipología en la actuación de redes político-económicas ilícitas, que mediante el financiamiento de campañas buscan capturar el Estado para obtener ganancias ilícitas. El financiamiento excesivo produce distorsiones”.
“Hay que partir de la premisa de que estas declaraciones se tienen que corroborar con otros elementos. Se debe resaltar los elementos nuevos, como las llamadas de Villarán y Humala, y los datos nuevos en el caso del Partido Aprista”. (ElComercio)
